El pasado 19 de junio fue la fecha final
que tenían todas las agrupaciones, movimientos y partidos políticos que
deseaban participar del proceso electoral municipal y regional en octubre del
2018. Llegaron a inscribirse 21 listas en Lima Metropolitana de acuerdo al portal web del JNE. Mientras se redactaba la presente nota, cuatro de ellas
figuraban como inscritas, es decir con sus documentos ingresados, tres como
improcedentes al haberse detectado errores e inconsistencias en la
documentación presentada, y solo trece como admitidas para participar del
proceso electoral.
Similar proceso se viene dando a nivel
local en donde de los distritos de Lima Sur, Lurín y Villa María del Triunfo
cuentan cada uno con 18 agrupaciones políticas en contienda, mientras que San
Juan de Miraflores y Villa El Salvador tienen en cada caso 20 agrupaciones
participando del proceso electoral.
Un análisis superficial de estos datos
podría concluir que la multiplicación de listas obedece a un alto interés de
participación de ciudadanos que, comprometidos con el desarrollo local de la
ciudad, han tomado la decisión política de concurrir a las elecciones para
mejorar su distrito. Esta primera impresión se revela errónea si constatamos
que la mayoría de ciudadanos de a pie, ve con indiferencia y hasta con recelo
la gran cantidad de candidatos que pugnan por hacerse del cargo municipal. Recordemos
que en la última encuesta de GfK, el 70% sospechaba de la corrupción de su alcalde
actual y el 52% no mostraba ninguna motivación en ir a votar.
A ello se añaden los ajustes normativos
aprobados por la mayoría fujimorista en el Congreso, que en 2015 impulsó la
reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución, para prohibir la
reelección inmediata de autoridades municipales y regionales, respondiendo a
las denuncias de corrupción ocurridas en ese momento en distintas
jurisdicciones como Tumbes y Áncash, considerando que los gobiernos de turno que se perpetuaban en el poder eran más propensos a la corrupción. Si bien la norma
parecía atender el problema, hemos visto como la «habilidad» de los actuales
gobernantes se ha puesto de manifiesto al usar mecanismos y estrategias
aprobadas por el mismo Congreso, como la posibilidad de tener dos domicilios
legales para perpetuarse en espacios de poder. Así, los electores hemos sido
espectadores de como alcaldes de un distrito se han hecho candidatos del
distrito vecino, o como otros han puesto a sus hijos y esposas, restando mérito a un proceso que ya de
por sí es cuestionado por la ciudadanía en general.
En este
escenario poco auspicioso, es que se hace necesario que estemos alertas sobre
quiénes son los candidatos y qué propuestas tienen, pero sobre todo a qué intereses
representan. El pasado reciente deja claro que estos no son necesariamente los
de la ciudadanía y el bien común de la ciudad, lo que nos interpela sobre la
relación y responsabilidad que tenemos a la hora de elegir a nuestras
autoridades. La acción política colectiva la hemos dejado hace mucho tiempo al
mercado, que por su lógica nos trata como consumidores y usuarios. Pensar a
estas alturas que las cosas van a cambiar porque vendrá un salvador a nuestras
vidas (en este caso en las elecciones) es esperar que los mejor preparados para
hacer «negocios» y los más mafiosos, sigan ocupando los cargos públicos en
nuestra ciudad.
La corrupción se encuentra entre
nosotros desde hace mucho tiempo, solo que ahora la vemos en videos
y la escuchamos en audios,
como lo evidencia la siniestra relación que existe entre los integrantes de las
mafias más peligrosas del país y miembros del Consejo Nacional de la
Magistratura, mostrando un mercado de sobornos y favores donde se absuelve
violadores, se perdona a corruptos y se compran puestos en el Poder Judicial.
Las salidas a esta situación dependerán
de nosotros mismos y de la capacidad de organizarnos políticamente para
construir propuestas alternativas a la política tradicional, que no ha
permitido ni permitirá, que nos desarrollemos como sociedad. El jueves 19
tenemos la convocatoria a una nueva marcha; participemos y contribuyamos a que
esa indignación que sentimos diariamente no se quede en un proceso de
normalización y, por el contrario, nos llame a la reflexión y acción.
desco Opina - Regional / 16 de
julio de 2018
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