El pasado 9 de enero del 2026 se publicó la Resolución Ministerial N° 007-2026-Vivienda por la cual se aprueba la transferencia financiera de más de 52 millones de soles a favor de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) destinada a financiar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a la población del ámbito urbano que no cuenta con acceso al servicio de agua potable y que se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema, conforme a los criterios de priorización a nivel nacional y las zonas focalizadas.
En nota de prensa se
menciona que la decisión responde al esfuerzo conjunto entre la Presidencia de
la República, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Sedapal,
orientada a cerrar brechas en el acceso a agua potable, especialmente en
sectores donde aún no existe
infraestructura de redes y donde la presencia del Estado es crucial. Al margen de ello,
podemos dar fe de primera fuente que el abastecimiento se da de manera
igualitaria a todos los pobladores, esto significa, el llenado de un tanque de
1100 litros en el mejor de los casos, pues si no cuentan con este repositorio,
se llenará aquel que la familia disponga. Este abastecimiento se hace una vez
por semana y una vez por vivienda, sin importar que en ella habite una familia
nuclear o extendida, provocando que el agua no alcance para las necesidades de
todos los habitantes, quienes consideran que es mejor pagar por un servicio que
les dote del agua que requieren, así como sucede en otras partes de la capital,
en donde habrá un alza en la tarifa a partir del mes de febrero.
Este incremento de
costo oscilará entre el 12% para hogares y el 20% en el sector industrial,
según informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass),
y responde al cumplimiento del Decreto Legislativo N°1620, que ordenó aplicar
un rebalanceo tarifario (revisión de las tarifas) con el objetivo de que las
empresas prestadoras a nivel nacional, incluida Sedapal, cuenten con mayores
ingresos que permitan cubrir los costos de la prestación del servicio. En ese sentido, valdría
la pena preguntarse cuáles son los planes estratégicos que se manejan desde
esta empresa para dotar de agua a una ciudad que cuenta con alto nivel de
estrés hídrico y si el hecho de asignarle más recursos servirá para brindar un
servicio permanente y de calidad a quienes vivimos en ella. Esto, además de priorizar
un uso más adecuado de este bien que es tan escaso y, sobre todo, generar
conciencia de su uso para garantizar la sostenibilidad futura de la capital.
Qué podemos esperar de
una política nacional de agua y saneamiento, teniendo en cuenta que más de la mitad de los colegios
del Perú carece de agua potable y saneamiento adecuado, aproximadamente 38
000 colegios sin agua potable y más de 41 000 sin desagüe, en donde miles de
niños y niñas deben usar baños que ponen en riesgo su salud. Cerca del 18% de los
centros educativos del país dependen de ríos, acequias, manantiales y otras
fuentes para abastecerse del recurso hídrico, y más de 9000 mil instituciones
usan pozos sin tratamiento como desagüe. ¿Qué podemos esperar de una estrategia
que no tome en consideración otros sectores como salud, industria, comercio y
vivienda?
Soluciones aparecen
como un oasis dentro de un vasto desierto. La idea de contar en Ancón con una planta desalinizadora que
garantice servicio continuo a más de 570 000 personas en zonas vulnerables,
parece un paso adelante, para ello la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (ProInversión), requerirá una inversión estimada de US$ 204.77
millones, la cual será asumida íntegramente por el sector privado. Al tratarse
de una Asociación Público-Privada sin cofinanciamiento, el proyecto no
compromete recursos fiscales del Estado, permitiendo acelerar su
implementación. La infraestructura tendrá la capacidad de producir 86 400 metros
cúbicos de agua potable al día, lo que parece por demás interesante, pero dicha
planta desalinizadora está directamente vinculada al desarrollo del Parque
Industrial de Ancón (PIA), megaproyecto que se levantará sobre un terreno de
1338 hectáreas y que contempla una inversión estimada de US$ 1214 millones.
Habría que preguntarse
cuánto de esa agua sirve para la industria y cuánta para consumo humano solo
para poder tratar de entender si, en la relación costo beneficio, esta solución
es realmente sostenible. En ese sentido, quizá eso que pensamos será un paso
hacia adelante termina siendo todo lo contrario; por ello, la labor de cada uno
de nosotros como ciudadanos es velar por la coherencia, pertinencia y eficiencia
de lo que se propone, pues sabemos que los gobiernos de turno manejan el Estado
poniendo la carreta por delante del caballo, cuando de desarrollo sostenible
hablamos.
desco Opina - Regional / 16 de
enero de 2026
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