Políticas inclusivas para la nueva ruralidad altoandina

Asistimos a un escenario muy esperado por las sociedades altoandinas: la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encabezado por Carolina Trivelli, implicaría una serie de políticas concertadas y operaciones dirigidas a enfrentar la pobreza, a mejorar la distribución del ingreso y los activos, así como a la superación de las privaciones sociales y la falta de voz y poder de los grupos excluidos.

En regiones como Huancavelica, donde la población es mayoritariamente rural, las demandas manifiestas de alpaqueros, pequeños agricultores y artesanos, no corresponden ya sólo a los clásicos programas sociales (Juntos, Foncodes, Vaso de leche, entre otros) sino a sus alternativas de desarrollo. La acción del Estado en este proceso ha sido difusa y desarticulada en el pasado; hoy, se requieren mejores iniciativas de inclusión social y productiva de estas sociedades. Reflexionando sobre las experiencias previas señalamos las siguientes:

i) Visibilidad como sociedades, la información oficial disponible para el área rural está desactualizada –el último censo agropecuario data de 1994– y no distingue la variedad de actores –alpaqueros, agricultores, artesanos, entre otros– ni caracteriza los circuitos económicos que desata la producción agraria, lo que imposibilita la identificación de alternativas de desarrollo específicas, e intensifica la desarticulación entre los actores del desarrollo. Los elementos de la nueva ruralidad altoandina, considerando que la gravitancia de la actividad minera, por ejemplo, indica que el reconocimiento del derecho consuetudinario y la jurisdicción de estas sociedades no es sólo un tema de consulta, sino también de una participación efectiva y, para ello, la educación bilingüe y multicultural constituye una política crucial.

ii) Reversión de la pobreza estructural y la desventaja, el acceso con calidad a la educación y la salud es la clave para la reproducción del capital social generacional. Así mismo, es necesario promover el desarrollo productivo regional con énfasis en las personas y sus organizaciones –más que sólo en los medios de producción– para generar sólidos tejidos sociales como soporte de cadenas productivas destinadas a mejorar la distribución del ingreso y el poder . El acceso a los activos productivos y financieros es otro aspecto que ayuda a la reducción de la pobreza estructural. El suministro de reformas legales acordes a la propiedad de la tierra que se adapten al contexto globalizado actual constituye una necesidad apremiante.

iii) Eliminación progresiva del estigma social para evitar la discriminación, mediante acciones de tolerancia, solidaridad y empoderamiento promovidas por campañas de comunicación y educación para modificar los estereotipos y fortalecer la institucionalidad para la participación en la sociedad civil. Es significativa la implementación de políticas preferenciales para la promoción de la representación social altoandina en el legislativo y en otras instancias gubernamentales así como la sanción y vigencia de la legislación antidiscriminatoria y el rediseño de las estructuras para el acceso a servicios y el mercado.

El recojo del mandato social altoandino en el nuevo contexto rural constituye el principal desafío de las organismos gubernamentales como el MIDIS, pero también lo es para los representantes regionales en el Congreso, mientras más conocedores de las realidades, más oportunas podrán ser sus intervenciones. Esto se espera de Hugo Carrillo y Wuillian Monterola, congresistas por Huancavelica.

desco Opina / 4 de noviembre de 2011
Programa Sierra Centro
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