Nuestro informal transporte formal

Hace pocos días los noticieros daban cuenta de los desmanes de los colectiveros informales de Lima Metropolitana. Los colectivos interprovinciales también se sumaron a esas protestas, basando sus demandas en los proyectos de ley de formalización que quedaron en el disuelto Congreso. Curiosamente –o exprofeso– todos estos proyectos fueron elaborados por la bancada de Fuerza Popular. Pocos medios dieron cobertura al paro de este sector de colectiveros y menos aún analizaron la real situación del transporte interprovincial del país que da cabida a la generalizada informalidad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la SUTRAN, organiza campañas de sensibilización para el uso del servicio de las empresas formales y se dedica a hacerse visible monitoreando las unidades que parten de las terminales. Estas campañas son al parecer deficientes; de otra forma no se explica por qué buses formales previamente controlados por esa instancia, terminen a un costado de las pistas con fallas mecánicas.

Existen normas, pero las capacidades del Estado y las voluntades de autoridades, funcionarios y de los mismos propietarios son incapaces de hacerlas respetar o no están dispuestas a ello. Así, no faltan empresas interprovinciales «formales», cuyas unidades no cumplen con las exigencias para el transporte de pasajeros. Esta informalización evidencia los bajos niveles de fiscalización del transporte, limitado a las terminales, pero sin controlar otros asuntos relevantes como las horas del conductor al volante ni las condiciones mecánicas de las unidades.

Existen muchas unidades de transporte que operan sin el debido y oportuno control mecánico, cuyos dueños son empresas «pantalla» que se cierran en 3 o 4 meses o que cambian de razón social para evadir impuestos. Sus choferes no descansan el tiempo adecuado, los trabajadores no están en planilla, tienen un sueldo menor al del mercado o se les paga sólo cuando están de servicio, lo que los obliga a sobrepasar las horas de trabajo permitidas para manejar, poniendo en riesgo la vida de los viajantes. No es raro observar buses que, llegando a la terminal, inmediatamente después embarcan nuevos pasajeros, mientras sus conductores descansan incómodamente en su interior.

Por otro lado, muchos percances de los buses son fruto de las irresponsables maniobras de sus conductores, el exceso de velocidad, la inexperiencia o sus propias condiciones psicológicas. Por ello, no es extraño el alto número de accidentes en las carreteras con víctimas fatales en los últimos dos meses.

Otro tema a resaltar es la calidad de los servicios ofrecidos al pasajero: buses que salen con retraso o simplemente no lo hacen, servicios higiénicos en estado deplorable, cinturones de seguridad ausentes o deteriorados, etc. Si INDECOPI interviniera, mucho de lo ofrecido e incumplido ameritaría sanción de publicidad engañosa.

En conclusión, la informalidad del transporte interprovincial y la mortandad que este provoca se solucionará con un Estado con capacidad efectiva para fiscalizar y controlar a las empresas prestadoras del servicio. Tanto el Gobierno Nacional, como los gobiernos subnacionales, en las competencias que les corresponden, deben actuar para mejorar la calidad y seguridad del transporte de pasajeros y carga, lo que sin duda demanda contar con los recursos financieros y profesionales mínimamente adecuados.

Entre otras cosas, el MTC debe evaluar a las empresas y someterlas a procesos de acreditación en plazos perentorios, estableciendo condiciones para renovar las autorizaciones. La Policía Nacional debe jugar también un rol importante en el control del servicio –sobre todo en las carreteras–, y los usuarios deben exigir calidad en el mismo y denunciar irregularidades y presumibles actos de corrupción que permitan la operación irregular e ilegal de las unidades de transporte. Mientras tanto –y tal como está la situación– seguiremos escuchando hilarantes, pero trágicas confesiones de los colectiveros informales: “suba nomás, porque nosotros llegamos más rápido y matamos menos”.

desco Opina - Regional / 13 de diciembre de 2019

Programa Regional Centro - descocentro

Accidentes, no solo de tránsito

Las noticias que se producen día a día en la ciudad capital parecen ejemplificar las características que nos definen como sociedad en este país llamado Perú. A las ya clásicas notas informativas referidas a la inseguridad, los feminicidios y los conflictos políticos entre poderes del Estado –que parecen no acabar nunca–, en este momento está en el ojo público el caso del accidente ocurrido hace pocos días en una de las avenidas más importantes de Lima. Dicho suceso ha visibilizado varias cosas que, lamentablemente, nos caracterizan como sociedad, pero, sobre todo, que nos hacen pensar que andamos a la deriva y con el único objetivo de «sacar la cabeza del fondo del agua», sin importar que con ello hundamos a quienes nos rodean.

El despiste del vehículo que terminó con la vida de dos personas no ha hecho más que visibilizar errores o interpretaciones diversas en muchos aspectos. Estos van desde la parte normativa y técnica del ancho de las veredas en esta vía de carácter metropolitano y el control de los límites de velocidad; hasta el testimonio de la conductora que no coincide con lo que expertos y peritos analizan, la decisión de llevar a uno de los heridos a un hospital más lejano en lugar de trasladarlo a una de las clínicas cercanas a la escena del accidente, los criterios diferenciados para liberar a la conductora de este accidente, o el hecho de poner en prisión preventiva a otra que ocasionó un suceso similar hace unos meses.

Lo antes señalado, son apenas algunos de los elementos que ponen en evidencia que algo está fallando de manera estructural en nuestro país y que no existen criterios, consensos ni protocolos mínimos comunes que nos permitan actuar de manera coherente o, por lo menos, que nos ayuden a tener claro cómo funciona el sistema o en que parte éste falla para intentar corregirlo. La cruda realidad es que nueve peruanos mueren diariamente en un accidente de tránsito, de los cuales más de la mitad tiene entre 26 y 60 años. Según el anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú, el 56.5% de los accidentes de tránsito se deben al exceso de velocidad y la imprudencia del conductor. No se trata de la inexistencia de leyes sancionadoras, el problema pasa por una mala gestión que termina dando impunidad a los infractores, así como al hecho de otorgar altos descuentos en las papeletas, entre otros. Lima es la única capital de América Latina que otorga un descuento de hasta 83% en la deuda de una multa.

Finalmente, la interpretación y los criterios usados en cada aspecto de este caso específico, no hacen sino visibilizar la poca costumbre que tenemos en materia de planificación y proyección en todo lo que somos como país. Quizá esa falta de entendimiento de lo que significa ser una persona con derechos y obligaciones en una ciudad, nos haga ser indiferentes a lo que ocurre a nuestro alrededor. Así, todo lo sentimos ajeno y, por esa razón, es que estamos acostumbrados a actuar sobre la emergencia, es decir, como buenos bomberos; apagando incendio tras incendio, sin comprender que más importante que apagar el fuego, es entender qué lo ocasiona para que no se siga produciendo. Esperemos que nuestra sociedad empiece a cambiar antes de que (como decía Gustavo Cerati) pase el temblor.

desco Opina - Regional / 18 de octubre de 2019

Programa Urbano