Nada por casualidad

 

Atender con cuidado y seguir la intervención de diversos actores, públicos y privados en los diferentes planos y aspectos de la vida social del Perú, es complicado. Actualmente, no hay espacios mínimamente institucionalizados que permitan dialogar sinceramente entre las fuerzas políticas y sociales. El Congreso de la República, que en una democracia que funcione mínimamente, es la arena en la que se debaten todos los temas de interés nacional, está absolutamente deslegitimado para el diálogo que el país necesita y que solo unos pocos demandan francamente.

Por eso, cuando nos enteramos de que con recursos del Estado se hace seguimiento a los ciudadanos con el fin de intimidarlos, y se amedrenta a funcionarios públicos que renuncian, nuestra preocupación debería ser mayor, pues compromete a instituciones como el Ministerio del Interior.

Se trata de quienes dirigen la Seguridad del Estado y la Policía Nacional del Perú, entre otras instituciones del Estado. El problema de la seguridad ciudadana, casi se sitúa en un segundo plano cuando se olfatea un desorden total por parte de quienes debieran encargarse de resolver los problemas de seguridad pública.

Es innegable, por otro lado, que algunas expresiones de la violencia y la delincuencia han ganado mayor protagonismo en la prensa de Lima y otras ciudades. Se nos informa simultáneamente a diario de la actividad de bandas conformadas por asaltantes de alta peligrosidad, de los secuestros de corta duración, la extorsión a cientos de negocios diversos, los asaltos en vías públicas y a los vehículos, así como la proliferación de armas con capacidad de fuego frecuentemente superior a la de los policías. Todo eso puede verse a cualquier hora del día en algún canal de televisión.

Mientras tanto, la política oficial del Estado aparece como absolutamente inmersa en temas de visitas e inauguraciones diversas de la señora presidenta, y sus más altos funcionarios se niegan a declarar sobre temas delincuenciales de cohecho, ocultamiento de sentenciados por la justicia y otros que preocupan a la ciudadanía, llenando de acusaciones de traición a la patria a quienes osen protestar o plegarse al próximo paro nacional.

Así, no hay respuestas efectivas que orienten al país en una dirección que permita encaminarnos hacia una solución del actual estado de cosas, y no a su empeoramiento. Es importante fomentar la participación activa y real de la comunidad en la prevención del crimen a través de programas de vigilancia vecinal, comités de seguridad ciudadana y otros mecanismos de participación ciudadana en modalidades democráticas y no autoritarias ni militarizadas, como las que escasamente practica la policía.

Necesitamos que se adopten medidas urgentes para el mejoramiento del entorno barrial, concertadas con las organizaciones de vecinos y vecinas, desarrollando algunas políticas que podrían incluir inversión en educación, que a la larga proporciona a los y las jóvenes oportunidades para el desarrollo personal y profesional; fomentar el empleo local y crear oportunidades económicas. Asimismo, abordar con inteligencia las causas subyacentes de la delincuencia y no solo sus manifestaciones criminales; identificar los problemas latentes que contribuyen al crimen como son la falta de empleo, la pobreza y el insuficiente acceso a servicios básicos.

Esas son salidas a la mano que pueden amenguar la desigualdad y reducir los incentivos para cometer delitos. Hay aspectos que deberían implementarse como la iluminación pública, incluyendo la de parques y paraderos en todas las áreas de las ciudades, en lugar de infectar las calles con cientos de cámaras que no sirven para nada verdaderamente útil.

Para que las salidas sean efectivas y justas para todos, incluyendo al millón y medio de extranjeros que conviven con los peruanos y peruanas, deberíamos advertir con fuerza que culpar a los extranjeros por los problemas de seguridad, desvía la atención de las verdaderas causas del crimen como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la ineficiencia del sistema de justicia penal. La mayoría de los extranjeros, por otro lado, son personas que buscan mejores oportunidades y una vida digna, y criminalizarlos basándose en su nacionalidad, es falso e injusto.

Muy poco se dice de la precariedad de la Policía Nacional ni de cómo, punto por punto, el Congreso de la República ha dado leyes, consentidas por el Poder Ejecutivo, que impiden que nuestra legislación facilite actuar contra los delincuentes y se aplique con celeridad, atando de manos a las fiscalías y jueces como lo hacen las peores dictaduras en provecho propio.

 

desco Opina / 1 de noviembre de 2024