Siempre se dice que el elector peruano
es emocional y que se deja seducir por las ofertas de campaña. En el caso de
las personas que viven en las zonas rurales de nuestro país más que ser
emocionales o no, es claro que los medios de comunicación que hacen que los
planes estén ‘a solo un clic’ están mucho menos difundidos que en las zonas
urbanas. Esto coincide, por cierto, con otras brechas sociales y económicas que
señalan que las zonas rurales concentran la actividad agropecuaria y que la
pobreza en nuestro país se circunscribe en gran medida en dicha actividad. Aquí
analizaremos brevemente si algunos aspectos clave de la problemática
agropecuaria están siendo abordados por los mencionados planes de gobierno, que
no por ser poco leídos deberían quedarse en un saludo a la bandera. Creemos
indispensable fijarnos al menos en las ideas sobre el manejo del recurso
hídrico, financiamiento, propiedad de la tierra, capacidades técnicas de los
agricultores y la asociatividad.
Respecto del agua coinciden tiendas
políticas muy diferentes entre sí. Por ejemplo, el Frente Amplio nos dice que
relanzará el Fondo Mi Riego; Fuerza Popular señala la
construcción de 1000 micro y medianos reservorios; Peruanos por el Kambio
coincide con los micro reservorios pero desde una propuesta de obras dedicadas
a la «cosecha de agua». Alianza Popular propone reservorios y proyectos de
irrigación y, por su parte, Acción Popular propone textualmente «mejorar los proyectos que permitan proveer
de agua a mas sectores agrícolas»; sin embargo, en este Plan de Gobierno llama
la atención que quien ostenta el símbolo de la lampa, sólo tenga un escueto
texto dedicado a la agricultura ubicado en la página 17. Sorprende en la medida
que el candidato Barnechea en sus apariciones y declaraciones públicas
sí aborda el tema. Al parecer su «discurso agrario» ha ido fabricándose a
medida que ha venido consolidando algunas preferencias en el electorado.
Otro tema vital para el desarrollo
agrario es la disponibilidad de financiamiento. Manteniendo el mismo orden de
análisis anterior, el Frente Amplio nos dice que incrementará el capital
bancario agropecuario; Fuerza Popular señala lo mismo pero incide en redirigir
sus colocaciones para el desarrollo de la agricultura campesina familiar y la
pequeña agricultura comercial. Sin duda suena muy bien, pero como medida
aislada corre el riesgo de convertirse en un subsidio con fines proselitistas.
En esta escala de producción habría que ocuparse, paralelamente, de aspectos
como regularizar la propiedad de la tierra. PPK buscaría incrementar la
disponibilidad de crédito agrario e incluso propone un fondo de garantía de seguro
agrario de hasta 100 millones de soles. Alianza Popular coincide con los
anteriores pero propone la «promoción de
financiamiento especializado», sin definir específicamente a qué se
refiere.
La propiedad de la tierra y la
titulación de los predios agrícolas son una deuda pendiente en especial para la
sierra, así como para la Amazonía peruana. En ese aspecto, el Frente Amplio
propone la «aprobación de una nueva Ley
de Tierras que fija límites a la concentración de la propiedad de la tierra en
corporaciones empresariales y personas naturales», e incluso propone gravar
con más impuestos a quienes concentren mayor cantidad de hectáreas. El reto
aquí sería no afectar el volumen de exportaciones agrícolas provenientes de la
agroindustria, que por ahora sólo los grandes fundos agrícolas pueden proveer.
Si bien es cierto que mucho del empleo en este sector es temporal, también podemos asociar en
algún grado la mejora de las condiciones económicas de algunas regiones por el crecimiento de la agroindustria en el país.
Fuerza Popular no nos habla de la titulación agraria específicamente, pero sí
señala que se titularán las tierras de la Amazonía para que puedan gestionarse
créditos productivos en especial para las comunidades nativas, sin embargo su
sustento muestra desconocimiento de la realidad de las propiedades comunales,
ya que estas no pueden ser enajenadas, por lo tanto actualmente, ninguna
financiera privada las acepta como garantía. PPK apunta a una «Titulación masiva de predios rurales de
pequeños y medianos agricultores a través del programa Propietario Firme».
Alianza Popular señala explícitamente, «Concluir
con la titulación de los derechos de propiedad de las tierras…», aunque en
su diagnóstico no nos señala cuántas hectáreas son ni por qué no se han
titulado con anterioridad, por lo que no se establecen los costos ni tampoco se
puede asegurar el cumplimiento de este ofrecimiento. Todos los candidatos sin
excepción ofrecen capacitación técnica a los agricultores para mejorar la
productividad, lo que varía son las formas y mecanismos, pero en el fondo sigue
siendo lo mismo, lo cual nos demuestra que existe consenso en capacitar a los
agricultores y brindarles asistencia técnica.
En lo que respecta al fomento de la
asociatividad de los agricultores; Fuerza Popular no la señala como parte de su
estrategia para impulsar al agro, aunque sí para ser sujetos de crédito; el
Frente Amplio, no nos dice cuál sería el rol que estas cumplirían en el
desarrollo agrario; PPK las hace sujetos de beneficios en capacitación, y
Alianza Popular las hace sujetos de crédito y les otorga espacios de
participación en la investigación agraria, esto último es necesario, pero muy venido a menos en las últimas décadas
a pesar de los múltiples ofrecimientos.
En conclusión, existen muchas
coincidencias en lo que se quiere hacer en favor del agro y los agricultores,
pero no siempre hay coincidencias técnicas y políticas en lo que se puede hacer.
Mientras que todos han evidenciado sus aspiraciones, pocos pueden brindar
sustento técnico a todos sus ofrecimientos. Los planes de gobiernos se beneficiarían
de informarse mejor de la realidad del sector, y los electores de las zonas
rurales deberían informarse con urgencia sobre cómo –si acaso– los candidatos y
candidatas plasman sus ideas, planes y sueños.
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Regional / 18 de marzo de 2016
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