Establecimientos de salud con pertinencia cultural

 

En la última semana de noviembre de 2024, se llevó a cabo la Primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas en Perú, organizada por la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la Contraloría General de la República. Este evento reunió a líderes de 41 pueblos indígenas de diferentes departamentos del país, con el objetivo de promover el diálogo intercultural y el respeto de sus derechos, incluyendo el derecho a la salud.

El Perú, con su rica diversidad cultural y lingüística, enfrenta el desafío de garantizar servicios de salud equitativos y accesibles para todos sus ciudadanos. La implementación de Establecimientos de salud con pertinencia cultural (ESPC) se ha convertido en una estrategia fundamental para reducir las brechas existentes, especialmente en las zonas rurales y comunidades indígenas donde la cosmovisión y las prácticas ancestrales son pilares del bienestar.

El camino hacia la salud intercultural en el Perú ha sido marcado por un conjunto de leyes y políticas que buscan integrar la diversidad cultural en el sistema de salud. La Constitución Política de 1993 reconoce al país como pluricultural y multilingüe, sentando las bases para el desarrollo de un sistema de salud inclusivo. La Ley General de Salud, la Ley de Consulta Previa, la Política Nacional de Salud Intercultural y la Directiva Sanitaria N.º 014-MINSA/2018, entre otras, han fortalecido el marco normativo y orientado la implementación de los ESPC.

Los ESPC implican un proceso de adaptación que va más allá de la infraestructura. Se requiere una transformación profunda que considere las necesidades específicas de las comunidades. Esto incluye:

• Adaptación cultural: traducción de materiales a lenguas indígenas, incorporación de la medicina tradicional, participación de agentes comunitarios de salud y adecuación de la infraestructura.
• Capacitación del personal de salud: formación en interculturalidad, comunicación efectiva, sensibilización sobre las prácticas médicas tradicionales y promoción del trabajo conjunto entre médicos tradicionales y profesionales de la salud.
• Programas de salud comunitaria: diseño e implementación de programas con la participación de las comunidades, incorporando sus saberes y prácticas en la prevención y tratamiento de enfermedades.
• Desafíos en la implementación de los ESPC.

Para que un establecimiento de salud sea calificado como ESPC, debe cumplir con el 80% de los criterios establecidos en la directiva N°261-MINSA/2019/DGIESP. El año 2024 ha sido un período de gran avance, con un aumento significativo en el número de ESPC implementados, lográndose a la fecha 179 establecimientos de salud con pertinencia cultural en el Perú. Estos establecimientos atienden a una población de 476 571 personas, incluyendo comunidades indígenas amazónicas y andinas, que comprende 50 etnias tanto amazónicas como andinas, shipibo-conibo, matsiguenga, awajún, pampis, kichwa, kukama, asháninca, yine, katacataibo, ese eja, quechua, aimara, entre otras.

La Mancomunidad Regional de los Andes ha impulsado la implementación de 77 ESPC en su ámbito, que abarca seis departamentos: Ica, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Apurímac y Cusco. La implementación es liderada por la región de Huancavelica con 43 establecimientos, la cual se ha convertido en un referente para las otras cinco regiones de la Mancomunidad, como muestra de un trabajo articulado, y que buscan fortalecer a través de la Política Pública de Pertinencia Cultural en Salud de la Mancomunidad Regional de Los Andes.

A pesar de los avances, persisten desafíos que dificultan la implementación efectiva de los ESPC:

• Barreras institucionales: falta de coordinación intersectorial, limitaciones en la asignación de recursos y resistencia al cambio en las instituciones de salud.
• Desconfianza y resistencia cultural: percepción de discriminación y falta de respeto a las prácticas tradicionales por parte del sistema de salud, lo que genera desconfianza en las comunidades.
• Limitaciones en la formación profesional: formación en salud intercultural aún insuficiente para asegurar la atención adecuada a las comunidades indígenas.

La  La implementación de los ESPC es un paso fundamental para construir un sistema de salud que valore y respete la diversidad cultural del Perú. Para superar los desafíos, es crucial fortalecer la participación de las comunidades en el diseño e implementación de los servicios, invertir en la formación del personal de salud en interculturalidad y promover la investigación en salud intercultural para generar evidencia que respalde la toma de decisiones. Solo así se podrá garantizar el derecho a la salud de todos los peruanos y peruanas, sin importar su origen o cultura.

 

 

desco Opina – Regional / 7 de diciembre de 2024

descocentro

CADE, el Estado ausente y la minería ilegal

 

El tira y afloja entre los mineros informales y el Estado y sus alianzas previas, han quedado en plena evidencia luego de la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani.

El plazo de registro de formalización minera, conocido como REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) culmina en este año y el Poder Ejecutivo pretendía cambiarlo por una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, llamada Ley MAPE. Los mineros informales y los ilegales exigen ampliar el plazo y, mientras tanto, seguir laborando libremente –como lo hacen ahora– afectando seriamente el medio ambiente. El dictamen congresal flexible a los requerimientos de la minería informal aprobado aceptando por ley un plazo de seis meses y la posibilidad de ser renovado por Resoluciones Supremas a la culminación del plazo, les asegura su libre funcionamiento, además del apoyo político proveniente de este sector y probablemente un respaldo económico a esas fuerzas políticas que los defienden.

Que las familias serranas dejen sus chacras y ganado para dedicarse a otra actividad, que en este tiempo es crecientemente la minería ilegal dentro de un boom del oro y el cobre, está transformando las formas de subsistencia y hasta las costumbres campesinas en una ruta que para algunos produce que los pueblos enfermen de oro, abandonen sus animales y cultivos amenazados por una anunciada y larga sequía, para convertirse –como está ocurriendo– en nueva mano de obra explotada, ilegal e informal. Así, miles entran sin saberlo al servicio de mafias bien organizadas, y como se evidencia, con articulaciones cercanas al poder congresal, al de tráfico de minerales y de maderas, provocando, además, el deterioro ambiental de su propio entorno rural.

Con esas reglas juegan organizadamente los congresistas del bloque conservador y reaccionario, mientras sus “socios” en la calle presionan con múltiples movilizaciones y bloqueos de carreteras hasta en seis regiones del país. El agravamiento de la situación cae por su propio peso y pone en evidencia el juego de poder del fujimorismo, que viene por más. La ley Chlimper 2.0 ya aprobada por la Comisión Agraria del Congreso, otorgando amplias exoneraciones a las grandes empresas de agroexportación, la mayoría en manos de capitales extranjeros, para provocar un mayor enriquecimiento del sector rico más dinámico, en contra de la posibilidad de mayores recursos fiscales. Recursos ahora indispensables para atender las necesidades de la población vulnerable, invirtiendo en crear más trabajo para todas y todos y en darle atención a los temas del hambre, la inseguridad, la educación y la salud para todas las personas del campo y más de un centenar de ciudades que constituyen los centros de concentración poblacional muy desatendidos en sus necesidades básicas.

En medio de ese escenario que promete convulsiones sociales a futuro, la asesina delincuencia callejera de las bandas de extorsionadores escapa de las manos de ambos poderes del Estado. La coartada de acusar al Poder Judicial de dejar libres a los delincuentes ya no sirve como excusa ahora que, ampliado por 45 días el Estado de emergencia, rige sobre la tercera parte del territorio urbano de Lima Metropolitana. Mientras tanto, las extorsiones contra los pequeños negocios van en aumento, y el miedo se convierte en un nuevo negocio, atendiendo a las repercusiones de las recientes estadísticas del Sistema Informático de Denuncias Policiales.

Al mismo tiempo, asistimos a un deslucido CADE 2024 realizado en Arequipa, que con el lema “De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro”, tocó con distinta profundidad temas como la urgencia de retomar ritmo de crecimiento del pasado, la necesidad de mejorar las relaciones y reglas para el empleo y la inversión, así como la demanda indispensable de una reforma política e institucional que defienda los intereses nacionales de quienes se sienten identificados con las voces de CADE.

Ningún ministro de Estado se hizo presente para participar en el evento, y la Presidenta de la República o su Primer Ministro tampoco acudieron a esta invitación para la clausura del CADE Ejecutivos 2024 “De la Degradación a la Reconstrucción de Nuestro Futuro”, que se asume tradicionalmente como el encuentro empresarial más significativo del año.

Una situación en la cual las expectativas de los grupos de poder nacional son defraudadas por la ineficiencia pública, el desborde creciente de demandas que les afecta, sin que puedan hacer uso del Estado para controlar esas presiones, como siempre lo han hecho. Por eso no sorprende que la encuesta IPSOS CADE 2024 evidencie el amplio rechazo del empresariado con cifras de aceptación mínima, que sin duda repercutirán con fuerza en la confianza y el descrédito sobre el futuro de la inversión extranjera y nacional en nuestro país, pues muestran un clima empresarial harto pesimista en el que se agranda la inseguridad ciudadana que padecemos, y el temor al crecimiento de las protestas aparece en sus agendas. Al parecer, sienten que se roba sin hacer obra y que no se dispone de un rumbo u orientación. Expresan con razón, que el Estado no les aporta ninguna visión de futuro, lo que pone en duda nuestra capacidad nacional de responder, de tomar decisiones en medio de un Estado sin planes y solo listados de proyectos aislados unos de otros.

El reordenamiento planificado que ha emprendido desde fuera la más importante inversión extranjera china en el país, ya dice mucho de cómo se gobierna. El paso de la minería a la manufactura industrial en el Perú, será un derivado del efecto Chancay impulsado para atender los intereses comerciales asiáticos que, en este caso, son diferentes en varios aspectos a los de quienes piensan en el futuro de los peruanos y en asentarnos en una patria compartida por todas y todos, en el hogar que nos corresponde en el mundo como nación soberana.

Debemos saber qué queremos como nación y sociedad. Cuál es el proyecto que enarbolamos y, finalmente, qué nos une como peruanos. En un país que se descapitaliza peligrosamente de lo más valioso en una sociedad, sus jóvenes más comprometidos y capacitados, que al migrar evidencian que han dejado de creer en el futuro promisor del Perú.

 

desco Opina / 29 de noviembre de 2024

Luchar por el derecho a la alimentación

 

Hace algunas semanas se presentó el Informe Perú del Índice Global del Hambre (IGH) 2024, elaborado por organizaciones no gubernamentales internacionales que integran la red estratégica Alliance 2015, en colaboración con el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); que mide el hambre respecto a tres dimensiones: i) la inadecuada oferta alimentaria, ii) la mortalidad infantil y iii) la desnutrición infantil. En este informe se reveló la situación crítica respecto al hambre en nuestro país que ha mantenido, por segundo año consecutivo, un índice de 19.6 puntos, ubicándose en un estado moderado respecto a otros países y superando, en un poco más de 5 puntos, la posición que alcanzó en 2019. En este año, solo una región, Huancavelica, tuvo un índice grave, mientras que desde el 2022 aumentaron a diez las regiones en esta situación respecto al hambre, encabezadas por Apurímac y Huancavelica, regiones que se han caracterizado por sus condiciones de precariedad y pobreza. Por ejemplo, en 2023, Huancavelica alcanzó una tasa de 13.9% del total de su población en situación de pobreza extrema, 4.3% más respecto al 2022. Además, estas dos regiones presentan un porcentaje alto de desnutrición crónica infantil (DCI). Así tenemos que, en 2023, Huancavelica lideró la tabla con 26.1%, 4.6% menos respecto al 2019; mientras que Apurímac alcanzó un 18.9% de su población con DCI, 2.8% más en comparación al alcanzado en 2019.

La DCI en el Perú es uno de los principales problemas en torno a la salud pública y el bienestar social, relacionado principalmente a las condiciones de pobreza de la población. Esta se caracteriza por el retardo en el crecimiento de la niña o niño respecto a su edad, que trae como resultado una limitación en el desarrollo de sus capacidades a nivel intelectual, físico e incluso afectivo, pudiendo provocar su muerte. De acuerdo al Informe preliminar de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), correspondiente al primer semestre del 2024, la desnutrición crónica infantil ascendió a 12.2%, siendo la zona rural la más afectada con 22.1%, mientras que la urbana alcanzó un 8.3%. Y si observamos los niveles de anemia por déficit de hierro en niñas y niños menores de 3 años en el país, este alcanzó a un 42.8% de la población referida, siendo, nuevamente, la zona rural la más afectada con un 50.2% del total de su población de niñas y niños menores de 3 años.

En el Perú, se han desarrollado programas sociales con el objetivo de contribuir con la lucha contra la desnutrición infantil. Uno de ellos es Juntos, programa nacional de transferencias directas a familias en situación de mayor pobreza de las zonas rurales y urbanas que busca mejorar los índices de nutrición, educación y salud de las futuras generaciones y romper con el círculo de pobreza, bajo un enfoque de ciclo de vida y en cuyos ejes se contempla la nutrición infantil y el desarrollo infantil temprano. Para el 2022 este programa implementó una estrategia denominada Transferencia Primera Infancia (TPI) que consiste en la entrega de un bono adicional de S/ 50.00 soles a los hogares integrados por una gestante en el primer trimestre de embarazo y/o niñas y niños hasta los 30 días de nacido. En los primeros meses del 2024, UNICEF presentó los resultados de una evaluación de impacto de esta estrategia, en la cobertura del paquete integral de salud, prevalencia de anemia y la DCI en niñas y niños nacidos entre enero y julio de 2022. En esta, se halló que la nueva estrategia de Juntos había logrado, para el corto plazo, un impacto favorable en la promoción del dosaje de hemoglobina y suplementación de hierro en niñas y niños con 6 meses de edad. Mientras que en los resultados finales se halló que la TPI logró un impacto positivo en la talla y una reducción de 6.5% en la desnutrición crónica en niñas y niños con 12 meses de edad.

Qali Warma, programa social de asistencia alimentaria a niños y niñas de instituciones educativas públicas del nivel inicial y primario (principalmente), se creó en 2012 con el fin de otorgar un servicio de alimentación de calidad durante todo el año escolar, permitiendo que las niñas y niños mejoren su atención y aprendizaje en clase. Sin embargo, un estudio elaborado por Pedro Francke y Gustavo Acosta, publicado en 2021 respecto al Impacto del programa de alimentación escolar Qali Warma sobre la anemia y la desnutrición crónica infantil, reveló que esta iniciativa estatal no ha logrado efectos significativos en la reducción de la anemia y la DCI en el grupo de niñas y niños de 3 a 5 años que fueron evaluados para el periodo 2014-2017; esto debido a que no son suficientes los meses en los que se recibe alimentos desde el programa, la calidad de los mismos, la forma de entrega y la receptibilidad de las niñas y niños respecto a los alimentos que entrega el programa. En 2022, un estudio del propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), evidenció que para el 2019 el 95.3% de estudiantes de primaria de siete regiones evaluadas (Áncash, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto y Huancavelica) que dependen únicamente de estos alimentos, no recibían la cantidad mínima de hierro para el desayuno.

En los últimos días Qali Warma ha estado en el ojo de la tormenta debido a una nueva denuncia por la presunta distribución de conservas en mal estado y de carne de caballo a estudiantes de comunidades en las regiones del país. De acuerdo con lo señalado por Noemí Alvarado Llanos, extrabajadora de la empresa en cuestión, Frigoinca, estas conservas venían siendo entregadas desde el 2021, época en que Dina Boluarte estaba al mando del MIDIS. Cabe precisar que en esta denuncia también está implicado el actual vocero de la Presidencia de la República, Fredy Hinojosa que, entre el 2019 y 2022, era el Director Ejecutivo de Qali Warma y había favorecido estos hechos de corrupción en perjuicio de miles de niñas y niños que dependen de estos alimentos a diario. Precisamente entre el 2022 y 2023 se observó una reducción significativa en el presupuesto destinado a la contratación de supervisores en un 98% (de S/ 51.1 millones a S/ 1.3 millones), favoreciendo las condiciones para que hechos condenables como los que hoy se denuncian se sigan repitiendo.

Así las cosas, cabe preguntarse sobre los efectos reales de los programas sociales vinculados a mejorar el bienestar, la salud y la vida de las niñas y niños en nuestro país. Más aún si estos están bajo la administración de personajes cuestionados como el hoy ministro del MIDIS Julio Demartini, que prefiere centrar sus fuerzas para cuestionar la reciente prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho al hermano de Boluarte, Nicanor Boluarte, y justificar su paso a la clandestinidad. No podemos optar por el facilismo que caracteriza a este gobierno y negar la crisis alimentaria y nutricional que afecta al país. Toca seguir luchando por los derechos de miles de niñas y niños peruanos que están hoy en un estado de desprotección, a causa del desinterés y la frivolidad de este gobierno. 

 

desco Opina – Regional / 22 de noviembre del 2024