¿Por qué se promulga ahora la ley de expropiación en beneficio de aquellos asentamientos humanos en los que no es posible resolver de otro modo el problema de propiedad?
Durante el gobierno de Manuel Prado se dio la «Ley Orgánica de Barrios Marginales» (sí, era una Ley Orgánica) que permitía expropiar, bastando la simple calificación de oficio de un barrio como «marginal». Para que esa situación extrema no volviera a ocurrir, las autoridades empezaron a repartir tierras urbanizadas, como Tahuantinsuyo y Condevilla. Posteriormente, el Estado se limitó a entregar terrenos desocupados de su propiedad (Collique, Pamplona Alta, Villa El Salvador, Huáscar, Huaycán, Mi Perú, Pachacútec, etcétera). Esa tradición fue inaugurada por Odría al fundar San Martín de Porres en 1948. La señal era inequívoca: para los más pobres y más numerosos no hay Unidades Vecinales, Enaces, Fonavis, Miviviendas ni Techopropios. Entregar terrenos y convalidar ocupaciones ha sido la otra cara de la política de vivienda. Por eso siempre ha sido necesario «arreglar» después los problemas originados, buscando que aparezca como un acto de justicia.
En ese asunto operaron libremente políticos, promotores de invasiones, autoridades y hasta propietarios deshonestos que vendían a cientos de familias, terrenos agrícolas intangibles para que «invadan» sus propios terrenos y sean usados como vivienda. No debiera sorprender, entonces, que se repita hoy un acto que forma parte de una recurrente política de Estado sobre el hábitat popular en todo el Perú. Nadie podrá oponerse a que el agua, por ejemplo, llegue a la enorme y abandonada Manchay que, además, es lo único que las autoridades le quieren dar. Con o sin expropiación, ese pueblo de 14,000 lotes, un kilómetro más largo que todo el distrito de San Isidro, necesita mucho más como política nacional de urbanismo y de ciudades.
Una vez más, hoy no se critica la falta de oferta de viviendas para las mayorías, madre del cordero y clamorosa responsabilidad pública. Se critica el peligro de la arbitrariedad en la acción pública. La discusión no está en torno a una buena o mala política de equidad, sino se mueve en otras arenas: la arena pre electoral y la arena de los negocios.
La necesidad política debiera tener poco que ver con la demagogia de una llamativa propuesta parcial y de corto plazo para un problema que ahora es más difícil de manejar. Ya se inauguró el periodo pre-electoral y se vienen negociando las alianzas imposibles, ante reveladoras encuestas del descontento nacional. ¿Se puede creer honestamente que hoy como ayer, no se intente expropiaciones para construir clientelas políticas?
La arena de los negocios está caliente y se ventila a la luz pública luego del escándalo de Petro Tech: Es presumible que demore el nombramiento de un(a) contralor(a); se buscará aligerar los procedimientos para contratar a las grandes empresas contempladas en el Decreto de Urgencia Nº 047-2008. Por cierto que ya se encuentra en el Parlamente otro proyecto de ley para expropiar. Pero esta vez será en beneficio de los inversionistas. El proyecto 3001/2008 del Ejecutivo, contempla reubicar a las poblaciones que obstruyan esas inversiones «de acuerdo a la disponibilidad de terrenos». En este caso, se expropiaría para los inversionistas, y no para reubicar a los pobres desplazados por esas expropiaciones. Con la misma suspicacia que con los asentamientos humanos, puede pensarse que bien podrían ser comunidades andinas o nativas las expropiadas. ¿La ley no es parte de ese «clima» de negocios, grandes y pequeños?
En estos años de democracia poco es lo que verdaderamente hemos acumulado en el debate programático. En un contexto en el cual la política se reduce al trasfondo electoral y el manejo del Estado está teñido de sospecha sobre los intereses bastardos, no encontramos un resquicio sistemático que esté abierto al debate sobre las necesidades del desarrollo nacional en el mediano plazo. El tema de nuestras ciudades es mucho más que el asunto de los títulos y el agua; la viabilidad y sostenibilidad del hombre del Ande demanda debates y acciones más importantes que la ya olvidada «Sierra exportadora». Por lo demás, al conocer de boca de los actores de qué manera se trafica con los lotes petroleros, hemos podido tener una aproximación a por qué nuestro gas no servirá para cambiar nuestra matriz energética, sino la de México. El cambio de matriz energética tampoco se discute como un asunto programático.
Las organizaciones de la sociedad civil, tales como los colegios profesionales y las ONG, están lejos –muy lejos– de los parlamentos, los ministros y los presidentes. Los distanciamientos históricos entre el Estado y la sociedad no han sido superados, más allá de las promesas y las voluntades. Por eso, cada situación puntual siempre será muy reveladora de estos desencuentros en los que son las alternativas sostenibles de desarrollo nacional las que pierden.
desco Opina / 20 de febrero 2009
Fecha: 02/2009. Descargar (35 kb)
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