Cruzando el desierto, nuevamente

 

Mostrar lo malo que será probablemente el comportamiento económico en el 2024, esconde lo peor que contienen esas cifras y, más aún, que algunas expectativas como el posible aumento de las plazas laborales, que simplemente no pasan del buen deseo y la fe en el destino.

A mediados de diciembre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entregó su último informe anual 2023, en el que señala que la región mantendrá su bajo crecimiento, la desaceleración en la creación de empleo, la persistencia de la informalidad y de las brechas de género, entre otros efectos.

Según el secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, en promedio América Latina y El Caribe creció 2,2% en 2023 y estima un 1,9% en 2024, aunque el desagregado subregional muestra comportamientos diferenciados. Si bien todas las subregiones mostrarán el 2024 un menor crecimiento respecto al 2023, América del Sur solo crecería un 1,5% (3,8% en 2022); el grupo conformado por Centroamérica y México, un 3,5% (4,1% en 2022), mientras que El Caribe (sin incluir Guyana), crecería un 3,4% (6,4% en 2022).

Estas proyecciones reflejan, entre otros factores, el limitado impulso que proviene desde la economía mundial. Aunque la inflación ha disminuido, las tasas de interés de las principales economías desarrolladas no se han reducido, por lo que los costos de financiamiento se han mantenido en niveles elevados todo el año y se espera que continúen así durante los próximos años.

Sin embargo, no toda la explicación puede volcarse a los factores externos. El bajo crecimiento también responde al limitado alcance que tienen las políticas fiscales y monetarias, que emplean los países de la región. En otras palabras, a las restricciones mostradas por una institucionalidad que pese a los recientes ciclos y superciclos económicos, jamás dejó de ser sustancialmente precaria.

Por eso, para la Cepal es indispensable que las políticas de fomento productivo se complementen con políticas fiscales y financieras que permitan un adecuado manejo de los riesgos que enfrenta la región; y que estimulen la movilización de recursos internos, para ampliar el espacio fiscal, incrementar la inversión y la productividad. De igual forma, se requieren políticas que permitan una mayor inclusión y la reducción de las grandes desigualdades que caracterizan a la región, destacando las de género. Asimismo, la Cepal señala que son necesarias reformas a la arquitectura financiera y tributaria internacional para acompañar a los países de la región en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la movilización de recursos hacia la región.

Como vemos, sobre estas premisas, no podemos armarnos ni siquiera de mínimas expectativas para nuestro caso. Las proyecciones de Cepal para Perú indican un crecimiento del 2,5% en el 2024, esencialmente como consecuencia del rebote que ocasionará la baja expansión del consumo privado en 2,9% y de la inversión privada en 1,9%. Si se toma en cuenta que ambos agregados representan alrededor del 83 % del PBI, se entenderá el bajo impulso que darán a la actividad económica.

Entonces, para los analistas económicos, el desafío está en la reactivación económica con una tasa de crecimiento del PBI que se acerque al 3% anual. Para ello, afirman, no basta con aumentar el gasto público, sino que es necesario promover una mayor inversión privada, en un entorno en donde las expectativas empresariales son negativas y que se hace necesario cambiar.

Otro desafío para el presente año es la reducción de la pobreza, que aumentó en 2022 y 2023 y seguramente lo hará en 2024. Para lograrlo, el país necesita de un crecimiento económico que genere empleo y recaudación de impuestos para financiar las transferencias monetarias e ir llevando la pobreza a niveles de prepandemia.

Estos contextos positivos difícilmente se consolidarán sin considerar algunos factores que los empresarios peruanos son renuentes a tratar. Entre ellos, el salario mínimo vital. En el panorama latinoamericano, los 277 dólares americanos que establece el Estado peruano como remuneración mínima sólo superan a los establecidos en tres países de la región. A ello se agrega la inflación de los precios, fundamentalmente el de los productos que forman parte del Índice de Precios al Consumidor (IPC): hacia agosto del 2023, el 64% de estos productos habían alcanzado una variación anual de sus precios mayor al 3%.

Aún más. Todo parece indicar que la balanza comercial positiva que proyectamos para el 2024, descansa en gran medida en la disminución de nuestras importaciones por una menor demanda y, entre ellas, la de alimentos. Entre los principales alimentos que importa el Perú destacan la soya, el maíz, el trigo, el arroz, el azúcar, productos lácteos y oleaginosas. En 2020, el valor FOB importado de estos productos, fue US$ 2529 millones, equivalente al 7,3% de las importaciones totales de bienes (y 46,5% de las importaciones de bienes de consumo no duradero), siendo los principales países de origen Argentina (principalmente maíz, soya, aceites y trigo), Canadá (trigo) y Estados Unidos (soya, maíz, productos lácteos y trigo).

En medio de este complicado panorama, la iniciativa 'Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos', del presidente Javier Milei, podría tener un impacto negativo en las importaciones de determinados productos al Perú, al proponer el aumento de la tasa impositiva de las exportaciones de aceite de soya, afectando al 72% de las importaciones que realizamos de ese producto.

Además, eventualmente, podría incidir en el precio final de algunos alimentos que se producen en nuestro país. Argentina nos provee del 82% de maíz amarillo duro que consumimos. Para ese producto, el Gobierno de Milei ha planteado que la tasa impositiva se eleve de 12% a 15%.

De esta manera, no solo estamos aspirando a modestísimas tasas de crecimiento, sino que éstas, además, no aseguran que las tasas de pobreza permanezcan siquiera como están actualmente. Es decir, parece ser momento de preguntarnos y preguntarles a las autoridades que condujeron al país durante las últimas dos décadas cómo arribamos a estos resultados después de una década y media de intenso crecimiento del PBI.

 

desco Opina / 12 de enero de 2024

Recuerdos del futuro

 

Un gran mito de los economistas latinoamericanos, entusiasmados a más no dar por el impresionante rush que tuvo el crecimiento económico regional entre el 2000 y 2013, además de lo visto en el Brasil de Lula, fue haber creído a rajatabla en la creciente importancia y consolidación de la clase media regional. La idea era que la progresión social y política que debía otorgar el crecimiento económico se sostenía, precisamente, con el ensanchamiento de las clases medias en tanto este segmento social apuntaba a tener propiedades, aumentar su consumo y aspirar a una educación de calidad.

Es cierto que hubo llamados de atención a esa algarabía. Desde la División Social de Cepal, Martín Hopenhayn, Rolando Franco, Arturo León, entre otros, advertían que las cosas no eran tan sólidas como parecían, y si bien los números de la economía eran importantes, no bastaban para identificar a las clases medias latinoamericanas como los agentes del desarrollo de la región por antonomasia.

En efecto, solo algunos años después, la situación prepandemia de los sectores medios latinoamericanos dejaba ya mucho que desear, salvo algunos ejemplos puntuales como Uruguay, Costa Rica o Panamá. Los impactos del COVID-19 sobre ellos fueron realmente deprimentes: según cifras del Banco Mundial, su disminución en Argentina fue de -5.9, en Chile de -6.75 y en Perú nada menos que de -9.1.

En la lógica de sus entusiastas promotores de antaño, la pandemia reconfiguró los patrones de consumo de las clases medias peruanas y su restablecimiento deberá conducirse mediante políticas que se orienten a mejorar su acceso a empleos productivos y a reconstruir sus activos financieros, que han sido destruidos por la crisis sanitaria. Para Rolando Arellano, la pandemia ha reorientado sus gastos hacia rubros como comunicaciones, mejoras del hogar y artefactos, en un ambiente de expansión del trabajo remoto y tendencialmente con menores ingresos.

Pero, la situación se presenta bastante más complicada que la supuesta por los gurúes del consumismo. De acuerdo con la ENAHO, la disminución de ingresos de los hogares peruanos fue dramática: En el año 2020, el gasto real promedio mensual por persona fue S/ 673, disminuyendo en 16 %, al compararlo con el nivel de gasto del año anterior. Más aún, el gasto real promedio mensual por habitante descendió en todos los dominios geográficos y quintiles del gasto, al compararlo con el año 2019.

Esto significa, entre otras cosas, que en todos los estratos sociales se han incrementado relativamente los gastos en alimentos y han disminuido los dedicados, por ejemplo, a salud y educación. Al respecto, el estrato socioeconómico E dedica en promedio el 53% de sus ingresos familiares a alimentación y solo el 1% a educación, lo que señala claramente la enorme hipoteca al futuro que deben hacer los que están en este grupo para sobrevivir en el presente y, peor aún, empobrecerse cada vez más.

Además, la disminución de ingresos afectó la capacidad de ahorro: en el 2019 una familia promedio ahorraba el 21% de sus ingresos; en el 2020 alcanzaron sólo el 5%. En buen romance, estos promedios significan que los hogares de mayores ingresos disminuyeron de manera importante el porcentaje de aquellos dedicados al ahorro, mientras los de ingresos medios dejaron de tenerlos y no tienen posibilidad de restablecerlos en el corto plazo, en tanto los de ingresos bajos simplemente «quemaron» activos para sobrevivir.

A ello, hay que agregar que antes de la pandemia nada menos que el 60% de los hogares peruanos –en el que, obviamente, está incluida una parte importante de nuestras clases medias– manifestaban no tener los recursos suficientes para subsistir por más de tres meses en caso de perder su fuente principal de ingresos. Ahora bien, como podremos suponer, el impacto de las tres olas sucesivas de la pandemia ha hecho estragos en la economía familiar promedio y la mala noticia es que no se palió –ni se paliará– con la distribución de bonos. En el 2020 el gasto por encima de sus ingresos de los hogares más pobres fue de 9700 millones de soles y, sencillamente, estas transferencias no pueden ser permanentes.

Lo que podría hacerse es tomar otras medidas complementarias. Según Miguel Jaramillo, de GRADE, debieran fortalecerse los programas de seguridad alimentaria y salud para los hogares, generar programas de empleo temporal orientados hacia pequeños proyectos de infraestructura y promover la inversión privada.

Como vemos, la situación es muy delicada y, seguramente, cualquier salida, aunque sea de cortísimo plazo, no tendrá efecto si no hay un mínimo de confianza instalada hacia las entidades de gobierno. De esta manera, se nos presenta una situación por demás complicada que se potencia con el descalabro institucional que nos muestran cotidianamente nuestros actores políticos.

 

desco Opina / 25 de febrero de 2022