De `Pico y placa´, el ordenamiento del transporte en Lima

A más de mes y medio desde que fuera implementada la ordenanza metropolitana que restringe el tránsito de algunos vehículos en ciertas vías de la capital, los resultados obtenidos a la fecha son de todo tipo. Desde los positivos que analizan un mayor flujo vehicular en arterias importantes de la ciudad, según declaraciones del Alcalde Muñoz, que menciona que se aumentó de una velocidad promedio de 16 km/h a 20km/h en las vías donde se aplica la restricción; como los negativos, que mencionan hasta un 25% de aumento del flujo vehicular en vías alternas del distrito de San Isidro, por ejemplo.

Fuera de este primer pantallazo, debemos ser conscientes de que esta medida aún no puede ser evaluada en su real dimensión, mientras que permanezcan los carriles exclusivos para los vehículos que operaron para la movilización hacia las sedes de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, los cuales –en teoría– deberían ser retirados el 5 de setiembre.

Lo que nos queda claro a aquellas personas que nos transportamos por dichas arterias con restricción, es que el tráfico es mucho más denso para llegar, por ejemplo, desde la VIDENA (Villa Deportiva Nacional) en el distrito de San Luis, hasta el complejo habitacional para los deportistas ubicado en el distrito de Villa El Salvador; haciendo que dicho recorrido en transporte público sea hasta un 30% mayor de acuerdo a estadísticas propias de quien se moviliza por esta arteria desde antes de implementada la medida.

Y al margen de si la medida funciona o no, lo más alarmante es ver que pese al supuesto estudio y análisis que se hizo para aplicarla, esta medida se haya modificado una y otra vez en materia de uso de horarios, tipo de vehículos que puedan transitar e inclusive cambio de límites de las vías con restricción, generando confusión y desconcierto entre quienes manejan y deben acatar las normas.

Todo esto nos hace suponer que la medida fue hecha para darle a Lima una imagen internacional de transito más decente ad portas de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, puesto que está catalogada como la tercera ciudad con la congestión vehicular más grande del mundo. Esto lo afirmamos al percibir cómo se usaron los carriles «exclusivos» para los vehículos de transporte oficial para los juegos, en una proporción descomunal a favor de los atletas para que lleguen a tiempo a sus justas deportivas y en desmedro del común de la gente que se transportaba por las vías alternas y paralelas saturadas para hacer sus actividades diarias, suponemos menos importantes para la comuna limeña como ir a laborar, por ejemplo.

Como lo dijimos al principio aún debemos evaluar qué pasará cuando se eliminen los carriles exclusivos y la medida termine de «mutar» de acuerdo a los intereses de unos y otros. Lo que nos queda claro es que el criterio de planificación no ha primado en esta medida, y lo que se buscó fue solo generar un remedio temporal que, como tantos otros, no tendrá ningún efecto real si no se ataca el tema de fondo que es la reforma del transporte, en la que realmente, nos corresponde que «juguemos todos».

desco Opina - Regional / 6 de setiembre de 2019

Programa Urbano

Las oportunidades que no deberían perderse

Lo que viene aconteciendo en torno a los peajes en Lima, da pie para suponer que la corrupción ha empezado a adquirir una nueva forma en la mentalidad de los peruanos o, para precisar, al menos en aquellas clases medias urbanas que han venido configurándose en el marco de los ciclos de crecimiento y los procesos sociales acontecidos a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Resumiendo, la anticorrupción deja de ser un espacio en el que solamente actúa un grupo de fiscales y jueces, que asumen el asunto como una cuestión estrictamente judicial, mientras los ciudadanos presenciamos pasivamente las puestas en escena, aprobando o no las respectivas actuaciones.

En efecto, lo que parece estar dándose es una excelente oportunidad para dejar solamente de judicializar la corrupción y convertirla también en un factor político, donde un conjunto de ciudadanos busca interpretar roles estelares, manifestando crecientemente su malestar ante un resultado que les parece –y nos parece– totalmente injusto: los peajes. Son injustos, no ilegales, porque son producto de las negociaciones de la Municipalidad de Lima con empresas corruptas, tanto Odebrecht como OAS. Por lo mismo, no deberían seguir cobrándose. Mayor claridad del mensaje, imposible.

Esta oportunidad de oro para el alcalde Jorge Muñoz, parece no estar siendo leída adecuadamente. Ni por él, ni por los medios de comunicación. Muñoz centra el problema en los asuntos normativos y procedimentales, es decir, la práctica imposibilidad de resolver unilateralmente un contrato como los que ha firmado la Municipalidad, sin consecuencias altamente costosas. Pero, lo que debiera ver Muñoz, es que la interpelación de los ciudadanos movilizados no es legal sino, como dijimos, política y que se resume en la idea de lo justo que es, para el caso, no pagar una tarifa para transitar hacia “sus casas” o “sus trabajos”.

De esta manera, la conducta del Alcalde Metropolitano evidencia dos vacíos sumamente graves para alguien que busca gobernar exitosamente la ciudad: (i) Su desconexión con los alcaldes distritales, quienes mayoritariamente son (¿eran?) acciopopulistas como él. Como es obvio, estas autoridades están más sensibilizadas con las corrientes formadas entre los ciudadanos que gobiernan y, a su vez, en términos generales, sienten que su actual posición es solo el primer peldaño de su carrera politica y, por lo mismo, suponen estar ante un momento de «acumulación de fuerzas», y (ii) Su desconexión con «organizaciones sociales» que son, si se quiere, efímeras, ocasionales, ad hoc, pero para la situación específica –en este caso, los peajes– con mucha potencialidad para ser escuchadas y desestabilizar las precarias posiciones en las que está colocado el Alcalde en estos momentos.

Esta situación, pareciera dar mayores argumentos a aquellas propuestas que señalan la imposibilidad de erradicar la corrupción sin liderazgos claros y contundentes. En ese mismo sentido, como pareciera ser una de las pocas afirmaciones válidas cuando se trata sobre las acciones anticorrupción, también evidenciaría que no hay fórmulas universales. En suma, dicen los que adoptan esta posición, solo el conocimiento preciso sobre cómo toma forma específica la «corrupción», es lo que garantizará el resultado político que queremos. Por eso, los mayores esfuerzos llevados a cabo para «medir» los mecanismos e impactos de la corrupción son los ámbitos locales y, por ello, los mejores resultados que se presentan como «casos exitosos» provienen de allí. El gran ejemplo es, sin duda, lo hecho en La Paz, durante la gestión de Ronald MacLean Abaroa, convertido actualmente en el consultor estrella del Banco Mundial en estos temas.

Por otro lado, un acercamiento a la política local tiene la virtud de mostrarnos lo realmente existente o, en tanto estamos en Latinoamérica, lo real maravilloso que no puede comprenderse solamente con los medios que ofrece la denominada ciencia política que proviene del Norte. En efecto, como muchos estudiosos de la política latinoamericana ya lo han hecho, desde Javier Auyero hasta Alejandro Velasco, pasando por una pléyade de académicos brasileños, ésta es una dimensión en la que lo formal es uno de los componentes, al que debemos agregarle y combinarle las relaciones informales y hasta las ilegales, que es lo que caracteriza el encuentro gobernado-gobernante en nuestros países.

Entonces, ¿cómo cambiar las cosas para que realmente cambien? Cuando tenemos a la corrupción en el centro de nuestros problemas, está claro que ésta no se conmueve con la voluntad o con acciones que la impacten en la superficie. En ese sentido, las reformas deben ser integrales, interrelacionadas, con objetivos claros y plazos previstos. A ello deben agregarse adecuados y confiables mecanismos de seguimiento y evaluación, muy estimables herramientas en contextos de tan baja institucionalidad y poca información y, por lo mismo, con limitada capacidad para armar y hacer funcionar los controles y equilibrios que exige la gobernabilidad.

En esa línea, tendríamos que preguntarnos si las reformas política y judicial, más allá de los argumentos contrahechos de quienes buscan demorar su implementación, tienen la posibilidad de romper el mecanismo reproductor de la corrupción en el país. Como debemos tener siempre presente, este mecanismo se renueva en los momentos electorales y su objetivo no es tanto que un determinado candidato gane votos, sino esencialmente, evitar que los pierda entre una clientela formada y articulada alrededor de los beneficios granjeados desde los recursos públicos.

desco Opina / 24 de mayo de 2019

Un verano en Lima Flowers

La ciudad de Lima acaba de cumplir 484 años de fundación y sus retos son casi los mismos que décadas atrás, ante los cuales el alcalde saliente –Luis Castañeda Lossio– no solo demostró su incapacidad para hacerles frente y solucionar serios problemas, sino que, por el contrario, los agudizó; promovió la mafia del transporte informal y en paralelo, impulsó proyectos como el Metropolitano que no llegó a culminar adecuadamente permitiendo a los operadores privados demandar a la Municipalidad de Lima por ello.

La gestión de Castañeda Lossio será recordada no sólo como la del alcalde mudo que hacía obras y las pintaba de amarillo, sino también, como la de aquél que consolidó la informalidad en el transporte público, arraigó la irracionalidad en la gestión urbana de la ciudad construyendo puentes donde no eran necesarios, y afectó la estética limeña borrando murales artísticos, etc. Por otro lado, ahora sabemos que muchas de las acusaciones en su contra, las libraba gracias a jueces como los que integraban la banda de los cuellos blancos. En ese sentido, tenemos la esperanza de que la justicia peruana cuente con los mecanismos de control adecuados y se pueda auditar el manejo de recursos públicos y las obras para que, por ejemplo, casos como el de Comunicore, no queden en la impunidad.

Ya durante las elecciones pasadas, y luego, en el marco del aniversario de Lima, diversos medios de comunicación han mostrado que para la mayoría de habitantes de la ciudad, problemas como el aumento creciente de la delincuencia e inseguridad ciudadana, sumados a una precaria atención de los problemas ambientales urbanos y un sistema de transporte colapsado, ponen en evidencia lo poco o nada que se hizo desde la anterior gestión para atender las urgencias de la ciudad.

El flamante alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, a poco más de un mes del inicio de su gestión, ha tenido que enfrentar problemas que van desde la ausencia de teléfonos en la municipalidad, hasta atender la inundación ocasionada por la rotura de una tubería matriz de desagüe en San Juan de Lurigancho. Al mismo tiempo, tenemos en la metrópoli los problemas derivados de la irresponsabilidad de muchos de los alcaldes salientes de los distritos de Lima, quienes abandonaron las responsabilidades frente a sus comunas dejando, por ejemplo, a la ciudad desbordada de basura luego de las fiestas de fin de año y con obras inconclusas o atrasos en su avance. Un caso urgente es el de la infraestructura de cara a los Juegos Panamericanos ad portas, motivo de gran preocupación si no se culminaran en su totalidad en el plazo previsto.

El actual teniente alcalde de Lima, arquitecto Miguel Romero, quien ha ocupado cargos importantes en el Ministerio de Vivienda (en 1971 junto a un equipo técnico del gobierno del General Velasco, contribuyó en el diseño arquitectónico de la que más adelante sería la ciudad de Villa El Salvador), seguramente planteará medidas para enfrentar adecuadamente el crecimiento urbano de la ciudad.

Por ello, esperamos que en el marco de las competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se preparen propuestas de esta envergadura. Que se atienda el mejoramiento de las viviendas y no se limiten a la búsqueda de terrenos para un nuevo asentamiento humano; al respecto no está de más recordar las orientaciones del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de Naciones Unidas que propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, temas que son aspectos clave como los que propone la Nueva Agenda Urbana, la cual busca promover ciudades incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y el diseño urbano adecuado, en un marco de gobernanza y legislación urbana y de promoción de la economía de la ciudad, procurando crear un vínculo de refuerzo recíproco entre los procesos de urbanización y desarrollo.

El partido recién comienza para el alcalde Jorge Muñoz Wells y el tiempo para que los equipos técnicos se afiancen prácticamente no existe, pues los problemas de la ciudad que afectan la calidad de vida de sus habitantes están muy presentes, y las demandas se harán sentir seguramente antes de culminar el verano. El Lima flowers que en algún momento planteó durante su campaña electoral como ofrecimiento de hacer de Lima un Miraflores, es un enorme reto que debe empezarse atendiendo lo básico de la ciudad.

desco Opina - Regional / 8 de febrero de 2018

Programa Urbano