Las últimas semanas, el complicado escenario nacional de la crisis política se ha visto agravado por la reactivación de los conflictos en las áreas de explotación minera de Cuajone y las Bambas; la primera de la empresa norteamericana Southern Perú en la región Moquegua, la segunda de la empresa china MMG Las Bambas, en Apurímac.
En el caso de Cuajone, las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala iniciaron su acción de reclamo cerrando la compuerta del reservorio Viña Blanca que abastece el agua para el consumo humano del campamento donde se alojan las familias de los trabajadores, así como para las labores mineras del yacimiento, obligando a la empresa a paralizar operaciones. La demanda principal de las comunidades es una compensación de 5000 millones de dólares y una participación del 5% de las utilidades anuales de la compañía, por el “uso de los recursos de la comunidad y la afectación a los mismos por la contaminación” durante las siete décadas que viene operando la mina.
En el caso de Las Bambas, en esta ocasión, el conflicto se desencadena por la ocupación de un área comprendida en la concesión minera por parte de alrededor de 200 comuneros de la comunidad de Fuerabamba en el distrito de Chalhuahuacho, bajo el argumento que los terrenos que la empresa compró para su reasentamiento no están saneados y los propietarios originales, comuneros de Quila y Chaquilla, los habrían desalojado.
MMG Las Bambas ha paralizado las actividades desde el 20 de abril. El 27 de ese mes, los comuneros que ocuparon los terrenos de la concesión fueron desalojados violentamente por las fuerzas policiales y el personal de seguridad de la empresa, declarándose el estado de emergencia en dos distritos. La empresa sostiene haber comprado en el 2013 los terrenos ocupados pagando un monto de 122 millones de soles y 100 millones adicionales en el 2017.
El giro preocupante y peligroso que han tomado los conflictos en esta última etapa es el involucramiento de los trabajadores de las empresas mineras en contra de las comunidades; en el caso de Cuajone, con su movilización hacia la zona del reservorio para abrir las compuertas y, en Las Bambas, mediante la realización de movilizaciones en la ciudad de Lima en contra de las demandas comunales. Un enfrentamiento de esta naturaleza puede tener imprevisibles consecuencias en el escalamiento de la conflictividad y la violencia, además de evidenciar la incapacidad del Estado para cumplir su rol de mediación y autoridad, como resultado de las fracasadas mesas de diálogo a lo largo de todos los años de ambos conflictos.
Estos recurrentes conflictos en las zonas de explotación minera, más allá de los dos casos que acabamos de reseñar, ponen en debate la confrontación permanente entre empresas y comunidades para acceder o participar directamente de los recursos de la renta minera ante la ausencia del Estado en esos territorios, proporcionando por lo menos, condiciones mínimas de cobertura en los servicios básicos de educación y salud. Este propósito, en la práctica, cobra mayor importancia que las demandas ambientales.
La distribución del canon minero que representa el 15% de las utilidades de las empresas mineras, esto es la mitad del 30% que aquellas tributan por el impuesto a la renta como cualquier otra empresa del país, ha fracasado como medida de compensación satisfactoria ante las necesidades de las poblaciones asentadas en las áreas de influencia de los yacimientos mineros en explotación. Este fracaso es atribuible en buena medida a las entidades encargadas de la gestión de los recursos del canon: los gobierno regionales y municipales, que han demostrado una incapacidad para formular y ejecutar proyectos priorizados en función de lograr impactos para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer los procesos productivos locales. En la práctica, los recursos se han dispersado en pequeñas obras de fierro y cemento asociadas al ornato o a infraestructura urbana con un sentido clientelar y un alto componente de corrupción, como se evidencia con los innumerables casos de autoridades denunciadas por la Contraloría General de la República y sancionadas por el Poder Judicial.
La pregunta que surge a estas alturas es si es suficiente la contribución de las empresas mineras al desarrollo del país y sus zonas de influencia.
Los últimos años el tema estuvo en la agenda nacional. Inicialmente, desde las ofertas de Alan García de poner impuestos a las sobreganancias que culminaron con el poco relevante “óbolo minero” administrado finalmente por las propias empresas mineras a través de fundaciones ad hoc. La misma oferta de Ollanta Humala, culminó en el establecimiento de una nueva regalía minera, que recauda menos que la antigua, y recentralizó parte de los recursos que recibían las regiones con el impuesto especial y el gravamen especial a la minería. En el gobierno actual, el ofrecimiento de una reforma tributaria que comprendía, entre otras medidas, un incremento de impuestos a los actuales precios extraordinarios de los minerales y el anuncio de la revisión de los contratos ley, quedaron frustrados por la debilidad del gobierno y la negativa del Congreso de la República a dar curso a las iniciativas planeadas por el entonces ministro de economía Pedro Francke.
Creemos urgente y necesario un debate nacional sobre la contribución de la minería al desarrollo nacional y la revisión de sus condiciones tributarias, pues hasta los organismos multilaterales consideran preciso incrementar sus cargas tributarias para enfrentar los efectos de la pandemia. Yendo más lejos, podríamos evaluar la posibilidad de la participación del Estado en la explotación de los recursos a través de empresas mixtas con presencia mayoritaria de la inversión privada, pero accediendo a una mayor participación en la renta minera proveniente de estos recursos no renovables y patrimonio de todos los peruanos, lo que exigiría un indispensable cambio constitucional.
desco Opina – Regional / 13 de mayo del 2022
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