La política peruana,
una vez más, nos ofrece un lastimoso espectáculo donde el cinismo compite con
la irresponsabilidad. La amenaza de negación de la confianza al Gabinete
encabezado por la señora Miralles –y el clima político que terminó precipitando
su renuncia–, revelan hasta qué punto el Congreso ha decidido jugar con la
estabilidad del país, como si se tratara de una pieza más en su tablero de
cálculo político. El rumor de una negación de confianza fue suficiente para generar
rápidamente una crisis de Gabinete, sin que mediara ningún debate serio sobre
políticas públicas o sobre el rumbo del gobierno en los cuatro meses que le quedan.
Bastó el cálculo frío de los integrantes del pacto corrupto guiados
por sus intereses
particulares.
Hoy, la negación de
confianza no es en la práctica un mecanismo constitucional útil para equilibrar
poderes o exigir responsabilidad política al Ejecutivo, sino una herramienta
para producir desgaste, forzar reacomodos y mantener al gobierno en un estado
de fragilidad constante. En ese contexto, la renuncia de la presidenta del
Consejo de Ministros –resultado de un clima político deliberadamente alimentado
desde el Parlamento– es un síntoma más de la normalización de la inestabilidad
como forma de hacer política.
Renuncia, hay que
decirlo, que siguió a la comunicación firmada por el Secretario de Palacio,
quien por encargo del Presidente, le agradecía por sus servicios; Balcázar, con
el estilo sinuoso que lo caracterizó desde su aparición en el Congreso, sacrificó a Miralles y
a unos pocos ministros más, para evitarse una posible derrota y recomponer las
componendas que lo instalaron en la Plaza de Armas.
La conformación del
nuevo Gabinete, encabezado por Luis Arroyo Sánchez, un general retirado que
ocupaba el Ministerio de Defensa, se recibe con una mezcla de indiferencia y
escepticismo. La pregunta sobre si el Congreso le otorgará o no la confianza
parece menos importante que el espectáculo mismo del proceso. Para buena parte
de la clase política parlamentaria que soportamos, lo fundamental no es la
gobernabilidad ni la continuidad de la administración pública, sino la
capacidad de marcar distancia del gobierno cuando conviene y, al mismo tiempo,
influir en él cuando resulta útil.
Ese doble juego es
evidente en el comportamiento de las principales bancadas que hoy dominan el
Parlamento: Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre,
Avanza País y los pequeños grupos parlamentarios que orbitan a su alrededor.
Todas estas fuerzas políticas han participado, de una u otra forma, en la
dinámica que ha sostenido al actual gobierno, continuidad del repudiado régimen
de Dina Boluarte, que siguió a la caída de Pedro Castillo. Sin embargo, luego
del espectáculo vergonzoso que fue la gestión del inefable Jerí en la
Presidencia, ahora pretenden presentarse ante la opinión pública como actores
externos, como observadores críticos de un escenario del cual en realidad han
sido los protagonistas y únicos gestores.
La distancia que
intentan marcar resulta imposible de sostener frente a los hechos. El Congreso
no es un actor marginal en la actual configuración del poder político en el
país. Por el contrario, ha sido uno de sus principales arquitectos. La
continuidad del gobierno, las decisiones clave en materia institucional y la
supervivencia misma de la actual administración han dependido en buena medida
de acuerdos tácitos, convergencias circunstanciales y cálculos compartidos
entre el Ejecutivo y las bancadas parlamentarias que se sumaron al pacto
corrupto. Pretender ahora que el deterioro de la situación política es
responsabilidad exclusiva del gobierno, constituye, en el mejor de los casos,
un ejercicio de amnesia selectiva.
Este intento –vano y
fallido– de reescribir la realidad política tiene un objetivo claro: preservar el
que creen su capital político ante una ciudadanía profundamente desencantada. Las encuestas muestran niveles
históricamente bajos de confianza tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo.
En ese contexto, cada bancada busca posicionarse como crítica del gobierno sin
renunciar a los beneficios que le ha otorgado la correlación actual de fuerzas.
Es un ejercicio de equilibrio precario, pero, sobre todo, extremadamente cínico.
El problema es que,
mientras esos actores se concentran en sus estrategias de supervivencia
electoral, el país enfrenta problemas urgentes que requieren atención y
liderazgo. La inseguridad ciudadana, la desaceleración económica, las tensiones
sociales y la persistente debilidad institucional no desaparecen porque el
sistema político se encuentre atrapado en su propia dinámica de confrontación
calculada. Por el contrario, se agravan.
Sin duda, la política
democrática requiere conflicto, debate y control entre poderes. Pero también un
mínimo de responsabilidad compartida respecto al funcionamiento del Estado.
Cuando el Congreso convierte la amenaza de crisis en una rutina y los partidos
que lo dominan buscan simultáneamente ejercer poder y negar su responsabilidad
en las consecuencias, el sistema entero se degrada.
El espectáculo del
cinismo que hoy observamos no es solo un problema de estilo o de retórica. Es
un asunto de fondo que ya ha deteriorado la credibilidad de las instituciones y
profundiza la distancia entre la ciudadanía y quienes la representan. Y
mientras ese espectáculo continúe, lo que seguirá en veremos no será únicamente
la confianza al segundo
Gabinete
de un Presidente con apenas un mes en el cargo, sino la confianza de los
peruanos en nuestro propio sistema político. Los votos mayoritarios seguramente
lo expresarán así el próximo abril.
desco Opina / 20 de marzo de 2026




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