Mientras la economía mundial se agita principalmente por el conflicto bélico iniciado por Rusia, nuestro paisaje nacional se remueve principalmente, por ahora, por los temblores recurrentes de la crisis política permanente que afecta al país.
Hay un contubernio en marcha que se sustenta en la voluntad nada oculta de nuestros políticos por aferrarse a la cuota de poder que han alcanzado dentro del Estado. La pretensión de ganar a cualquier precio en el corto plazo, lleva al colapso del país en el mediano plazo. Se aprecia así, como el cuestionado Ministro de Salud alaba las virtudes profesionales de uno de los principales dirigentes del fujimorismo en el Congreso al tiempo que esta bancada se niega a sumarse al pedido de interpelación del Dr. Condori, cuestionado por el propio Colegio Médico al que pertenece.
Esta alianza populista fujicerronista se manifiesta también en su oposición al adelanto de elecciones generales, en acuerdo con otros sectores de la derecha que en el Congreso avanzan en su afán de acabar con el tibio intento de reforma política. Así, votaron juntos por la ley que suspende las primarias para las elecciones municipales y regionales de octubre y aprobaron extender el plazo para la inscripción del padrón de afiliados, además de suspender las causales de cancelación de la inscripción de partidos y movimientos regionales.
La pugna por vacar al presidente Castillo se repite una vez más, aunque se sabe bien que en los predios congresales no se cuenta con los votos necesarios para tal propósito y convocar a nuevas elecciones. Al mismo tiempo, la medida se reitera en términos de limitar el proceso a solamente elecciones de un nuevo poder Ejecutivo cuando en realidad el desgaste y pérdida de legitimidad es mayor en el poder Legislativo y suena inviable que de ocurrir lo uno no se lleve a cabo una renovación total del Congreso.
Nada de lo expresado debe entenderse como el apoyo al desacertado ejercicio de gobierno del Presidente de la República quien, a todas luces ha abandonado sus banderas de cambio y solo parece interesado en sobrevivir en un mar de mediocridad pese a algunas expectativas que ya pocos mantienen.
El flagelo persistente de la corrupción alimenta las raíces del descontento diario, aunque en realidad, muy pocos peruanos se escandalizan en serio con el sistema institucionalizado de los de arriba y los de abajo y su penetración en el Estado. En esos términos es como se hacen negocios –formales e informales– en el Perú del neoliberalismo de los últimos treinta años. Como si fuera poco, la Fiscalía de la Nación enfrenta una situación en la que por falta de quorum de sus miembros titulares deberá encargar interinamente la dirección de esta importante institución ya que el mandato de su actual titular vence esta semana. Las mismas instituciones responsables de evitar y luchar contra la corrupción son demasiado débiles para cumplir con su cometido, o se ven comprometidas por la influencia de los transgresores mismos.
Situación más grave es la del Tribunal Constitucional, conformado casi en su totalidad por miembros cuyos cargos han vencido hace mucho tiempo y no son reemplazados por la incapacidad del Congreso Nacional para asumir la selección y elección de los nuevos miembros. Sin embargo, toman decisiones que avivan el enfrentamiento entre peruanos al emitir fallos sumamente cuestionables como el permitir la excarcelación de Alberto Fujimori, tras la restitución de su irregular indulto por parte del expresidente Kuczynski.
En medio de ese escenario, en verdad caótico, las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser propositivas y no sólo cuestionadoras. Lograr esto, en un contexto de pobreza y de desencanto con la democracia, no es fácil. La propuesta del expresidente Sagasti de apelar a la recolección de firmas para presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que recorte el mandato presidencial y congresal, adelantando las elecciones generales, no es algo que pueda hacerse rápidamente y requiere de una voluntad política y respaldo organizativo que por ahora no existen.
Las clases sociales, los grupos y las instituciones también pueden ser actores más allá de la escena oficial del Estado: como los sindicatos, las comunidades campesinas y nativas, las iglesias; tal como lo hacen los periódicos, la radio y la televisión que defienden sus propios intereses y filtran la información. Ese escenario, más amplio que el oficial y oficioso no lo compartimos, y eso dificulta mucho resolver la confrontación actual de manera inteligente como producto de un diálogo informado.
desco Opina / 25 de marzo de 2022
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