Aruntani, la mala de la película

 

En el actual contexto de polarización escuchamos permanentemente que hay que dejar de ver las cosas entre negro y blanco, entre buenos y malos. Si bien hay zonas grises que debemos transitar para mediar, hay casos en los que eso es imposible. Uno de ellos es la Minera Aruntani, que desde hace más de una década viene contaminando la cuenca de Llallimayo en Puno. No ha habido mesa de concertación y/o protesta que consiguiera cerrarla o que logre abrirle un proceso por delito ambiental.

Hace unos días la Dirección General de Minería (DGM) ejecutó las garantías de la empresa minera por US$ 10,3 millones con el fin de remediar la contaminación provocada por las actividades de extracción de oro en su unidad Arasi, ubicada en la provincia de Lampa (Puno). Esta garantía fue ejecutada porque la empresa no cumplió con el plan de cierre progresivo de la operación minera. Sin embargo, el monto de la garantía no es suficiente para el remediar el daño ambiental causado, pues según un estudio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se requiere la suma de US$ 265 millones para hacerlo.

Aruntani se ha lavado las manos. Informó que, tras la ejecución de la fianza, la responsabilidad del cierre recae en el Estado, pues de acuerdo a un artículo de la Ley de Minería, sería la DGM la encargada del cierre mediante la asignación de otra empresa para dichos fines.

Esta misma figura fue usada en agosto de este año para librarse de la responsabilidad por la contaminación del río Coralaque (Moquegua) y del río Tambo (Arequipa), esta vez por sus operaciones en su unidad Florencia Tucari, ubicada en Moquegua. Al no cumplir con el plan progresivo de la mina, en el 2019 la DGM ejecutó la garantía por US$ 8,4 millones, contratando a la empresa AMSAC para que realice dos tareas: labores de atenuación y diagnósticos técnicos sociales, tanto en Florencia Tucari como en la unidad Arasi, pero no para efectuar el cierre de la mina. AMSAC aclaró que esto no forma parte de su contrato y que las acciones de cierre demandarían una inversión que supera los S/ 1000 millones.

Respecto a esto último, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que existen dos resoluciones del Poder Judicial, ambas en materia de Amparo Constitucional, que señalan que Aruntani S.A.C. mantiene la responsabilidad de cierre, mitigación y remediación ambiental de la mencionada unidad minera Florencia Tucari. Es previsible que, para el caso de Puno, el Ministerio de Energía y Minas recurra a los mismos trámites judiciales para que la empresa cumpla con remediar el manejo irresponsable de sus operaciones.

Y en Melgar (Puno), el gobierno estudia la posibilidad de declarar la emergencia ambiental por la contaminación hídrica de la Cuenca Lllallimayo. El Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido a transferir S/ 4,6 millones para trabajos de derivación de aguas en cuatro distritos de la provincia: Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri.

Si bien los últimos veinte años el Estado ha hecho un esfuerzo por crear una legislación ambiental que vaya acorde con el incremento de inversión minera en nuestro país, es evidente que hay deficiencias. Los autores del libro Desarrollo Territorial y Minería, apuntan como problema que estas políticas tienen una visión muy sectorizada y carecen de una articulación efectiva entre autoridades del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. A ello se suma la fragilidad de la institucionalidad en el país, con funcionarios que son rotados continuamente de sus puestos y un ministerio –el MINEM– con un trastorno disociativo que alienta la inversión minera a ultranza y, al mismo tiempo, tiene que controlar su accionar. Un claro ejemplo es Rómulo Mucho, a quien la propia Aruntani le arruinó la campaña pro Tía María, cuando las aguas mostazas del río Coralaque tiñeron las del río Tambo, dejando a la población del valle sin agua potable y sin agua para riego.

Del otro lado están las empresas que, salvo excepciones, sólo piensan en sacar los mayores réditos posibles, aprovechando resquicios en los vacíos normativos y en la debilidad estatal para hacer un efectivo control ambiental. En vez de reconocer sus faltas, judicializan sus deudas y ejercen una fuerte presión para flexibilizar la normativa existente. Según el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados por el OEFA – RUIAS, existen 5718 infracciones en el sector minería, que representan el 26,8% de los ocho sectores económicos a los que hacen control. Estas infracciones suman alrededor de S/ 959,5 millones en multas, cifra que representa el 61% de la deuda de todos los sectores administrados.

El pasado viernes 1 de noviembre, el gobierno publicó de manera extraordinaria el Decreto Supremo Nº 009-2024-MINAM para reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo que evalúa los estudios de impacto ambiental de las empresas interesadas en explotar los recursos en nuestro país y aprueba su viabilidad. El objetivo de esta reorganización es “destrabar” las inversiones haciendo uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta iniciativa resulta ser un despropósito que viene siendo criticado por exministros de diferentes carteras y por el expresidente del organismo en cuestión, Alberto Barandiarán, quien ha calificado al accionar del Ejecutivo como una “clara interferencia de la autonomía y gestión medioambiental”. Esta es otra muestra de cómo se quiere afectar el control ambiental en pro de la inversión.

Así las cosas, el Ejecutivo y el Congreso parece que seguirán promoviendo políticas a favor de las empresas extractivas, sin que medie una preocupación real sobre el medio ambiente en plena crisis hídrica. Los CEO de las industrias extractivas seguirán facturando cómodamente desde sus mullidos sillones en algún barrio acomodado de Lima, a costa del bienestar de cientos de personas que vienen siendo afectadas en sus formas de vida y en su salud, pero que, por la distancia geográfica que las coloca fuera del foco de influencia en la opinión pública capitalina, pareciera no importar.

 

desco Opina – Regional / 8 de noviembre del 2024

descosur

Nada por casualidad

 

Atender con cuidado y seguir la intervención de diversos actores, públicos y privados en los diferentes planos y aspectos de la vida social del Perú, es complicado. Actualmente, no hay espacios mínimamente institucionalizados que permitan dialogar sinceramente entre las fuerzas políticas y sociales. El Congreso de la República, que en una democracia que funcione mínimamente, es la arena en la que se debaten todos los temas de interés nacional, está absolutamente deslegitimado para el diálogo que el país necesita y que solo unos pocos demandan francamente.

Por eso, cuando nos enteramos de que con recursos del Estado se hace seguimiento a los ciudadanos con el fin de intimidarlos, y se amedrenta a funcionarios públicos que renuncian, nuestra preocupación debería ser mayor, pues compromete a instituciones como el Ministerio del Interior.

Se trata de quienes dirigen la Seguridad del Estado y la Policía Nacional del Perú, entre otras instituciones del Estado. El problema de la seguridad ciudadana, casi se sitúa en un segundo plano cuando se olfatea un desorden total por parte de quienes debieran encargarse de resolver los problemas de seguridad pública.

Es innegable, por otro lado, que algunas expresiones de la violencia y la delincuencia han ganado mayor protagonismo en la prensa de Lima y otras ciudades. Se nos informa simultáneamente a diario de la actividad de bandas conformadas por asaltantes de alta peligrosidad, de los secuestros de corta duración, la extorsión a cientos de negocios diversos, los asaltos en vías públicas y a los vehículos, así como la proliferación de armas con capacidad de fuego frecuentemente superior a la de los policías. Todo eso puede verse a cualquier hora del día en algún canal de televisión.

Mientras tanto, la política oficial del Estado aparece como absolutamente inmersa en temas de visitas e inauguraciones diversas de la señora presidenta, y sus más altos funcionarios se niegan a declarar sobre temas delincuenciales de cohecho, ocultamiento de sentenciados por la justicia y otros que preocupan a la ciudadanía, llenando de acusaciones de traición a la patria a quienes osen protestar o plegarse al próximo paro nacional.

Así, no hay respuestas efectivas que orienten al país en una dirección que permita encaminarnos hacia una solución del actual estado de cosas, y no a su empeoramiento. Es importante fomentar la participación activa y real de la comunidad en la prevención del crimen a través de programas de vigilancia vecinal, comités de seguridad ciudadana y otros mecanismos de participación ciudadana en modalidades democráticas y no autoritarias ni militarizadas, como las que escasamente practica la policía.

Necesitamos que se adopten medidas urgentes para el mejoramiento del entorno barrial, concertadas con las organizaciones de vecinos y vecinas, desarrollando algunas políticas que podrían incluir inversión en educación, que a la larga proporciona a los y las jóvenes oportunidades para el desarrollo personal y profesional; fomentar el empleo local y crear oportunidades económicas. Asimismo, abordar con inteligencia las causas subyacentes de la delincuencia y no solo sus manifestaciones criminales; identificar los problemas latentes que contribuyen al crimen como son la falta de empleo, la pobreza y el insuficiente acceso a servicios básicos.

Esas son salidas a la mano que pueden amenguar la desigualdad y reducir los incentivos para cometer delitos. Hay aspectos que deberían implementarse como la iluminación pública, incluyendo la de parques y paraderos en todas las áreas de las ciudades, en lugar de infectar las calles con cientos de cámaras que no sirven para nada verdaderamente útil.

Para que las salidas sean efectivas y justas para todos, incluyendo al millón y medio de extranjeros que conviven con los peruanos y peruanas, deberíamos advertir con fuerza que culpar a los extranjeros por los problemas de seguridad, desvía la atención de las verdaderas causas del crimen como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la ineficiencia del sistema de justicia penal. La mayoría de los extranjeros, por otro lado, son personas que buscan mejores oportunidades y una vida digna, y criminalizarlos basándose en su nacionalidad, es falso e injusto.

Muy poco se dice de la precariedad de la Policía Nacional ni de cómo, punto por punto, el Congreso de la República ha dado leyes, consentidas por el Poder Ejecutivo, que impiden que nuestra legislación facilite actuar contra los delincuentes y se aplique con celeridad, atando de manos a las fiscalías y jueces como lo hacen las peores dictaduras en provecho propio.

 

desco Opina / 1 de noviembre de 2024