viernes

Palo y zanahoria



El primero para el hermano, la segunda para el Presidente. ¿Dos fases de una misma táctica o un único desvarío keikista cuando todo ha empezado a irse de las manos para el Ejecutivo, la oposición fujimorista y, especialmente, al poder económico del país?
En el momento en que nadie habla de recesión económica pero todos sabemos que hemos ingresado a dicho agujero negro, e inmediatamente luego de que la mayoría fujimorista busca retomar algún orden perdido con la remoción del ahora ex Contralor de la República, Keiko Fujimori se dirige a PPK, pidiéndole concertar una reunión en la que sería un “honor contar con la presencia del Dr. Luis Bedoya Reyes”.
Señaló que dicho encuentro era para “propiciar una atmósfera favorable a revertir la situación en la que nos encontramos”, signada por la reconstrucción y la lucha contra la corrupción. Luego, cortésmente, PPK pondría de lado la presencia de un tercero e insistiría en colocar lo convenido en el fantasmal espacio del Acuerdo Nacional.
Mientras tanto, Fuerza Popular le abrió un proceso disciplinario a Kenji Fujimori quien, en las últimas semanas, ha hecho evidentes esfuerzos para aparecer distanciado de las posiciones de su hermana y gran parte de la bancada parlamentaria a la que pertenece, criticando la labor del Congreso, pedir la reestructuración de su partido y mostrando inocultables simpatías por el gobierno de PPK.
Para los congresistas fujimoristas, como Rosa Bartra, ya era tiempo que Kenji “actúe con madurez y con respeto por la organización a la cual pertenece”. De igual manera, para Carlos Tubino, también congresista de FP, los pronunciamientos de Kenji Fujimori, estaban “afectando a la unidad del grupo” y “por unanimidad ha sido acordado que se debe abrir un proceso disciplinario”.
En cualquier caso, un primer resultado de estos golpes de timón ha sido que el premier Zavala permanecerá aún en su cargo. Días atrás, los voceros fujimoristas habían vuelto a tocar los tambores de guerra teniendo como pretexto nuevos audios donde el ex contralor Alarcón y los ministros Thorne, Vizcarra y Zavala conversaban en torno a Chinchero sin mayores consecuencias, aunque eso fue suficiente para que volvieran a blandir las amenazas de censura. Como afirmó Rosa Bartra, "Por lo mismo (por unos audios) le pedimos la renuncia a Alfredo Thorne. Si estamos hablando del mismo tema, es natural que haya una consecuencia. Nosotros tenemos el celo para que el Estado recupere la credibilidad, por eso necesitamos explicaciones claras".
Por otro lado, llama la atención que el indulto a Alberto Fujimori no sea un tema explícitamente puesto en la mesa por su hija. Más aun, esto puede asociarse a las declaraciones hechas por otra integrante de la bancada fujimorista, Úrsula Letona, sobre este asunto: “si Fujimori fuese indultado debería optar por no hacer política [...] Es importante tener en claro que él ya no debería hacer política activamente porque puede prestarse a un juego perverso de manipulación de quienes creen que él no debería salir”.
Todo lo expresado y actuado desde la cúpula del poder político del país pareciera ser razonable. Sin embargo, hay varias cuestiones que debieran tomarse en cuenta como, ¿qué espera Keiko de PPK y viceversa? A su vez, asociada a esta interrogante, ¿qué esperamos con la llamada al orden a Kenji? De las respuestas que obtengamos podríamos deducir lo que quedaría en el orden de los deseos y lo que podríamos asumir como factible.
Bajo esta lógica, es muy difícil que de dicha reunión en las alturas emanen directivas que alguna instancia operativa plasme en resultados, sencillamente porque éstas no existen. Entre el espacio generado por Keiko y PPK, los grupos y subgrupos congresales, las estructuras partidarias (si existen) y los activistas políticos regionales y locales no hay articulaciones que valgan ya que existen guiados solamente por sus propias inercias. Si PPK considera que este dato de la realidad podrá ser superado recurriendo al Acuerdo Nacional, solo estamos agregando más problemas.
Así, veamos entonces qué depara los acuerdos respecto a mejores manejos de una situación cada vez más empantanada, que pone a prueba la soportabilidad tanto de los que tienen la manija del país, como de aquellos que no formamos parte de estos grupos. Todo parece indicar que será poco o nada lo que podrán lograr.

desco Opina / 6 de julio de 2017

La tentación del sillón municipal



En un año pre electoral es habitual que quienes tengan aspiraciones de ocupar alcaldías –a fin de colocarse en la vitrina popular–, inicien procesos o campañas de desprestigio contra autoridades y funcionarios en ejercicio con el afán de presentarse ante la opinión pública como el mesías del desarrollo local. Lo que no deberíamos aceptar como natural –ni deseable– es el alto número de denuncias, investigaciones o sentencias judiciales que tienen como protagonistas centrales a las autoridades ediles y funcionarios municipales de puestos de confianza. Esta situación está presente en todas las jurisdicciones del país y la región Junín no es un caso excepcional. Allí, el  gobernador regional viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos.
Un breve recorrido panorámico por las provincias de la región Junín nos permite concluir que hay muchos alcaldes y funcionarios municipales que se encuentran bajo investigación, afrontando denuncias penales, apelando sentencias en su contra o en prisión. Iniciemos nuestro periplo en Huancayo provincia capital de la región; los regidores han denunciado penalmente al alcalde y sus funcionarios por abuso de autoridad y falsificación de documentos. En El Tambo, el distrito más grande de la ciudad de Huancayo, se ha solicitado la vacancia del alcalde supuestamente por favorecer a ciertos regidores. Por otro lado, lo más resaltante en el escenario noticioso del centro del país, debe haber sido la movilización de los pobladores de la provincia de Tarma, cuyo alcalde Luis Palomino Cerrón es cuestionado por el incumplimiento de obras que fueron comprometidas durante la campaña electoral, así como por atentar contra el patrimonio cultural de la provincia. Esta movilización social que bloqueó los accesos hacia la selva central, sólo pudo ser apaciguada con la participación de una delegación de la PCM.
Chupaca es otra muestra; pesa contra su alcalde provincial una acusación fiscal por comisión de delito ambiental por el botadero de residuos sólidos ubicado en el paraje “Capish Tushuna” en el barrio Común, mientras que en Concepción, el alcalde provincial está en problemas desde noviembre del 2016 acusado por un supuesto desvío de los fondos municipales.
En la selva de Junín ocurre lo mismo, el alcalde de Chanchamayo, Hung Won Jung, quien ejerce su segundo período consecutivo se halla inmerso en una serie de cuestionamientos y acusaciones por el presunto delito de colusión agravada en la compra de maquinaria pesada que han derivado en una orden judicial de internamiento preventivo por nueve meses. Otras decisiones judiciales referidas a esta provincia involucran a los alcaldes de los distritos con la mayor densidad poblacional, Pichanaqui y Perené, ambos con sentencias y el segundo de ellos en prisión.
En la selvática provincia de Satipo, en el año 2016 varias de las actuales gestiones distritales han enfrentado procesos de revocatoria que no han prosperado porque a los iniciadores les ha resultado imposible cumplir con la meta de adherentes para exigir la consulta popular. No obstante, muchas de estas movilizaciones revocadoras –sobre todo en el caso del distrito de Pangoa– han sido impulsadas por los políticos que no alcanzaron la simpatía electoral en el proceso del 2014, que los motivó a declarar una ‘guerra frontal’ iniciada aún antes que las autoridades electas asumiesen el cargo. Es distinto el caso del exalcalde de Coviriali César Jesús Gallardo Álvarez, que fuera capturado en Lima luego de varios meses en situación de prófugo tras haber sido sentenciado por apropiación indebida de más de 60 mil soles, producto de la sobrevaloración de la obra del ‘Sistema integral de residuos sólidos’.
Este permanente huayco de denuncias y movilizaciones de rechazo contra autoridades y funcionarios municipales de la región Junín, se podría mal entender como resultado de un supuesto crecimiento en la eficiencia del control ciudadano sobre el aparato público local. Sin embargo, pocos se preocupan por el debilitamiento de la credibilidad del sistema democrático que esto acarrea. Frases como “roba pero hace obra” se relacionan con “todos roban, así que hay que votar por el menos ladrón”.
La ausencia de una estrategia nacional de formación técnica para el ejercicio del gobierno local viene siendo consecuente con la pérdida de la confiabilidad en la democracia. Quienes ya están en carrera por los sillones municipales no se detienen a avizorar su futuro en relación con sus capacidades o las de su equipo de campaña. Lamentablemente, muchos de los que hoy se hallan en situación de investigados o apelando sus sentencias, buscan postular a otros cargos políticos dentro de la región o su provincia.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2017
Programa Regional Centro

Caldo de cultivo



Desde casi hace un año en el Perú vivimos atrapados en un enfrentamiento entre el Poder  Ejecutivo y la mayoría que controla el Poder Legislativo, sin puentes que permitan estabilizar la gobernabilidad. Si bien el reciente episodio de retiro de confianza al ministro de Economía se ve como más de lo mismo, lo cierto es que es un ambiente cada vez más enrarecido.
Por un lado, el mito del «gabinete de lujo» ha naufragado en un descomunal desorden, expresado no solo en marchas y contramarchas como las de Chinchero, o en las continuas concesiones al chantaje fujimorista, sino en una preocupante parálisis económica. El fujimorismo, por su parte, no parece interesado en medir el costo político de sus agresiones al gobierno de PPK y es incapaz de levantar propuesta alguna o de usar su fuerza en el Congreso para algo que no sea entorpecer al Ejecutivo y restarle oxígeno al gabinete Zavala.
Mientras ello ocurre, las calles y la vida cotidiana del país nos llenan de señales del malestar en la ciudadanía, que sin embargo, no merecen suficiente atención en los medios o en la agenda política gubernamental. Es como si en el país que habitan PPK y el fujimorismo no existieran damnificados por los efectos del Fenómeno de El Niño Costero en el norte del país –quienes aún no sienten la ofrecida Reconstrucción con Cambios–, como si no estuvieran en curso los paros regionales de Tumbes y de Andahuaylas, o como si no estuviera sobre la mesa la llamada «Ley Pulpín 2», punta de lanza de una seria reforma en materia laboral.
Se podría creer que la desconexión entre la política del centro de Lima y la del resto del país, o el inmovilismo en materia económica son dos flancos por los que se podrían abrir paso fuerzas que cuestionen el estado de cosas y propongan salidas que incorporen las demandas de la gente. Pero la verdad es que quienes están fuera del choque entre el gobierno y el fujimorismo, son incapaces de abrir un debate serio y responsable que, entre otras cosas, discuta los límites de la política económica actual y le dé protagonismo a las necesidades de la gente. La izquierda parlamentaria, ocupada en sus minúsculos conflictos internos, se ha mostrado incapaz de representar con altura a sus electores.
¿Es posible alguna salida positiva de este estancamiento? ¿Cómo darle lugar a las demandas reales por empleo, mayores ingresos y seguridad? Si la queremos democrática, la salida deberá alimentarse de una creciente participación de los sectores medios y populares. Es urgente por ello que quienes creen representar a estos sectores asuman compromisos de movilización ciudadana y se muestren como opción. De otro modo, seguirán su avance quienes pretenden representar no los intereses, sino los miedos de la gente, alentando el conservadurismo moral, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y el racismo, alimento del fascismo social que está engendrando esta desconexión entre sociedad y política.

desco Opina / 23 de junio de 2017