Dengue, ni el sistema ni la población están preparados

 

Con 6 fallecidos y 2034 casos de esta enfermedad en la Selva Central, el dengue se ha convertido en una enfermedad silenciosa entre la población, sobre todo entre quienes habitan en un área geográfica con clima tropical. A nivel nacional, hasta la fecha hay 96 fallecidos y 87 290 casos. Tras la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del fin de la emergencia sanitaria global por el COVID-19, anunciado el pasado 5 de mayo, Perú enfrenta una nueva emergencia por la epidemia del dengue: la cantidad de casos ya ha superado las cifras registradas durante los años 2017 y 2022. El Ministerio de Salud (MINSA) ha considerado en estado de emergencia a la Región Junín en menos de dos meses, siendo la octava del país con mayor número de casos, lo que muestra la magnitud y rapidez de esta infección y evidencia que las medidas preventivas impuestas por el Gobierno no sirvieron. La ampliación de la emergencia sanitaria (DS N° 002-2023-SA), que la extiende a partir del 25 de mayo por un periodo de 120 días más, demuestra la situación alarmante que estamos viviendo y las limitaciones de la respuesta pública.

Pero ¿qué es el dengue?, ¿y por qué deberíamos darle relevancia al tema? El dengue es producido por la picadura del mosquito, Aedes aegypti, que, a diferencia de otros mosquitos, se ha adaptado a vivir y reproducirse en zonas urbanas muy cerca de los seres humanos.

En la población de la Región Junín existe un grave problema de desinformación. Según el INEI , sólo 6 de cada 100 personas mayores de 14 años conocen cómo se transmite el dengue, reconocen los síntomas, saben qué hacer frente a la enfermedad y cómo deben actuar. Las principales medidas emitidas por las instituciones de salud se centran en medidas de prevención mediante prácticas adecuadas para el uso y almacenamiento del agua. La experiencia muestra la importancia de fortalecer el pilar de la educación en salud, para que la población pueda reconocer los síntomas del dengue y sobre todo los signos de alarma, puesto que ello permitirá que el personal de salud pueda brindar una atención oportuna y evitar que la tasa de letalidad se incremente. Instamos a la población a que se informe y tome las medidas de precaución, así como a acudir a los establecimientos cercanos, si tienen los síntomas del dengue.

Las cifras de la Dirección Regional de Salud de Junín evidencian que en el último mes se han registrado 2034 contagios, es decir, 688 casos más que en el mismo periodo del 2022. La incidencia de éstos se atribuye principalmente a la estrategia del sector, centrada directamente en medidas de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y recuperación. Se trata de un punto importante para el análisis, porque es conocido y se observa que las acciones en materia de salud en el país, son reactivas ante un suceso o acontecimiento, antes que a enfocarse en la prevención y en la promoción de la salud, que resultaría más beneficioso en términos de costo-efectividad y especialmente del cuidado de la población.

Ésta es una debilidad ya observada durante la crisis de la pandemia del COVID-19 y que el MINSA, en articulación con otros ministerios, debiera considerar como prioritaria para sus futuras decisiones y acciones. Es lamentable que no se haya aprendido nada de la experiencia pese a que los establecimientos de salud de la provincia de Satipo ya habían alertado de los primeros casos desde los primeros meses del año; como siempre, si no pasa en las ciudades principales, el Estado hace caso omiso a este tipo de alertas.

En entrevista con un medio de comunicación de la región, el epidemiólogo Gabriel Carrasco Escobar, docente investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dijo que “el cambio climático va a generar que, zonas donde no existía transmisión de la enfermedad, ahora sean favorables para los criaderos de mosquitos. Hay un alto potencial para que este 2023 sea un año epidémico de dengue en la región y va a depender, en gran medida, de las acciones de control y respuesta a brotes”.

En Piura, la región más afectada hasta el momento, los pacientes con dengue son atendidos en carros y mototaxis en los exteriores de los establecimientos de salud. Parece que el riesgo mayor que estaría mostrando dicha región es el del eventual colapso de los hospitales por falta de recursos elementales que pueden impedirles asegurar una atención oportuna y la cobertura que exige una epidemia que crece rápidamente. Esperemos no llegar a esta situación en nuestra región y que las autoridades territoriales desarrollen una estrategia adecuada y tomen decisiones acertadas para enfrentar la enfermedad.

Quedan flotando muchas preguntas que esperamos se resuelvan de la mejor manera para los intereses y necesidades de la población. ¿La región Junín cuenta con todos los recursos disponibles para abordar esta epidemia?, ¿la salud mental de la población y del personal de salud se verá afectada nuevamente?, ¿se están desarrollando nuevas estrategias para fortalecer la prevención del dengue en la región?, ¿el MINSA tendrá los insumos necesarios para su detección oportuna? Finalmente, ¿cuál es el rol de la población en la prevención y atención del dengue?, ¿la población está informada y preparada para una nueva pandemia?

 

desco Opina – Regional / 26 de mayo del 2023

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Las incompetencias y El Niño

Parece bastante lejana la renuncia de Pablo de la Flor a la dirección ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, hace un par de semanas. Recordemos, se quejaba de que la reconstrucción demoraba por la «incapacidad de los gobiernos regionales y locales», un argumento reiterativo de este y los anteriores gobiernos nacionales ante cualquier problema que tengan al frente y no puedan solucionar. Por eso, pasado el tiempo y sedimentadas las pasiones, sería interesante tomar nota de algunos elementos importantes en el contexto de su salida.

Una cuestión de inicio que debe tenerse en cuenta es que en junio si bien teníamos no solo una autoridad para la reconstrucción, sino incluso una ley, aún no había un «plan», afirmándose que estaría listo “a fines de agosto”. El Decreto Supremo que lo aprobaría, se dio recién el 11 de setiembre de este año, es decir, un mes antes de la renuncia de De la Flor.

Luego, cuando la emergencia aún no pasaba, los peruanos teníamos claro que una parte importante de la responsabilidad recaía en el gobierno central pero, en realidad, la reconstrucción debía ser –afirmábamos entonces– una acción coordinada entre todos los niveles del Estado. Asimismo, según la encuesta de Pulso Perú-Datum del mes de abril, también considerábamos –el 88% de los encuestados– que el gobierno central no estaba preparado para estas circunstancias y, por ello, su respuesta ante la emergencia no fue oportuna, según el 82% de los mismos.

En ese sentido, es cierto que los gobiernos regionales y locales no estuvieron entre las entidades mejor valoradas durante la emergencia, pero tampoco lo fueron los sectores del Ejecutivo. Los bomberos, las fuerzas armadas y la policía, en ese orden, obtuvieron las mejores apreciaciones de los afectados.

Por otro lado, siempre hubo muchas dudas sobre la posibilidad de que este proceso se distorsione por la corrupción, dado el ambiente altamente sensible que ha generado el caso Lava Jato y no era, evidentemente, un asunto que podía ser achacado a un ámbito específico del Estado, como quiso afirmar De la Flor cuando refirió a los gobiernos regionales. El 72% de la población opinaba que agilizar los procedimientos administrativos para implementar y ejecutar un plan para rehabilitar, reconstruir y construir infraestructura en las zonas por El Niño costero abriría la puerta a la corrupción.

Incluso, para julio del presente año más de la mitad de los peruanos considerábamos que la reconstrucción no había avanzado lo necesario y el 49% estimaba que no se lograrían los objetivos.

De esta manera, De la Flor careció del adecuado procesamiento de los datos que le estaba ofreciendo la realidad, pues no debió ser difícil tomar en cuenta la alta desconfianza que manifiesta la sociedad peruana hacia todas las instancias del Estado, sin excepciones. Esta situación estructural se agravó aún más al ahondarse en los últimos tiempos la percepción de corrupción.

Es sobre este marco general que los peruanos valoramos la actuación de las entidades públicas que, recapitulando, determina que el 91% de los afectados haya estimado que no recibió ninguna ayuda, según encuesta de CPI realizada en abril de este año. Más aun, según encuesta de GfK, tomada en marzo 2017, en Lima y en los sectores A, B y C se consideraba que los daños fueron causados por la mala infraestructura. En las provincias y en los sectores D y E se asumió que fue la fuerza de la naturaleza.

Entonces, la reconstrucción que llevaba a cabo el gobierno central no estuvo entre sus prioridades, pues en estos meses debió atender situaciones coyunturales que le generaron mucha inestabilidad como la huelga de maestros, la posibilidad de censura de algunos ministros, la desaceleración de la economía, los impactos de la corrupción, etc.

Por otro lado, la reconstrucción buscó legitimar una imagen «técnica» sin tomar en cuenta la diversidad de demandas que manifiesta la población, de acuerdo al territorio que habita. Por ejemplo, en Piura, antes que módulos de vivienda la población demandaba atención de salud. Más aun, encuestas realizadas en esa misma región daban como resultado que el 64,8% de los encuestados aseguraba que no es la reconstrucción el tema más preocupante para ellos, sino la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Solo el 28,0% creía que la reconstrucción de la región era el asunto prioritario.

Asimismo, en Lambayeque, entre mayo y julio, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLP), consultó a 9562 ciudadanos de las tres provincias de la región para recoger sus percepciones. Las tres prioridades para la etapa de reconstrucción eran en primer lugar, la generación de trabajo e ingresos, con el 53.2%; luego, estaba viviendas seguras, con el 52.4%; y en tercer lugar, demandaban mejorar la educación con el 48.5%. El acceso a salud integral, agua potable y saneamiento también aparecían como demandas prioritarias de la población.

En otra región afectada, La Libertad, consideraban que no tenían la información suficiente como para establecer un cuadro de prioridades. El excongresista aprista, Alejandro Santa María Silva, afirmó que ni siquiera se tenía la cantidad exacta de damnificados porque no se hizo la verificación contrastando los datos en cada lugar.

En suma, este diseño ha dado como resultado que en las regiones donde más ha impactado El Niño, haya creciente malestar porque los pobladores sienten que no han sido consultados ni se les toma en cuenta para establecer la programación y la priorización de actividades. Dicho lo mismo en otras palabras, las razones «técnicas» del gobierno nunca se pusieron de manifiesto y sí su dramática incompetencia política lo que, a estas alturas, no es desgraciadamente ninguna novedad.

 desco Opina / 10 de noviembre de 2017