Pandemia, derechos y debate electoral

 

La pandemia tiene la virtud de mostrarnos una idea más sincera de nosotros que la deparada por la fantasía neoliberal. Es cierto que los latinoamericanos dejamos de ser tan pobres como éramos décadas atrás, pero seguimos mostrando enormes desigualdades que nos hacen, como siempre, el territorio más inequitativo del planeta.

Aún más, nuestras brechas tienen poca o ninguna relación con las orientaciones ideológicas: ni los países neoliberales a rajatabla, como el nuestro, ni aquellos que buscaron aplicar modelos alternativos desde el campo del progresismo, podrían aseverar que tienen entre manos mejores resultados al respecto.

En esa línea, algo sustancial en los actuales momentos, es el concepto de fragilidad. Para el Banco Mundial, refiere a “países con problemas de gobernanza profunda y debilidad institucional del Estado, identificados con indicadores basados en políticas y gobernanza. Las situaciones frágiles se caracterizan por grandes malestares sociales y/o niveles de exclusión, falta de capacidad y prestación limitada de servicios básicos a la población”.

Además, “las situaciones frágiles tienden a caracterizarse también por la incapacidad o falta de voluntad del Estado para administrar o mitigar riesgos, incluidos los vinculados a lo social, económico, político, de seguridad o ambiental y factores climáticos”.

En suma, los países frágiles empezaron a ser definidos, esencialmente, como carentes de la institucionalidad suficiente para superar problemas crónicos y enfrentar circunstancias de crisis con un adecuado manejo de los riesgos. En ese sentido, dado que los indicadores que se manejan a este nivel son nacionales y, por lo mismo, muy agregados como para apreciar de mejor manera cada caso particular, el Perú no aparece en el radar de los Estados frágiles de OCDE.

Pero, sería necio creer que al no estar en las apreciaciones de OCDE hemos empezado a superar nuestros problemas históricos. Sin lugar a dudas, la pandemia revela que nuestras fragilidades están por el lado de las crecientes brechas existentes entre los diferentes grupos sociales, diversidad de economías, género, edades, accesibilidad a servicios, territorios, hábitat, entre otros aspectos que no serán visualizados apropiadamente en las estadísticas nacionales agregadas.

Lo sensato es asumir un escenario como lo describe Martín Hopenhayn, para quien entre “los problemas candentes de la cohesión social en América Latina”, está “la negación del otro como marca secular de ciudadanía incompleta”. Y agrega: “En América Latina el tema de la exclusión y de la falta de ciudadanía efectiva hunde sus raíces en un patrón histórico dominante (…) mientras se impuso –o se impone– una racionalidad cultural basada en la negación del otro, se impuso o se impone también la negación del vínculo social y ciudadano de reciprocidad. No es solo que los grupos discriminados tienen acceso más precario a la educación, el empleo, y los recursos monetarios. También padecen la exclusión por falta de reconocimiento político y cultural de sus valores, sus aspiraciones y sus modos de vida”.

Así, la coyuntura marcada por la pandemia del Covid-19, debería ser analizada bajo este marco, y el ejercicio seguramente revelará cuestiones críticas, de enorme importancia y que, desgraciadamente, no forman parte del debate electoral ni por asomo como, por ejemplo, lo inmensamente pernicioso que es mantener privatizados sectores cruciales para el ejercicio de los derechos, Salud en nuestro caso.

 

 

desco Opina / 12 de marzo de 2021

Nuevas agendas por las mujeres

 

En un contexto de fiesta electoral con candidatos y candidatas debatiendo sus propuestas de futura acción parlamentaria y presidencial, nos preguntamos por la agenda que deben llevar al próximo Congreso, en especial sobre asuntos preocupantes que afectan al grupo vulnerable más numeroso del país y de nuestra ciudad: las mujeres.

¿Qué demandan las mujeres de Lima? El instrumento recientemente presentado, Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima, exige esencialmente avances concretos hacia la igualdad, que permita a las más invisibles de la sociedad salir adelante con sus familias y hacer realidad el buen vivir, tras la pandemia. La pregunta ¿quiénes demandan? nos remite al rol crucial de las organizaciones de mujeres que, conocedoras de la realidad, enfrentan la pandemia en una “primera línea verdadera pero invisible” y aportan información precisa sobre las necesidades urgentes de atender y el abordaje pertinente.

Para las mujeres organizadas de 19 distritos de Lima, una agenda por las mujeres debe abordar problemas medulares que limitan el derecho a la ciudad de todas y todos por igual. Una ciudad tan diversa como el país, cuyo territorio alberga gente en zonas planas, laderas y riberas, donde se gestan propuestas de solución. Es así que las prioridades de la Agenda política de las mujeres edifican una ciudad que permita encuentros en igualdad.

Que la ciudad provea a sus vecinas de suficiente y eficiente seguridad ciudadana, en todos los ámbitos, protegiéndolas de las múltiples violencias por género, con sistemas de alerta ciudadana, medios virtuales y móviles accesibles, impulsando soluciones comunitarias y redes de apoyo, capacitadas para atender a las víctimas de violencia, con casas refugio y trabajo educativo a todo nivel. Y, sobre todo, con barrios, viviendas, espacios habitables, saludables y amigables.

Tras 25 años de las acciones impulsadas por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de su resolución histórica, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, habría que preguntarnos también por las brechas aún irreductibles, mirar de cerca el impulso del Foro Generación Igualdad y “el conjunto de acciones concretas, ambiciosas y transformadoras para lograr un efecto inmediato e irreversible en pos de la igualdad de género”.

Mientras las mujeres peruanas forjan familias, emprendimientos, industrias, ciencia, claman que el Estado garantice su rápida adaptación a los cambios radicales del mercado laboral que la pandemia ha planteado en el Perú y en el mundo. Es urgente y nos encaminará a la igualdad al 2030 con “empleos nuevos para nuevas realidades”.

En una ciudad con casi diez millones de habitantes como Lima, urge a las mujeres y sus familias el fomento de la vivienda digna, en espacios con adecuadas condiciones, con asistencia técnica profesional provista por el Estado para las familias que siguen autoconstruyendo. Para ello es necesaria una mayor inversión pública y privada en la vivienda de las grandes mayorías, a la par de la inversión en la seguridad ciudadana.

Lograr avances en la igualdad requiere mejorar el sistema político peruano garantizando la participación real de las mujeres, visibilizando atentados contra su representación o denunciando el acoso político. Para ello, es fundamental reforzar los espacios de formación, diálogo e intercambio de saberes de lideresas, para erradicar las decisiones machistas en partidos políticos, dirigencias de barrios y en los hogares.

El desafío pendiente de articular a la sociedad civil para asegurar el acceso de las mujeres a proyectos de normas y presupuestos que incluyan sus demandas a nivel distrital metropolitano y nacional, con liderazgos de mujeres en gestión local con formación política, debe ser analizado, 25 años después de la Declaración de Beijing.

Siendo las más afectadas por la desigualdad espacial, urge planificación urbana para un desarrollo sostenible y equitativo de la ciudad, las mujeres participando como agentes de justicia espacial y ambiental, con más áreas verdes públicas, agricultura urbana y reciclaje eficiente del agua.

Construir, preservar y reforzar los espacios (virtuales) de encuentro de mujeres organizadas, en todas las etapas de vida, corresponde al Estado, pero nos toca a todas: que la experiencia y sagacidad de las lideresas nutran los nuevos análisis y diagnósticos integrales, para orientar las decisiones políticas públicas ante las diversas necesidades. La Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima está abierta al aporte colectivo y sus ejes deben ser considerados en las propuestas de normas y en el efectivo cumplimiento de las mismas. El trabajo en alianza de las organizaciones vecinales de todas las zonas fortalece la voz y las iniciativas, por ciudades equitativas, con espacios para promover el empoderamiento, autonomía económica, física, cultural y política de las mujeres.

Así estamos, llegando al 8 de marzo, decíamos, con reconocimientos justos y merecidos y con muchas luchas todavía por librar para avanzar, un poco al menos, hacia una sociedad bicentenaria que garantice el derecho a la ciudad, de las mujeres, también.

 

desco Opina - Regional / 5 de marzo de 2021

descoCiudadano

A seis semanas de las elecciones, así son las cosas

 

El escándalo de las vacunas es un nuevo golpe a la desconfianza que se ha instalado en nuestra sociedad y que está significativamente en la política, pero va mucho más allá de ella, es muy profunda y de larga duración. Si la última versión del Barómetro de las Américas nos mostraba como el país de la región con menor apoyo al sistema político (41.7%) y aquél donde el 95% de los encuestados creía que la mitad o más de los políticos son corruptos; el Latinobarómetro evidenciaba para el mismo período que el 85% de encuestados consideraba que la democracia era el gobierno de los poderosos para su beneficio y, lo que es más grave, apenas el 11% creía en la confianza interpersonal. Para que no queden dudas, a inicios de la pandemia (marzo 2020), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), nos indicaba que los partidos políticos eran la institución que generaba menor confianza en la gente (3%), superados apenas por el Congreso de la República (4.3%).

En este marco en el que se desconfía de instituciones públicas y privadas, pero tampoco se cree en la gente, los sucesos de los últimos días abundan en argumentos en esa dirección. Más allá de cargos, trayectorias, ocupaciones y responsabilidades, e independientemente de prestigios y reconocimientos previos, resulta muy difícil encontrar razones para la fe en el otro, menos aún en instituciones públicas que a lo largo de décadas nos acostumbraron al desengaño, o de importantes sectores privados que, en la pandemia –por si hiciera falta– revelaron su entraña.

Si la revelación de lo hecho por Martín Vizcarra, dos exministras, varios viceministros y muchos altos funcionarios era escandalosa, pero no una sorpresa total, la irresponsabilidad de los científicos a cargo de los ensayos de Sinopharm y de algunas de las principales autoridades de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, dos de las más importantes y prestigiadas del país, es un golpe particularmente duro, como lo es encontrarse con el Vicepresidente del propio Colegio Médico. Por cierto, más duro que descubrir en la lista de privilegiados por sus contactos y vínculos con el poder a una conocida lobbista, a la plana mayor de un prestigioso laboratorio clínico o a los parientes y amigos de los funcionarios más visibles e importantes de la lista.

Más allá de la total falta de ética y de la responsabilidad más elemental, aunada en varios casos al probable delito y a la traición a distintos juramentos –desde el político hasta el hipocrático–, lo que llama la atención e indigna más, son las explicaciones y justificaciones que han dado varios de los distintos involucrados e involucradas. Desde el miedo hasta el ya tristemente célebre «así funcionan las cosas», asistimos a una dramática normalización del todo vale y el sálvese quien pueda, –presentes a lo largo de nuestra historia republicana e incentivada por el discurso individualista y exitista del neoliberalismo peruano, sustentado en los intereses particulares y de corto plazo tanto como en el amiguismo y el compadrazgo–, que cada día hace más difícil imaginar y construir un futuro político común y un sentido mínimo de país.

Así las cosas, a seis semanas de las elecciones, el desánimo y el desinterés en ellas que registran las últimas encuestas realizadas antes del escándalo –Datum muestra que apenas el 18% tiene su voto decidido, CPI encuentra que el 48.9% votará en blanco o no sabe por quien hacerlo–, puede agravarse en los próximos días. Ipsos Apoyo encontraba que la desaprobación del presidente Sagasti (51%) ya era mayor que su aprobación, que el porcentaje de gente que no sabe por quién votará o lo hará en blanco o viciado creció cuatro puntos en relación a enero, donde 38% en el medio rural, 37% en el norte del país y 42% en el estrato E, se encuentran en esa situación.

En este escenario, el aprovechamiento político y mediático del escándalo, que no niega la urgencia de una investigación inmediata y de las sanciones más duras posibles de acuerdo a la responsabilidad de cada quien, no alcanza a esconder las profundas raíces del patrimonialismo, enquistado en todos los sectores y espacios de nuestra vida, no sólo en la política; menos aún, las debilidades de nuestro tejido social que no termina de salir de su mezcla de sorpresa, indignación y pesar por comportamientos que se expresan diariamente en el funcionamiento de la sociedad, la economía y la política. En un contexto de esta naturaleza, frente a límites y desafíos de este calado, no debe sorprendernos la distancia que la gente muestra de unas elecciones que no parecen encaminadas a atender nuestros problemas de fondo.

 

desco Opina / 26 de febrero de 2021