Auto-construcción de vivienda: ¿apoyarla o combatirla?

La actividad constructiva con fines habitacionales que llevan a cabo las familias que ya cuentan con un lote de terreno, es quizá la modalidad más extendida de provisión de vivienda en las ciudades peruanas, y en el caso de Lima, sólo en años muy recientes puede contrastarse con las cifras de nuevas unidades de vivienda producidas por empresas inmobiliarias en el marco de programas estatales como MiVivienda.

Asociada con la «informalidad» y «las invasiones», la autoconstrucción es una realidad poco comprendida y poco apreciada por nuestras autoridades. Al definirse principalmente por la ausencia de un profesional que garantice la calidad de la edificación, se pierde de vista uno de sus principales atributos: se trata de vivienda construida progresivamente, por etapas, según las posibilidades del ahorro familiar y al ritmo de las necesidades de sus miembros.

Con la retina puesta en el rentable mercado de los departamentos para los sectores socioeconómicos A, B y C, en el curso del llamado «boom inmobiliario» el empresariado de los rubros asociados a la construcción no tuvo entre sus prioridades la producción de vivienda social. Y a pesar de haber diseñado programas de crédito dirigidos a las familias de bajos ingresos, el Ministerio de Vivienda ha sido también poco proactivo para atender este mercado, presentando año tras año una baja performance en la ejecución de bonos Techo Propio.[1] Su actividad preferencial en este rubro ha sido la búsqueda de suelo nuevo para producir en masa vivienda de bajo costo, lo que resulta bien poco atractivo para los millones de familias que ya cuentan con suelo y con título de propiedad. El reto es hacer vivienda formal en lo que empezó como informal. Para desco, esto supone conocer, y luego, formalizar el paquete tecnológico que explica el éxito –y las limitaciones- de la producción social de la ciudad y la vivienda.

Es claro que sin políticas públicas para brindar asistencia técnica a la construcción progresiva de vivienda y con municipios con pocos recursos para ejercer sus funciones de control urbano, la vivienda producida en estas condiciones presenta numerosos inconvenientes y condiciona no sólo la seguridad física del tejido urbano, sino también la calidad habitacional, esto es, el disfrute de una vivienda digna. Pero justamente por ello el esfuerzo público debe dirigirse a mejorar estas condiciones, antes que a combatir una de las constantes que alimentan el crecimiento económico generado por la construcción, con un 3.6% del PBI nacional.

Con el propósito declarado de promover el acceso a la vivienda digna, en diciembre pasado, la alcaldesa de Lima Susana Villarán anunció que su gestión, a través de EMILIMA[2], ha creado el Programa Metropolitano de Vivienda Popular - PMVP (ordenanza 1643), que llevará a cabo en 2013-2014 proyectos piloto en tres frentes: renovación urbana (destugurización), nuevas urbanizaciones y «densificación», es decir, crecimiento de la vivienda ya construida, una de las principales necesidades de la autoconstrucción que realizan las familias de los sectores populares. Y lo más importante: en coordinación con el Ministerio de Vivienda, el PMVP promoverá el uso de bonos Techo Propio, generando una importante sinergia en la inversión pública. Otra razón de peso para oponerse a la aventura política que significa para nuestra ciudad el proceso de revocatoria contra las autoridades metropolitanas.

---

[1] Este programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con dos modalidades: crédito para vivienda nueva y crédito para construcción en sitio propio, esto es, dirigido a las familias que ya cuentan con un lote de terrenos sobre el cual pueden edificar su vivienda.

[2] EMILIMA: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima.

desco Opina - Regional / 11 de febrero de 2013

Programa Urbano