¿Quién define miedos y necesidades?

 

El comportamiento social de los seres humanos como individuos se ajusta a ciertas pautas y normas de comportamiento común. Uno de los temas importantes de ese comportamiento es el correspondiente a la seguridad de las personas, como resultado de nuestros múltiples procederes y conductas en sociedad. La posibilidad de pautar su desarrollo es compleja justamente por la naturaleza humana: el llamado libre albedrío, que explica cómo la conducta humana, individual o grupal, es en gran medida reflejo y consecuencia de la voluntad, aunque en tensión con la influencia de fuerzas externas a la persona y de las condiciones en las que vive.

Nos movemos con dificultad en ámbitos que van desde la seguridad alimentaria, la seguridad medio ambiental, la seguridad jurídica y otras, en la perspectiva de alcanzar la ausencia de riesgo, lo que significa conseguir la confianza en algo o alguien. Son variados los tipos de seguridad que anhelamos que, en su conjunto, apuntan a disfrutar un estado de bienestar individual y colectivo como seres humanos. Los peruanos figuramos como una de las sociedades con menor confianza interpersonal entre todos los países de América y aparecemos entre los últimos a nivel mundial de desconfianza. Nuestros problemas de inseguridad son graves en distintas dimensiones.

Como se sabe bien en la antropología social, la seguridad es una de las necesidades básicas a satisfacer por el ser humano, definidas hace buen tiempo por Bronisław Malinowski, y redefinidas posteriormente por diversos autores como Manfred Max-Neef, quien nos plantea demandas de seguridad en temas como la protección, la subsistencia, la participación, el entendimiento, la libertad, la identidad y el afecto.

En nuestro país los principales enfoques que encausan la búsqueda de la seguridad son los de la gestión de riesgos (principalmente enfocado hacia la prevención) y la seguridad ciudadana (en su dimensión de evitar la delincuencia y la violencia urbana). Lamentablemente, el tema de la seguridad se ha concentrado en atender más la dimensión policial que ocupa a distintas autoridades de los distintos niveles del Estado, descuidando seriamente otras como la Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como clamorosamente ocurre con las NBI de vivienda, de atención en servicios sanitarios, mala educación básica y paupérrimos ingresos económicos mínimos.

El haber invertido y confundido causas, condicionantes y consecuencias de orden estructural y de orden situacional, nos ha llevado a construir un diagnóstico equivocado de la realidad. Así, la problemática de la seguridad se reduce a un tema de resguardo del orden público. En alianza tácita con el gobierno, los medios de comunicación –que viven del amarillismo de las noticias– y muchos alcaldes y otras autoridades sin formación ni capacidades para liderar sus comunidades, se limitan a reducir el problema de la seguridad a un asunto policial.

La declaración de emergencia en dos distritos de Lima, a los que se suma Sullana en el norte del país ha llevado a sacar a las calles a tropas militares para patrullar zonas urbanas “que requieren pacificarse”, en un símil de un escenario de guerra. Esa decisión equivocada del gobierno ha provocado que muchas autoridades del país clamen hoy para que sus distritos y provincias también sean declaradas en emergencia, como si las medidas adoptadas constituyeran un bálsamo de paz. A eso se suma, sin mayor análisis, la población de muchos distritos acicateada por sus miedos comprensibles, exigiendo la presencia del ejército y que se aplique “mano dura” contra la delincuencia. El ánimo general demanda seguridad sin importar que por ello se pierdan libertades fundamentales, que las medidas restrictivas nos obliguen a vivir en un permanente toque de queda patrullados por soldados preparados para la guerra y no para el combate a la delincuencia para restablecer el orden público y la tranquilidad.

Ante este panorama urgen medidas sensatas, practicadas exitosamente en otros países, que pasan por iniciar una profunda reforma de la institución policial que incluya el sistema de formación de la Policía Nacional, su organización y funcionamiento, el reemplazo de personal altamente corrupto y el fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación.

En la urgencia operativa, es claro que necesitamos agentes de inteligencia que permitan golpear a quienes conducen las bandas que se han asentado en el país, en todos los casos en complicidad con muchos malos policías. Tienen que replantearse las estrategias de seguridad a partir de una lectura integral de la realidad que vive nuestra sociedad, golpeada por una de las peores crisis de la era republicana. Es pues así que la inteligencia policial tendría que ser la primera en ser declarada en estado de emergencia.

Finalmente, la declaratoria de emergencia por inseguridad ciudadana, que ahora se aplica mal a un ámbito urbano por el que transitan casi dos millones de personas en Lima, es más de lo mismo que siempre hemos soportado. No existe un plan orgánico bien estructurado, ajustado a cada realidad específica y eso explica en parte por qué todos los operativos anteriores han fracasado estruendosamente; éste no tiene por qué ser diferente con la mirada obtusa que se aplica al tema de la seguridad ciudadana, personal y social.

 

desco Opina - Regional / 13 de octubre de 2023

descoCiudadano

Cada vez más lejos

 

Cuestiones más vendibles porque pueden presentarse de manera más «espectacular», como la declaratoria de emergencia en tres distritos por considerar que la inseguridad ciudadana ha desbordado la capacidad de los agentes públicos que debieran controlarla, pusieron de medio lado la visita al Perú de Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para, entre otras actividades, presentar oficialmente el primer informe económico de la OCDE sobre nuestro país.

El sueño de opio de nuestros gobernantes en la última década ha sido, precisamente, la admisión a dicho espacio, al considerar que así mejoraría nuestra imagen y credibilidad internacional, a modo de un ISO que indicaría al mundo nuestra estabilidad económica, buen gobierno y capacidad para responder eficazmente a las demandas y desafíos económicos y sociales. Esto se vería reforzado porque OCDE, se dice, permitiría el acceso a las buenas prácticas que llevan a cabo los otros países miembros, facilitaría la asistencia técnica y formaríamos parte de una red de cooperación internacional que nos beneficiaría en términos comerciales.

Esta expectativa fue reiterada por la canciller Ana Cecilia Gervasi, cuando afirmó que “el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) permitirá brindar servicios públicos de mejor calidad, así como cerrar brechas estructurales”. Agregó que “la adhesión de nuestro país a dicho organismo brinda un sello de calidad internacional para atraer inversiones que permitan promover un desarrollo inclusivo y sustentable”.

Pero, en extremo diplomático, si bien Cormann refirió que nuestro país avanza a “paso firme” en su proceso de admisión, iniciado en enero de 2022, a renglón seguido desinfló las expectativas al indicar que hay todavía una gran cantidad de pasos que deben darse como los informes que debe emitir una serie de misiones de investigación, otra lista de revisiones de 24 comités de expertos sobre un amplio espectro de temas que incluye políticas públicas, económicas, sociales, ambientales, comerciales, de inversión, gobernanza pública, entre otras. Finalmente, cuando este camino esté recorrido, OCDE dará sus recomendaciones sobre lo que necesita nuestro país para afinar su perfil como socio de este espacio.

Luego, refiriéndose específicamente al informe sobre nuestro país, indicó que necesitamos inmediatamente fortalecer [sic] las oportunidades, restaurar el crecimiento a largo plazo mejorando la productividad y la competencia, hacer progresos en la cohesión social, fortalecer la protección social reduciendo la informalidad, y asegurar que la estructura fiscal y el marco presupuestario continúen siendo sostenibles en el futuro.

¿Qué le preocupa a la OCDE? Fundamentalmente, el crecimiento económico ralentizado, debido al impacto de shocks externos (manifiesto en presiones inflacionistas y alza de precios, que pudieron manejarse gracias al rápido endurecimiento de la política monetaria, esperándose que el BCR mantenga posiciones restrictivas para cumplir con las metas inflacionarias) y las frecuentes catástrofes naturales –intensificadas por el cambio climático– que provocan daños en las infraestructuras, agravan las perturbaciones en la cadena de suministros y contribuyen a la inflación.

En ese sentido, debemos revertir esta situación para generar mejores contextos que permitan satisfacer la demanda de servicios sociales y cerrar la brecha en infraestructura, mejorando la eficiencia del gasto público y elevando los ingresos tributarios. Para ello, debemos implementar urgentemente un programa de reformas estructurales que impulse el crecimiento de largo plazo y permita a Perú “volver a la ruta de la convergencia con los países OCDE, algo que se ha estancado en la última década”.

Estas reformas deben privilegiar el fortalecimiento de la independencia y la eficiencia del Poder Judicial y el avance en la digitalización y la interoperabilidad de los sistemas de información de los tribunales. Asimismo, debe implementarse una estrategia integral para disminuir la corrupción, que obstaculiza la capacidad del gobierno para implementar políticas, recaudar impuestos y hacer cumplir leyes y regulaciones.

En esa línea, OCDE también considera que la existencia de una función pública fragmentada, limita la capacidad del Estado para llevar a cabo la tan necesaria inversión pública y prestar servicios públicos de alta calidad. A su vez, es necesario reestructurar la descentralización fiscal y reducir la informalidad.

En fin, como vemos, el Informe de la OCDE no dice nada que no se haya repetido hasta la saciedad durante las dos últimas décadas, sin ofrecer ningún tipo de evaluación sobre el fracaso estrepitoso de anteriores y densas reformas que alguna vez se hicieron en el aparato estatal peruano. Al respecto, ¿no hubiera sido más valioso que nos indicaran sus apreciaciones sobre las causas de los fracasos que acumulamos, en lugar de alentar improbables logros?

Así, como el extraño caso de Mr. Jekyll y Dr. Hyde, la limitada mirada de la tecnocracia neoliberal ha permitido que nos cercioremos de que, en realidad, no era el par antagónico de lo que en su momento denominaba “burocracia mercantilista”, sino su otro yo.

Como señaló el recordado David Graeber, “La ley de hierro del liberalismo dicta que toda reforma del mercado, toda iniciativa del gobierno dirigida a reducir trámites burocráticos e impulsar las fuerzas del mercado tendrá, como efecto final, el aumento del número total de regulaciones, la cantidad total de papeleo y la cantidad total de burócratas que emplea el gobierno.”

Además, en este discurso que busca abrumar con sesgos «técnicos» ¿dónde están los ciudadanos y las ciudadanas? Porque, anotamos, la eficiencia en la respuesta del Estado no puede ser, de ninguna manera, solo un indicador que se otorga la propia burocracia para el control de la acción que debe llevar a cabo, sino, sobre todo, la apreciación del que tiene derecho a ser respondido por el Estado en sus demandas y expectativas, es decir los ciudadanos y las ciudadanas.

 

desco Opina / 6 de octubre de 2023

El estigma del aborto terapéutico

 

En julio pasado, el caso “Mila” captó la atención de la opinión pública. Como lamentablemente se ha hecho habitual, los medios periodísticos mostraban el caso de una niña de 11 años, embarazada como consecuencia de una violación dentro de su entorno cercano. El calvario de agresiones sexuales en contra de esta niña se inició varios años antes, pero la madre nunca había denunciado al padrastro victimario, por temor a las amenazas. Por otro lado, aduciendo que no había suficientes elementos de convicción, un juez dejó en libertad al violador, obligándole tan sólo a una comparecencia periódica en el juzgado, sumado a ello la Unidad de Protección Especial (UPE) de Loreto, no activó el Protocolo Base de Actuación Conjunta para casos de violencia sexual, es decir, no la derivó a un establecimiento del MINSA, ni mencionó a la familia de la víctima la posibilidad de solicitar la aplicación del aborto terapéutico por los riesgos en la salud de la niña.

Según la legislación peruana, el aborto provocado está penalizado, sin embargo, desde 1924 existe el derecho legal al aborto terapéutico cuya guía de aplicación recién fue aprobada en el 2014, guía médica que establece los parámetros para su aplicación y en donde, lamentablemente, no se consideran los casos de violación, ni mucho menos se establece diferenciación por la edad de la gestante, a pesar de que los riesgos en la salud para una madre niña o adolescente, aumentan conforme avanza la gestación debido a que ni física ni psicológicamente están preparadas para enfrentar este estado, más aún si es consecuencia de una violación sexual. Cabe resaltar que la principal causa indirecta de mortalidad materna de adolescentes es el suicidio (10%). A pesar de todos los riesgos físicos y sicológicos, la Norma Técnica para Servicios Diferenciados de Salud para Adolescentes no alude al aborto terapéutico y no se entiende el por qué, habiendo muchos antecedentes fatales.

En 2017, una adolescente de 13 años falleció al dar a luz y haber entrado posteriormente en coma en un hospital de Ica. La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) investigó lo ocurrido, pero nunca se hizo público un informe. A las adolescentes K.L. y L.C. el Estado peruano les negó el 2001 y 2007 respectivamente, la posibilidad de interrumpir un embarazo que afectaba de manera grave su salud física y mental. L.C. fue víctima de violación de la que quedó embarazada a los 13 años. Tuvo un intento de suicidio arrojándose desde un edificio, hecho que le produjo una paraplejía. K.L. quedó embarazada a los 17 años, pero una ecografía mostró que el feto tenía condición anencefálica y ante ello solicitó interrumpir su embarazo; sin embargo, se le negó esa posibilidad, dando a luz a una niña que vivió tan solo cuatro días. Estos hechos causaron que la joven se sumiera en un estado de profunda depresión.

Debemos resaltar que Perú fue condenado por comités internacionales a pagar reparaciones civiles por vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de ambas adolescentes. El caso de Camila no es distinto a los anteriores. Una niña indígena apurimeña de 13 años víctima de violación e incesto a quien se le negó el derecho al aborto terapéutico, y luego de tener un aborto espontáneo, fue acusada y condenada por el delito de autoaborto. Hace pocos meses, el Estado Peruano fue declarado culpable de haber violado los derechos a la salud y a la vida de Camila por no brindarle el acceso al aborto legal y seguro. La sentencia fue emitida por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Otro caso lamentable es el de una menor de 9 años de Pucallpa. Ella llegó a un centro de salud por un embarazo y el médico no le ofreció información sobre cómo acceder a un aborto terapéutico ni se activó una actuación conjunta con la policía para denunciar al agresor; no fue hasta que el gobernador se enteró que se realizó la intervención como correspondía. Las cifras muestran que entre 2003 y 2022 solo dos niñas de 11 años o menos lograron acceder al aborto terapéutico en los hospitales del MINSA, esto a causa de la negativa de las autoridades y el temor de las víctimas y sus familiares a la criminalización por la decisión tomada. Solo entre 2012 y 2022, según los datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, 68 niñas de 10 años o menos fueron forzadas a ser madres en el Perú.

En nuestro quehacer cotidiano en los distritos y comunidades de selva central, hemos sido testigos de muchos casos como el de Mila que no alcanzan justicia y que posiblemente se vean expuestas a recurrir a riesgosos canales clandestinos de interrupción de embarazos no deseados. Recientemente, hacia inicios de setiembre, tres nuevos casos de embarazo de niñas de 11 años debido a violación se presentaron en Ilo, Tingo María y Huaraz, siendo el último el más grave ya que la menor tuvo que ser trasladada a Lima para para ser evaluada en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP).

El desenlace del caso Mila, quien logró acceder a un aborto legal y seguro, ha despertado reacciones de sectores conservadores y religiosos, quienes ponen en segundo plano los derechos de las adolescentes víctimas, olvidándose que en el Perú, cualquier relación sexual con una menor de 14 años es considerada una violación; por lo tanto, todos los embarazos de niñas y adolescentes menores de 14 años son producto de violaciones sexuales. Vivimos en una sociedad en la que, tristemente, se ha naturalizado el hecho de que una niña tan pequeña sea sujeta a una maternidad forzada. El derecho a la vida posiblemente sea difícil de ser cuestionado, pero bajo esa premisa de moralidad no se puede condenar a sufrimientos o a la muerte a personas inocentes, por causa de un Estado que no tiene la voluntad para reconocer el derecho a una vida libre de toda forma de violencia. La justicia no puede ser catalogada de moral o inmoral, sólo tiene que ser justa.

 

desco Opina – Regional / 29 de setiembre del 2023

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