El crecimiento de la población urbana, el
centralismo estatal y la urbanización sin orientación, de tanto repetir que
ocurren, parecen no llamar la atención de nadie. Pese a las frecuentes críticas
de urbanistas y especialistas en temas urbanos sobre las consecuencias del
déficit de planificación, el tema no ha encontrado aún su lugar en la agenda
nacional.
Más allá de
Lima –una de las diez urbes a nivel global que crecerán más en la próxima década–
cabe preguntarse qué está pasando con las ciudades del país, principalmente con
aquellas que crecen a velocidad y empiezan a encarar las consecuencias. En más
de una decena de nuestras ciudades intermedias la ciudadanía y autoridades
deben lidiar con algunos de los típicos problemas del crecimiento urbano
acelerado no-planificado, como es la gestión de residuos sólidos, desbordada la
práctica tradicional de arrojar la basura en las afueras (en botaderos o cursos
de agua, muchas veces) que se ha tornado en un verdadero problema de saneamiento ambiental.
Similar situación es la que
enfrentamos con el abastecimiento de agua potable y la carencia de redes apropiadas de desagüe, lo que provoca conflictos crecientes entre los usuarios, enfrentados de pronto a
situaciones cuya solución requiere estudios, inversiones y plazos que las
familias no están dispuestas a tolerar y que se conocen solamente cuando
ocurren en Lima o las principales ciudades. Pero hablamos de un fenómeno
nacional.
Ante este tipo
de situaciones encontramos solamente soluciones parciales, inadecuadas y en
muchos casos encerradas en el corto plazo. Esto ocurre porque hasta ahora los
peruanos hemos sido incapaces de enfrentar los grandes cambios producidos por
la urbanización. Acondicionamiento territorial,
gestión de riesgos, abastecimiento de energía, disponibilidad de residuos
sólidos, transporte urbano, manejo de áreas públicas, verdes y de
recreación, calidad de la vivienda son asuntos tratados segmentadamente y de modo casi siempre localista. Y para
Lima son inexistentes o irrelevantes las demandas de la población urbana del país en torno a su calidad de vida. Y en los
planes de gobierno más de lo mismo, y en cualquier caso, nada sustancial como
política de desarrollo.
Sin duda el ritmo de crecimiento de las urbes
peruanas es mucho más acelerado que el paso de las autoridades y funcionarios
públicos locales. La situación actual, ya bastante compleja puede tornarse más
grave aún si no damos prioridad al acondicionamiento territorial y desarrollo urbano local y regional con el aporte de todos los actores del territorio (incluido el sector privado, gran organizador actual de los espacios urbanos).
En la actual coyuntura electoral es necesario
insistir en la urgencia de atender esta agenda. La posibilidad de contar con
congresistas atentos a las competencias y responsabilidades sectoriales,
centrales y subnacionales en materia urbana es una oportunidad. Este es un
llamado para ejercer el voto pensando en nuestros retos territoriales: ¿quiénes
entre los postulantes a una curul promoverán iniciativas en favor del
ordenamiento territorial, la gestión sostenible de los servicios públicos, los
procesos participativos y de cogestión en la perspectiva de lograr ciudades más
inclusivas y de mejor calidad para todos los peruanos?
desco Opina -
Regional / 1 de abril de 2016
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