El adelanto de la película

El presidente Kuczynski inició su mandato con un discurso inaugural en el que se dio maña para no mencionar temas cruciales: el contexto económico internacional al que nos enfrentamos  con un déficit fiscal de 3% y proyecciones de seguir cayendo la recaudación, la reducción del Impuesto a la Renta o la normativa medioambiental frente a la promoción de la inversión privada. Pese a ello, logró despertar el entusiasmo suficiente como para que las críticas del fujimorismo suenen aún más disforzadas y fuera de lugar.

Los gestos que han seguido desde el Ejecutivo han continuado este esquema. Y la reacción desde la primera oposición en el Congreso ha sido similar. El coro fujimorista integrado por Alcorta, Becerril, Chacón, Chávez, Tubino, Galarreta, Reátegui, Vilcatoma o Salaverry es irresponsablemente alentado por la prensa, al mejor estilo de los enfrentamientos de farándula con críticas exageradas de la micro política hacia el gobierno de PPK.

Así las cosas, tanto el desempeño del nuevo gobierno como la actitud del fujimorismo pueden entenderse apenas como el trailer de la película que veremos en los siguientes meses. Ambos recurren al efectismo para adelantar apenas lo necesario. Ello en el caso del fujimorismo nos obliga a repasar su desempeño en gobiernos anteriores, en los que combinó su respaldo parlamentario al continuismo de las políticas neoliberales con ataques selectivos a los gabinetes que se han sucedido. Es cierto que con Alan García se trató de una indiscreta colaboración y con Humala una constante presión más que en el Parlamento, en la política fuera de él. Recordemos si no el fantasma del chavismo que siempre alentaron, o el seguidismo a las acusaciones contra la ex primera dama (primero la reelección conyugal y luego el caso «agendas de Nadine»)

En los dos períodos precedentes el fujimorismo logró con bastante eficacia construir una imagen de oposición sin abrirle demasiados flancos al oficialismo en el congreso, manejando con inteligencia el peso de su voto. Han acompañado la línea (traicionera) del gobierno de Humala en economía, tratados internacionales, seguridad, y en los paquetazos ambientales de Humala. ¿Será muy distinto su comportamiento ahora que tienen al frente a PPK para, por ejemplo, la aprobación de la investidura del nuevo gabinete y la conformación de las presidencias de comisiones en el Congreso de la República?

Es posible que en la negociación de aprobación de la investidura del nuevo gabinete se haya condicionado, entre otros elementos, a la delegación de funciones legislativas tema por tema. De ahí en adelante será un tira y afloje más bien sectorial, con algunos ministros en la mira que el gobierno podría «soltar» sin complicarse demasiado. En este esquema, las primeras víctimas podrían ser Carlos Basombrío (Interior) y Patricia García (Salud), dos carteras complicadas que podrían sufrir un rápido revés, si son sometidos a una sumaria y convenida evaluación por resultados.

Por ahora solo queda dejar tiempo para que el fujimorismo encuentre la manera de acabar con su posición bicéfala, esta especie de prolongación de continuar en campaña electoral como derrotados. Lo más saludable para el país es que decidan de una vez constituirse en una fuerza congresal que le haga contrapeso al Poder Ejecutivo. Pueden ser oposición en temas en los que logren capitalizar electoralmente en las regionales de 2018. Pero ya sabemos que el fujimorismo no opta por aquello que es más saludable para el país. Lo recomendable por ahora es tener calma y esperar que la institucionalidad política se encause democráticamente en el Estado y en la calle.

desco Opina / 5 de agosto de 2016 
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Doe Run, ¿una bomba de tiempo para PPK?

En la última semana ha causado gran revuelo el discurso de Pedro Pablo Kuczynski, ante los mineros de La Oroya, sobre todo cuando pidió a los trabajadores hacer una especie de pacto con él: «ustedes me ayudan con el Congreso y yo los ayudo para que esto salga adelante» para luego agregar: «ustedes saben quién controla el Congreso. Hagamos una marcha al Congreso y no dejen morir La Oroya». Estas declaraciones encontraron eco; la mayoría aludió a una supuesta actitud confrontacional contra el Fujimorismo, lo que alejaría posibilidades de diálogo con el partido naranja, que obtuvo clara y amplia mayoría en el nuevo Congreso. Otros  lo acusan de demagogo y hay hasta quienes ya encontraron una acción de lobby empresarial detrás del mensaje, porque empresarios chinos interesados en comprar los activos de la empresa estaban de tránsito por la ciudad, evidentemente no para hacer turismo. Los representantes de los acreedores laborales de la empresa no están muy seguros de que esta marcha sea la mejor opción y buscan una entrevista privada con PPK para llegar a acuerdos. Otro sector político minimiza las posibles consecuencias de una movilización de los trabajadores, aunque le refresca al presidente electo que él asumiría sus responsabilidades políticas de ser el caso.

El trasfondo real es más grande que los discursos. Este 27 de agosto se vence el plazo para la liquidación de la empresa, por lo tanto el cronómetro de esa bomba de tiempo ya estaba encendido mucho antes que PPK estuviera en el estrado como orador principal y, según señalan algunos, esta cuenta regresiva por la supervivencia de la refinería se inició en la década de los 90. Dada la naturaleza y realidad de la empresa, las decisiones de ese entonces son cruciales para entender el momento presente.

El crítico escenario ofrece opciones; la primera es la liquidación simple con el cierre definitivo de la empresa, el remate de sus bienes y el cese colectivo de todos sus trabajadores; la segunda, la subasta internacional que requeriría de expresiones de interés debidamente argumentadas técnicamente en materia económica así como ambiental y en ese caso, tal vez –sólo tal vez– gran parte de sus trabajadores actuales recuperarían sus puestos laborales. Existe una tercera opción que es la venta parcial de sus activos, opción vigente puesto que habría empresas interesadas, pero esta opción es poco discutida porque aparentemente no es provechoso para los acreedores subastar los activos por partes.

Sea cual fuere la opción, todo debe de concluir este 27 de agosto y aparentemente el discurso de PPK buscaba generar condiciones políticas para que el Congreso de la República acepte una decisión del Ejecutivo para la extensión de este plazo. Esto sería precisamente lo que las empresas interesadas solicitan, porque han evaluado que el tiempo disponible es escaso para elaborar y presentar propuestas. Esta extensión del plazo da un respiro al gobierno sobre este espinoso tema, pero también sería un mal precedente para el Estado peruano porque al ser una norma con nombre propio, daría justificación para que, en otros escenarios conflictivos, las empresas extractivas soliciten una atención jurídica especial.

El debate seguirá siendo amplio y empezarán a refrescarse los otros temas que en el actual contexto pocos ponen sobre la mesa, concentrados como están los actores políticos, en lo económico. Temas como los pasivos ambientales en la ciudad de La Oroya, pasivos que han sido puestos de manifiesto por profesionales de la salud nacionales y extranjeros pero que son minimizados por la población en su interés de seguir trabajando. Otro es la reconversión laboral de los trabajadores, que parece no haber funcionado; en el colectivo ciudadano sigue primando la vocación minera que tiene esta ciudad.

Otro de los temas, que acaba de resolverse tenía que ver con un arbitraje internacional del Grupo Renco, principal accionista del complejo minero Doe Run contra el Estado peruano. Se ha resuelto a favor del Estado peruano sobre la demanda en su contra por 800 millones de dólares americanos, que hizo Renco al amparo de los considerandos del TLC suscrito con los Estados Unidos. El hecho que el Gobierno peruano pretenda ser recono cido como el mayor acreedor en la junta ante Indecopi (debido al incumplimiento del PAMA), constituyó según la Doe Run Perú (DRP), un intento de expropiación que vulnera el artículo 10.7 del Tratado. El otro asunto es que, según sus argumentos, el Estado peruano tuvo un trato discriminatorio que favoreció a la empresa peruana Activos Mineros que tampoco cumplió con sus compromisos referidos a la remediación de los pasivos ambientales de La Oroya y que, a diferencia de la DRP, no ha sido sancionada (art. 10.3 del TLC). Si bien este tema ha cerrado, existe otra demanda judicial contra la empresa que data de 2010, de parte de pobladores de La Oroya por la afectación a la salud de 107 niños y niñas y que ha sido admitida por un juzgado de Missouri, y de la cual no se tiene mucha información.

Más allá del discurso público, de quienes sólo vemos este problema desde los noticieros, está la realidad; no es secreto que esta ciudad ha crecido alrededor de este complejo metalúrgico y su contexto actual tiene en jaque a toda la población, porque dicho complejo constituía la principal fuente de empleo y su paralización en el año 2009 por sus problemas y deudas acumuladas ha traído graves consecuencias sociales como la migración de sus habitantes, el incremento de la deserción escolar, el cierre del 35% de los negocios formales y el auge del comercio informal de sobrevivencia. Los sueldos de sus 2192 trabajadores fueron reduciéndose paulatinamente y en la actualidad por decisión de la empresa encargada de velar por los intereses de los acreedores en el proceso de liquidación (incluidos los trabajadores como acreedores laborales y el Estado con el 60% de las acreencias) este personal no percibe ni un sol. En definitiva, y pese a los serios cuestionamientos contra la empresa, hace siete años la economía de La Oroya languidece debido a la paralización de actividades de la Doe Run.

El discurso de PPK tocó un tema complicado pero ineludible, tal vez no haya sido la forma correcta pero eso no quita que el problema exista. La tensión en la que viven miles de familias de La Oroya no puede sernos indiferente. La respuesta del sindicato al pedido de marcha de apoyo no ha sido positiva, pero es casi seguro que las vigilias previas al 27, las vivirá todo el centro del país. Es conocido que entre los repertorios de la protesta social en esta ciudad está el bloqueo de la Carretera Central. ¿Tendrán el nuevo Presidente y su flamante Gabinete así como el nuevo Congreso las capacidades para afrontar esta coyuntura?, quedamos en compás de espera hasta el 27 de agosto.  

desco Opina - Regional / 20 de julio de 2016

Programa Regional Centro
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Un escenario en busca de actores

Lo obvio de la política peruana, por lo menos desde el 2000, es que busca constituirse sin partidos políticos. Al respecto, el resultado de las elecciones 2016 fue un escenario eminentemente político que, desgraciadamente, como en muchas otras oportunidades, nos coge sin las organizaciones que debían administrarlo. Una pena, porque era una ocasión más de fortalecer el sistema democrático, si los responsables de ello hubieran existido.

Sin embargo, no todo es desolación. Una afirmación, por demás provocadora podría sostener que la única actitud política, sin que ello lo convierta en una entidad política en toda la regla, provendría del fujimorismo, al negarse a ser parte de una fórmula que ofrezca algunas garantías de «gobernabilidad» para los próximos años.

En esa línea, una creciente porción de la derecha peruana, cada vez más inquieta, exige a este grupo «hacer las paces» y «olvidar los rencores» para posibilitar así una superconvivencia que, entre otros objetivos, termine por cerrar las puertas a una débil izquierda que no encuentra aún su rumbo.

¿Creemos realmente que los fujimoristas, hablando en genérico, se han conmovido y se sienten  sumamente afectados por las acusaciones, timoratas además, de un PPK que solo ha demostrado una correlación inversa entre sus dotes tecnocráticas y su capacidad política? En todo caso, tengamos fe que sea así y veamos las distintas posibilidades que se abren. Una de ellas, planteada por periodistas como Augusto Álvarez Rodrich, sería que PPK cometería un error si «negocia con rodilleras la convivencia entre un gobierno políticamente débil y una oposición fuerte por su amplia mayoría congresal». El argumento se basa en los probables daños que podría causarle al fujimorismo una actitud obstruccionista, aunque sin señalar cuáles son las capacidades políticas del círculo PPK para llevar adelante la tarea de organizar dicha convivencia.

De allí, se deriva un segundo escenario posible, es decir, que PPK tenga que negociar cediendo poder. No es el deseable, pero preguntamos nuevamente ¿de dónde extraerá los elementos políticos necesarios para negociar en buen pie, con un fujimorismo que –en términos reales– está actualmente en mucho mejor posición que un Ejecutivo que solo busca el mejor perfil tecnocrático posible: «¿A dónde corre PPK? El Congreso lo domina Keiko y cualquier cosa que los múltiples voceros ppkausas digan sobre delegación de facultades, mesas multipartidarias y comisiones de fiscalización es prematuro y hasta imprudente».                    

Pero, también podría ser que simplemente el fujimorismo no esté interesado en ninguna «estabilización» ni que PPK tenga medios para lograrla. Este es el peor escenario, el que no deja dormir, sobre todo, a la derecha económica que ve diluirse la posibilidad de negocios si se instala el entrampamiento político.

Así las cosas, no solo se trata de saber que desearían hacer quienes están en medio del juego; las preguntas mayores son por lo que realmente pueden hacer. En esa dirección, está claro que PPK no puede hacer mucho sin el concurso de otras fuerzas. Lo que queda para la conjetura es si el fujimorismo no quiere, o tampoco puede hacer lo que la derecha restante más tradicional espera de él.

Mientras tanto, a un par de semanas para el inicio de la administración PPK, no sabemos a ciencia cierta quiénes conformarán el próximo gabinete ministerial, aunque está «comprometido» su anuncio para el 15 de julio (contrastar esta situación con lo acontecido a estas alturas en el 2011, cuando se exigía a grito destemplado los nombres de los ministros entrantes), mostrando el desconcierto y las tensiones que imperan en el gobernante elegido y su círculo más cercano.

El asunto va más allá porque la voluntad política del gobernante debe ser ejecutada por un aparato que la haga suya. Es decir, el gobierno necesita un buen grupo de altos funcionarios que expresen la misma orientación que las autoridades. Lo que llaman funcionarios de confianza. Según SERVIR, en el Perú existen actualmente un millón 300 mil servidores públicos. El 45% de éstos, están adscritos al Gobierno Nacional. De ellos, se estima muy conservadoramente que no menos de dos mil personas son consideradas como «personal altamente calificado». ¿Puede cubrir el gobierno de PPK, que aspira a darse legitimidad con una imagen tecnocrática, esta nomenclatura?

desco Opina / 15 de julio de 2016
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