La movilización por la conservación y el cuidado del ambiente se ha convertido en el tema principal que impulsan las poblaciones ligadas a las actividades agrícolas ubicadas en diversas cuencas costeras e interandinas. Es la bandera de lucha contra la contaminación, especialmente la proveniente de la actividad minera.
La minería es la actividad que más contribuye a la contaminación, pero no es la única; la agricultura convencional también lo hace, al incluir grandes cantidades de agroquímicos, sobre todo en los valles costeros con una fuerte relación con el mercado. Sin embargo, estando tan presente y siendo tan apremiante este problema, no se cuenta con información rigurosa (con un análisis científico) de las causas, el nivel las características y los efectos de la contaminación del agua en nuestras cuencas, como en el caso de la cuenca del Ocoña. En 2010 el Ministerio del Ambiente y la Gerencia Regional del Ambiente efectuaron un análisis de la calidad del agua en cinco puntos de la cuenca, pero no se dieron a conocer los resultados de dichos análisis, por lo que solo podemos presumir la gravedad de la contaminación, aún sin contar con datos precisos.
Los últimos días ha circulado un artículo sobre la contaminación minera aurífera a través de relaves de cianuro que se arrojan al río Ocoña. El artículo está basado en las declaraciones de un dirigente de la Asociación de Pescadores de Camarones de El Puente de la localidad de Ocoña, que expresa las preocupaciones de los pescadores de la cuenca baja del Ocoña, organizados en 16 asociaciones que agrupan a más de mil pescadores. Las expresiones del dirigente, resumen la preocupación los pobladores asentados en la cuenca sobre la contaminación de los productos hidrobiológicos, especialmente del camarón, así como la que afecta a la producción agropecuaria y sus potenciales efectos en la salud humana, especialmente de la niñez. Su preocupación tiene sustento, aunque no cuente con mediciones especializadas, pues en la cuenca existen muchos asentamientos mineros informales, entre los que destacan seis en la cuenca baja (tres en Mariano Nicolás Valcárcel – Camaná, uno en Yanaquihua - Condesuyos, uno en La Unión y uno en Pausa – sur de Ayacucho) y un número indefinido de pequeñas agrupaciones informales. Además, existen tres empresas mineras formales, una en Río Grande (Century Mining), otra en Yanaquihua y otro en Pausa (Buenaventura, que ha iniciado hace cuatro años una etapa exploratoria). Todos los centros mineros, formales e informales, descargan en diferente nivel y forma relaves hacia el río Ocoña. En el caso de los asentamientos de minería informal, la situación es grave debido a que se han instalado plantas artesanales de procesamiento de oro, quimbaletes con el uso masivo de mercurio y en menor cantidad plantas de procesamiento de los relaves con uso de cianuro.
En 2009 se conformó un Comité de Vigilancia Ambiental en el ámbito de la cuenca baja (en los distritos de Ocoña y Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná y en Río Grande y Yanaquihua en la provincia de Condesuyos, de la Región Arequipa), con la participación de representantes de todas las organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, gobiernos locales y el Gobierno Regional de Arequipa. El tema central que convoca al Comité es la contaminación y la gestión ambiental de la cuenca, a partir de un plan de acciones para todas las organizaciones e instituciones. Este proceso ha concitado eventos sectoriales a nivel de cuenca: encuentros de juntas de usuarios y comisiones de regantes de las provincias de La Unión, Ocoña, Pausa y Coropuna, encuentros de organizaciones de mujeres de la cuenca, encuentros de alcaldes provinciales y distritales, encuentros de mineros informales y encuentros de asociaciones de pescadores y de comunidades campesinas.
Como parte de este proceso se ha acordado con los gobiernos regionales de Arequipa y Ayacucho la necesidad de la conformación del Consejo de Cuenca, habiéndose emitido hasta el momento ordenanzas regionales para la conformación de grupos impulsores que se encarguen de generar un proceso participativo en la formulación de estudios de caracterización; de formular un plan de gestión integrada de recursos y de una propuesta para el funcionamiento del consejo de cuenca encargada de la implementación del instrumentos de gestión. Esta propuesta fue promovida en ambos gobiernos regionales por desco y AEDES, impulsando eventos a nivel local y regional en la definición de propuestas de plataformas de gestión de la cuenca, logrando la emisión de las ordenanzas regionales que definen orientaciones acotadas a la nueva Ley.
Los Consejos de Recursos Hídricos de la Cuenca podrían llevar las tareas de conservación y el cuidado del ambiente de una forma programática, ya que se espera que se puedan construir como modelos viables desde las experiencias participativas de conservación que impulsen un proceso de descentralización y como ente resolutivo para encarar futuros conflictos. Por el momento la Ley de Recursos Hídricos, al asignar un carácter consultivo de los consejos de cuenca adscrito a la Autoridad Nacional del Agua con dos reuniones anuales, limita el rol más protagónico de estos consejos, por lo que se espera que la norma pueda ser mejorada, para hacer frente de mejor manera a los desafíos de la realidad.
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1 comentario:
Si bien los concejos de recursos hídricos de cuenca son muy importantes, no hay que dejar de buscar los mecanismos para que la representación de este consejo ante la ANA, sea mayor y corresponda los intereses de las poblaciones de la cuenca alta, media y baja, como también de la representación de las comunidades indígenas andinas y amazónicas, las cuales solo tendrán un representante.
Luego se salir el reglamento de la ley de recursos hídricos, en donde se establece los mecanismos de participación, la ANA difunde el procedimiento para la conformación de los concejos de recursos hídricos de cuenca, en donde se indica que estos inician su funcionamiento con la mayoría de conformantes, pero se corre el riesgo que esta mayoría sean representantes de empresas extractivas y de empresas de infraestructura hidráulica mayor, por lo cual hay que asegurar que más actores estén informados al interior del país, para que se de una mayor participación de la sociedad civil.
Otro punto importante son los comités de usuarios agrarios y no agrarios, los cuales también tienen opinión en este proceso.
Por otro lado estas nuevas unidades territoriales complejizan más el proceso de OT, ya que esta nueva clasificación de ALAS y AAA, no corresponden a una vocación del territorio, si no , solamente a la administración de los recursos hídricos.
Elqui Cruz Ayala
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