¿El gobierno contra las cuerdas?

La reciente encuesta de GfK, difundida el pasado fin de semana, evidencia la continuidad de las tendencias que venían observándose desde el mes de mayo. La aprobación presidencial llega apenas a 29%, cayendo 18 puntos en un mes, mientras su desaprobación trepa a 56%, incrementándose 22 puntos desde la medición anterior. Los números del Primer Ministro, como ocurrió desde un primer momento, son más duros aún; la aprobación de su gestión desciende a 18%, disminuyendo 6 puntos, mientras la desaprobación llega a 63%, subiendo 9 puntos. El desempeño de los ministros, con sólo 15% de aprobación, completa el cuadro. No obstante esas cifras, 71% cree que el Presidente está gobernando igual o mejor que PPK y 39% piensa que el Premier lo está haciendo como esperaban o incluso mejor. En otras palabras, el desencanto de un público que en ningún momento tuvo expectativas muy altas frente a ambas autoridades, consolidándose la imagen de un gobierno débil, que estuvo siempre presente.

Lo preocupante de la encuesta, sin embargo, no se encuentra en esos datos. En sentido estricto, lo que debe llamar la atención es que Martín Vizcarra y César Villanueva caen 15 puntos en la valoración de los encuestados sobre su preocupación por las provincias, descienden además 12 puntos en la percepción de su cercanía con el pueblo y apenas 10% cree que la descentralización está siendo afrontada bien o muy bien (2 puntos menos que el mes anterior). En otras palabras, lo significativo es que el gobierno empieza a perder parte importante del capital simbólico que apareció como su mayor fuerza para enfrentar la precariedad de su nacimiento.

Sin embargo, para tranquilidad relativa del gobierno, la situación de los principales actores de la escena oficial no es sustantivamente mejor. La aprobación del Congreso continúa cuesta abajo y en rodada, 12%, mientras su desaprobación sube en ascensor, alcanzando el 83%. Su Presidente, empeñado ahora en impulsar un parque temático, como parte de la reescritura fujimorista de la historia de la violencia interna reciente, tiene apenas 13% de aprobación. Al Ministerio Público y al Poder Judicial no les va mejor, mientras todos los principales líderes políticos, desde el silencioso Julio Guzmán hasta Marco Arana y Gregorio Santos, descienden varios puntos en su valoración, Keiko incluida.

El panorama, de cara a las elecciones regionales y municipales tampoco parece mejor. En un escenario en el que el 70% de encuestados cree que su alcalde es corrupto, según la encuesta ya citada, el JNE informó que se presentaron 14 532 listas para los diversos cargos en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, involucrando a 113 469 candidatos; es decir proliferación de aspirantes. En esta ocasión, los partidos nacionales explican la «inflación» de postulantes, destacando claramente APP, AP y Somos Perú como las agrupaciones con mayor presencia, superando largamente a Fuerza Popular que postulará en sólo 613 jurisdicciones regionales y municipales, de las 1800 que estarán en juego.

Como se evidencia cotidianamente, la cantidad de aspirantes sentenciados y acusados es indignante, como lo es y más aún, la situación que atraviesa la ONPE, penetrada por varios funcionarios «reciclados» de los años más oscuros del fujimontesinismo. A fin de cuentas, el descrédito de la política, de los políticos y de las instituciones es un dato macizo. Sucede en el Perú, pero también en el mundo, como lo demuestran las distintas encuestas globales difundidas los últimos 15 días por The Economist, llamando la atención sobre los peligros que rodean a la democracia en el planeta.

Difícil esperar entonces que desde la política, la situación del gobierno empeore. Los partidos nacionales, todos sin excepción, están preocupados por el corto plazo –la mesa directiva del Congreso y la creación de condiciones para llegar con ventaja al 2021– y por atender sus distintas disputas internas, agravadas por los comicios del próximo octubre. Desde la calle y la movilización social, por lo menos en el plazo inmediato, tampoco hay señales claras; el fracaso de la huelga magisterial del sector encabezado por Pedro Castillo –no obstante el mal manejo del conflicto por parte del gobierno– muestra los límites y debilidades de la protesta ciudadana, las dificultades para articular los malestares de la gente, no por fragmentados, menos importantes. A las miserias de la política, se suman entonces las limitaciones de la calle, para entender la tranquilidad que exhibe el gobierno, a pesar de la difícil situación en que lo muestra la encuesta. Por si fuera poco, el panorama económico alentado por los precios internacionales, ha mejorado lo suficiente como para que los principales agentes económicos esperen un crecimiento cercano al 4% en diciembre.

De esta manera, en un escenario plagado de actores débiles y encerrados en sí mismos, la principal fortaleza del gobierno radica en la claridad que tienen en su objetivo de durar hasta el 2021.

desco Opina / 6 de julio de 2018

Los competidores en la liga electoral macrorregional

El largo periodo de crisis en la presidencia nacional, que incluyó el indulto al exdictador Alberto Fujimori, la dimisión de PPK y la asunción de Martín Vizcarra, relegaron a un segundo plano la convocatoria oficial a elecciones regionales y locales. Los grandes medios masivos de comunicación, esos que copan portadas y noticieros televisivos de alcance nacional, no le dieron mayor cobertura en sus agendas y, al parecer, terminado el mundial de fútbol, estás elecciones recién adquirirán visibilidad.  

Este etéreo clima electoral también fue alimentado en las mismas regiones, pues a diferencia de años anteriores, la propaganda de los candidatos ha sido muy reservada; tanto así, que recién el 19 de junio –fecha límite para la presentación de listas de candidatos ante el Jurado Electoral Especial (JEE)– hemos podido conocer a todas y todos los interesados en gobernarnos los próximos cuatros años. Se pensaría que esta discreción era para guardar las formas electorales, pues los candidatos se tenían que ajustar a los designios de las elecciones internas, pero vistos los acontecimientos, esta autorregulación respondió más bien a negociaciones políticas que se han dado hasta el último momento previo a la inscripción, para alcanzar un lugar en la liga electoral. Recordemos que, por mucho tiempo, se vieron pintas de candidatos sin partido que los avale, es decir, candidaturas en oferta al mejor postor. Al menos en Arequipa, vimos varios casos para los sillones municipales.

El Jurado Nacional de Elecciones ya publicó las listas regionales inscritas. En el sur hemos encontrado nuevamente una atomización de propuestas electorales, siendo Arequipa una de las regiones con más candidatos a gobernantes (21 en total), seguidos de Madre de Dios (19 candidatos), Tacna (18), Cuzco (17), Apurímac y Moquegua (13 en ambos casos), y Puno (11).

¿Por qué tanto interés? Podemos ensayar una respuesta: además de la gran fragmentación política existente a nivel nacional, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, figuran entre los diez departamentos que recibieron mayor renta de las industrias extractivas entre el 2004 y el 2014, y en la lista de los diez departamentos con mayor inversión minera los dos últimos años. Sin duda, esto genera expectativas en toda la ciudadanía, incluyendo desde luego a quienes aspiran a controlar espacios estatales para, desde allí, presumiblemente, intentar acceder a estos recursos con fines personales o grupales. Por ello, es previsible que esta tendencia se mantendrá en los próximos años. En el caso de Madre de Dios, hay además muchos intereses tras la explotación de recursos como la madera y el oro.

Si bien algunos de los ajustes de la ley electoral han dejado a muchos candidatos fuera, no nos garantiza la calidad de las propuestas de los aspirantes a nivel regional, pues no es exigencia que los candidatos tengan una militancia comprobada en los movimientos regionales o partidos políticos que los promueven. Entonces, nuevamente tendremos una mayoría de propuestas de gobierno sin un respaldo político para llevarlas adelante, y autoridades que no tienen el deber de responder a sus organizaciones por las malas decisiones que tomen ni tampoco cuadros técnicos partidarios detrás de sus planes de gobierno. El mentado fortalecimiento de los partidos políticos y movimientos regionales, nuevamente quedará postergado, quien sabe si hasta el próximo proceso electoral regional post Bicentenario.

Otra característica de este proceso, es que vamos a tener candidatos que harán campaña a la par que siguen sus procesos judiciales, o investigaciones fiscales. Tal es el caso de Walter Aduviri Calizaya, del Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (Mi casita) en Puno, condenado en julio del año pasado a 7 años de prisión y al pago de 2 millones de soles como reparación civil por delito de disturbios por el famoso Aymarazo; o Alfredo Zegarra Tejada, del Movimiento Regional Arequipa Renace, investigado por tráfico de terrenos y depredar la campiña de la ciudad durante su última gestión municipal.

Con este panorama ¿qué le queda a la ciudadanía? Pues echar mano de la información disponible de las hojas de vida de los candidatos, de sus planes de gobierno, y estar atentos a las denuncias de la prensa seria, pues la prensa, en ocasiones, ha hecho más por el control político que el mismo Jurado Nacional de Elecciones, órgano encargado de fiscalizar las candidaturas. Ciertamente, en el Perú de hoy, los medios para obtener información sobre los candidatos aún son restringidos para la mayoría de la población, pues no todos saben cómo navegar por la red o no tienen acceso a este servicio, o la conexión es deficiente, como en las zonas rurales. Aun así, tenemos el deber de ser más responsables con nuestro voto.

Ante el descrédito de la política y los políticos por la profundidad y amplitud de la corrupción, estas elecciones también deberían ser entendidas como una oportunidad para exigir a todos los postulantes, propuestas concretas para enfrentarla y hacer de esto un factor de distinción, de modo que los electores tengan mayor información al momento de decidir su voto. La ausencia o debilidad de partidos políticos, el desencanto, la desafección y desconfianza ciudadanas son, sin embargo, grandes obstáculos, aunque hay iniciativas de vigilancia y de exigencia de rendición de cuentas que deben ser potenciadas.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2018

Programa Regional Sur - descosur

El colapso de la democracia

El Congreso, por enésima vez, vuelve a evidenciar que no tiene mucho sentido para los fines democráticos del país, al aprobar la denominada ley mordaza o ley Mulder. Más allá de no proyectarse resultado alguno con lo previsto en dicha norma, lo realmente asombroso es una exposición de motivos que por mucho esfuerzo que se haga, no se terminó de entender.

En efecto, apeló por alguna extraña razón a la transparencia, como una de las razones de la supuesta pertinencia del proyecto de ley en cuestión, afirmando que “el accionar del Estado supone esencialmente comunicar a los ciudadanos las acciones que toma en su nombre y dar a conocer los detalles del comportamiento y desempeño de los funcionarios públicos”.

A continuación, refuerza esta «idea» con lo establecido en una de las partes centrales de la Ley de transparencia y acceso a la información, que refiere a la obligación de las dependencias públicas de generar y alimentar un portal web, donde debe colocarse toda la información que indica la norma.

Luego, viene el salto mortal y el argumento sale de cualquier alineamiento con marco legal alguno, dando lugar a la simple matonería procesal. Sin inmutarse, obvió cualquier referencia a la Ley 28874, del 2006, decidiendo que por racionalización de los gastos –¿y la transparencia que definía el problema a resolver?– la publicidad de los actos de las dependencias públicas debía limitarse.

Seguramente, los especialistas ponderarán si esta ley afecta el principio de publicidad de los actos del Estado, si restringe la transparencia o, como afirmó el Defensor del Pueblo, acota el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Entonces, si entendemos bien, la ley está obligando a las entidades públicas a publicar su información en una página web, es decir, lo que hace más de quince años establece la ley de transparencia, además de difundir trámites, fomentar valores y promover actos positivos, apelando al hecho de que los medios privados tienen «tarifas comerciales» muchas veces muy costosos para las posibilidades de las arcas públicas todo lo cual, viéndolo desde una óptica positiva, resulta reiterativo e innecesario.

Al parecer, bastaba refinar lo que ya se había establecido en la Ley 28874 –con una evaluación previa de lo actuado en torno a dicha norma– si lo que se deseaba era ordenar el rubro de la publicidad de los actos públicos. Pero, una vez más, cundió el complejo de Adán y, como consecuencia, el Congreso vuelve a morderse la cola.

Ahora bien, afirmar que dicha norma era innecesaria no significa la inexistencia de problemas graves en esa dirección y muchos de ellos, incluso, están relacionados con los intereses de los que ahora se sienten atacados, sugiriendo incluso que empezamos a parecernos a la Venezuela de Maduro, al ponerse en peligro la vigencia de derechos.

La dificultad es que, en efecto, estamos en una situación donde tirios y troyanos se han enfrascado en una tensión teniendo algunos derechos fundamentales –libertad de expresión, información, transparencia– como justificaciones de uno y otro lado. Sin embargo, también hay un amplísimo campo de derechos que debieran discutir los protagonistas de esta situación que, desconcertantemente, callan y conceden mutuamente.

Una primera cuestión que ni los gremios de propietarios de medios de comunicación, ni la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ponen en cuestión es la inmensa concentración de la propiedad de los medios de comunicación existente en el país, uno de los principales obstáculos para una debida libertad de expresión e información. Peor aún, con preocupación vemos que los afectados directamente con esto y que en su momento lideraron la protesta, ahora no manifiestan su voz al respecto.

Una segunda cuestión es la brecha cada vez más grande que existe entre los intereses de las empresas de comunicación y la libertad de expresión e información. En efecto, los medios de comunicación peruanos no son parte del espacio público –lo que los debiera caracterizar por antonomasia– sino ámbitos estrictamente privados que obedecen a los criterios de sus propietarios que les permite, entre otras situaciones, despedir periodistas cuando sus ideas se contraponen a los intereses mercantiles de la empresa empleadora.

Por último, una tercera cuestión, sintomáticamente puesta de lado por la ley Mulder, es la evidente relación entre colocación de publicidad estatal y canje tributario. A estas alturas, para nadie es un secreto que la publicidad estatal es para las empresas de comunicaciones algo parecido a la modalidad de «obras por impuestos» que, en buena forma, fundamenta su rentabilidad.

desco Opina / 22 de junio de 2018