Entre la curiosidad morbosa y la
estupefacción, gran parte de la ciudadanía asiste por estos días a una insólita
campaña de los medios de comunicación en torno al “caso Richard Swing”, impresentable e inenarrable personaje,
acusado de cobrar 175 400 soles por consultorías extrañas y en apariencia amañadas.
Nadie niega la necesidad de investigar las
sospechas de corrupción en el uso de recursos públicos, más aún en medio de la
tragedia y crisis que estamos viviendo, pero este despliegue mediático justo
cuando el Perú afronta graves problemas que ponen en juego la vida, la salud y
el empleo de millones de ciudadanos (por ejemplo, los altos precios del
oxígeno, hoy un bien muy valioso; los cobros de clínicas privadas por los test
del Covid-19, la distribución de bonos, los focos de contagio, etc.), despierta
sospechas sobre su objetivo real.
Detrás de esta levedad y de su tono de farándula,
los editoriales y artículos de distintos diarios, así como varios programas
televisivos y radiales coinciden en apuntar al Presidente. La comisión de fiscalización del Congreso,
presidida por un ex Contralor General de la República, destituido por serias
sospechas de corrupción aún no aclaradas por la justicia (hoy sumado al bando
de Antauro Humala, la “bestia negra” de la derecha), se ha sumado a la cruzada.
¿Qué están persiguiendo? Pueden
aventurarse dos hipótesis: (i) arrinconar al Presidente hasta lograr su
vacancia, sin importar que estemos en medio de una pandemia de incierto final;
o (ii) liquidar la imagen de Martín Vizcarra para que llegue destruida al 2021.
En ambos casos, y más allá de las dudas razonables sobre su intervención en el affaire, parece haber un juego motivado
por los afanes de venganza del establishment
derechista, que no le perdona la derrota que significó para muchos de ellos
el cierre del Congreso y su consecuente pérdida de influencia y poder.
Algunos comentaristas creen que el escándalo no afectará al Presidente, lo cual es bastante probable, pero la
campaña muestra la estrechez de miras de un grueso sector de la derecha
política, mediática y tecnocrática. Sus prioridades están lejos de las del país
y su miopía les impide ver que, más allá de sus estilos personales, Martín
Vizcarra está contribuyendo a legitimar el modelo del cual se proclaman los más
celosos guardianes defensores.
Los sistemas políticos se legitiman en
base a leyes y normas, pero también con la aceptación e internalización de éstas
por la ciudadanía. Los líderes y autoridades políticas juegan un rol en ello, cuando
logran persuadir a la población en que tal sistema los representa y responde
mínimamente a sus intereses. En nuestro país, donde hay tanta desconfianza
hacia los políticos, la política y el gobierno, que un presidente como Vizcarra
haya logrado una gran aprobación, constituye un capital político personal, pero
también para el sistema. Que además ocurra en un contexto como el actual, no es
poca cosa.
El Presidente puede ser calificado como
un político de centro derecha, demócrata hasta donde hemos visto, más allá de
sus errores y ciertas actitudes dudosas. Ni siquiera es un Ollanta Humala en
versión moderada y no va a encabezar ninguna revolución o cambio chavista de la
sagrada constitución fujimorista. Acusarlo de populista, como muchos columnistas y opinólogos
neoliberales hacen, confirma su cerrazón y estrechez.
Plantear, por ejemplo, el impuesto a la
riqueza o a los altos ingresos no es sinónimo de tal (¿en qué consistiría lo
antitécnico de la medida?); se aplica en países de la OCDE a donde tanto esos
tecnócratas y neoliberales quieren hacer ingresar a nuestro país; incluso en Chile, por un presidente de derecha. Cambiar la
estructura tributaria vigente, retrógrada y basada en impuestos ciegos e
indirectos no debilita el modelo; la experiencia de los países desarrollados lo
muestra.
Tampoco es populismo reformar el sistema
privado de pensiones y el sector Salud. Por el contrario, ayudaría a reducir
desigualdades, sin destruir los fundamentos del libre mercado. Poco o nada de
eso importa cuando se defienden intereses de grupos minoritarios pero muy
poderosos (hablar de grupos de poder es también populismo o marxismo), o de
intentar recuperar el poder y la influencia política que en cierta forma
perdieron por acción de un provinciano incluido en una plancha de demasiados blancos
(Carlos Bruce dixit).
El apoyo a ciertas medidas «populistas» del Congreso evidencia las fallas del modelo (sin partidos
programáticos, aventureros y oportunistas políticos pueden encarnar también
aspiraciones sociales). La campaña para desprestigiar y, eventualmente,
destituir a un Presidente que no forma parte de la élite limeña del poder, pero
que por primera vez en varios años, goza de altos niveles de popularidad y en la
práctica aporta a legitimar el sistema, solo añade combustible a la hoguera
donde puede incinerarse el modelo. Su eventual destitución contribuiría a
agudizar la desconfianza y desafección política. Poner en su reemplazo al
actual presidente del congreso es inimaginable. Antauro Humala debe estar
frotándose las manos en Piedras Gordas.
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