Y para los alpaqueros ¿No hay rescate?

REGIONAL

El estallido de la crisis económica internacional ha puesto en jaque al pensamiento liberal y al paradigma del mercado como el medio más eficiente para la asignación de los recursos. Las decisiones del gobierno norteamericano al destinar la astronómica suma de 1.2 billones de dólares para evitar la quiebra del sistema financiero, las posteriores medidas de salvataje para evitar la quiebra del los principales consorcios automotrices (Ford, GM y Chrysler) y las medidas similares implementadas por las principales economías de la Unión Europea; han mostrado el rasgo esencial del sistema en cuanto a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

En nuestro país, un sector productivo articulado desde muy temprano al mercado internacional – que inició las exportaciones a Inglaterra a mediados del siglo XIX – es el sector alpaquero, que constituye la fuente de subsistencia directa de alrededor de 100,000 familias de criadores que pueblan el espacio altoandino, por encima de los 3800 msnm, desarrollando en las más difíciles condiciones ambientales y de carencias de servicios, la única ganadería posible, que debiera ser la ganadería emblemática del país.

Sin embargo, la crianza de alpacas y llamas ha estado «librada a su suerte» sin políticas definidas o, lo que es peor, con políticas erráticas que no han permitido el desarrollo de la cadena productiva en su componente fundamental: la crianza, que es la que genera la materia prima para el procesamiento industrial en las empresas textiles instaladas en Arequipa. Sin programas de mejoramiento genético y servicios a la producción, el deterioro de la calidad de la fibra de alpaca ha sido constante reduciendo su competitividad frente al cashmere o mohair en el exigente mercado de los pelos finos.

El 2004, luego de más de 150 años de explotación de la fibra de alpaca, recién se instaura la norma técnica peruana para la comercialización de la fibra categorizada, estableciendo cuatro categorías en función de la finura, definiendo precios diferenciados, una medida estratégica para promover y estimular la producción de fibra fina, en contraposición del sistema tradicional que al fijar un precio único, termina estimulando el engrosamiento.

Como consecuencia de esta norma se inició un proceso de organización de centros de acopio, promovido por el desaparecido Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS, que avanzó principalmente en los distritos y provincias de Puno y Arequipa donde se lograron conformar estos centros a nivel regional. No obstante haber logrado acopiar un volumen cercano al 8% de la producción local, estas experiencias tuvieron un resultado exitoso en los precios alcanzados: 14.80 soles por libra para la fibra extrafina, 13 soles la fina, 9 soles la semifina y 6 soles la gruesa. Esto significó un precio promedio ponderado de 11.30 soles por libra, cifra ligeramente superior a los 11.00 soles por libra adquirida «al barrer» en las ferias tradicionales.

La producción anual de fibra de alpaca en el país asciende a alrededor de 4,500 TM, lo que representó a los precios vigentes la mayor parte del 2008, un Valor Bruto de la Producción de 107.6 millones de soles. Una de las consecuencias de la crisis internacional es la caída de la demanda de fibra de alpaca y sus derivados, ante lo cual el sector industrial ha respondido suspendiendo las adquisiciones y el efecto inmediato ha sido la caída de los precios a rangos que van de 3 a 5 soles la libra, es decir una caída del 64% en el precio y, por lo tanto, alrededor de 70 millones de soles menos en manos de las familias alpaqueras.

A esto se añade el problema de la fibra acopiada por los comités de acopio en la campaña de noviembre, que a la fecha no puede ser comercializada por la suspensión de compras de la industria y los bajísimos precios ofertados que con razón son rechazados por los productores. De tal manera que se ha generado el riesgo de un fracaso y descrédito del sistema de comercialización de la fibra categorizada y la vuelta a la comercialización «al barrer».

En este panorama, se hace indispensable una intervención del gobierno para atenuar la reducción de los ingresos de las familias alpaqueras y, al mismo tiempo, apoyar el sistema de comercialización de la fibra categorizada estableciendo un fondo de emergencia como parte del programa anticrisis que se está organizando a nivel nacional, con la perspectiva de mantener la competitividad en este estratégico sector.

La ciudad del miedo

Una serie de crímenes y asaltos que han afectado a la ciudadanía en los últimos meses, que ha merecido repercusión en los medios, pone sobre la mesa de debate, la preocupación diaria que compartimos todos los vecinos de nuestra ciudad.

Rejas en las calles, cercos eléctricos en los hogares, gas pimienta y todas las estrategias de defensa que cada ciudadano adopta para defender su integridad y sus bienes, son los indicios del miedo ante el peligro inminente que afrontamos en las calles, cuando realizamos transacciones.

Ante eso, surgen las interrogantes de los vecinos sobre lo que está haciéndose desde el gobierno de la ciudad para garantizar nuestra seguridad, preocupación que debiera ser atendida con prioridad, especialmente en esta etapa final del año cuando el consumo y los gastos son mayores y la dinámica comercial se intensifica.

Todo ello, hace que resalte la carencia de un mecanismo de eficiente cooperación entre la Policía Nacional y el gobierno municipal de Lima. Y se evidencia una vez más, que la improvisación frente al problema aumenta el riesgo: la inexistencia de un Plan Metropolitano de Seguridad Ciudadana, coincide peligrosamente con la urgente reestructuración que el servicio de serenazgo requiere para mejorar el servicio brindado a la ciudad.

Aunque la distritalización de la Policía ha sido una iniciativa positiva con la que se busca que la PNP y el serenazgo, trabajen conjuntamente en lugar de duplicar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, los concejos Regional y Provincial de Seguridad Ciudadana siguen sin funcionar.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha ensayado ya varios planes que no han dado los resultados esperados: Telaraña y Protégeme, por ejemplo, ayudaron de manera aislada pero no afrontan el tema de fondo, más bien le hacen el juego. El miedo sigue acompañando a vecinas y vecinos que deben cobrar o pagar en instituciones financieras, bajo la amenaza latente en la calle.

El plan para crear una red de investigación especializada contra el crimen, anunciado por el ministro del Interior Remigio Hernani y que cuenta con más recursos que las comisarías locales, tampoco tranquiliza los temores ciudadanos, pues esta red estaría operativa recién en junio próximo. Un plazo corto para el sector, un riesgo grande para todos los demás.

De otro lado, el Proyecto de Ley del «Arresto Ciudadano» dividió las opiniones de los alcaldes en la ciudad. El Pleno del Congreso debe decidir el futuro de esta norma, que podría entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2009 y que permitiría a los ciudadanos detener a un delincuente en flagrante delito, ofreciendo un mayor apoyo a la Policía Nacional en su lucha contra la inseguridad ciudadana. Existen diversos cuestionamientos, relacionados a arbitrariedades, funciones y competencias ciudadanas y de los serenos, pero lo que no existe es la posibilidad que la ciudadanía dialogue al respecto con el gobierno de la ciudad.

Aunque, días previos al fin de año, el jefe de la Policía Nacional, general PNP Mauro Remicio, afirmó que la seguridad durante las fiestas, estaría a cargo de 90 mil efectivos a nivel nacional, la ola inacabable inundó la ciudad con asaltos y robos en los primeros días del enero.

Resulta indispensable responder a la demanda de seguridad con un criterio más realista, donde la atención no se centre en lo coyuntural y, más bien, poner mayor énfasis y voluntad en las estrategias de negociación entre la policía y los gobiernos locales, con la eficiencia como premisa.

La ciudadanía demanda una respuesta organizada al crimen, en lugar de acciones aisladas, al son de los medios. Es necesario articular objetivos e iniciativas y elaborar planes coordinados para que la policía, el gobierno local y el gobierno regional puedan por fin, brindar seguridad a la ciudad, rescatando lo aprendido en las acciones efectuadas en cada institución. Sólo así podremos usar, con menos riesgo, nuestras calles.

Producto de bandera… productores olvidados

Regional

Mientras en Lima se desarrollaba un proceso de acondicionamiento de calles, avenidas y parques para la reunión de APEC, con el consiguiente desembolso de innumerables recursos que posibilitaran interesar a los visitantes para invertir en el Perú, particularmente en el rubro agrario, en el interior del país acontecían una serie de movilizaciones de los productores esperando atención a sus demandas. Una de ellas debe ser destacada en nuestro caso, porque el Gobierno se habría comprometido a mejorar los precios de la fibra de alpaca, principal fuente de ingreso para las miles de familias que habitan los altos andes del Perú, entre la Sierra de Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno.  Los precios mencionados no han mejorado y, peor aun, en los últimos días la caída de éstos se ha pronunciado,  pese a las campañas publicitarias que se desarrollan desde diferentes sectores.

 

Queremos recordar también, que durante su campaña presidencial, el Dr. Alan García ofreció un sistema de mejora a través de la creación de un híbrido denominado paco-vicuña. Posteriormente, al desarticularse el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos, se desconoce cuáles son las líneas matrices para el sector: ¿Cuáles son las alternativas del gobierno, de las que dependen las familias más pobres del Perú? En este contexto, nos hacemos partícipes del siguiente pronunciamiento de los productores huancavelicanos.

 

 

PRONUNCIAMIENTO

 

 

La Asociación de Promotores Alpaqueros y Servicios Múltiples de la Región Huancavelica – APROAL, hace de conocimiento público y aclara; que las emisiones radiales y televisivas que se vienen difundiendo desde hace unos meses, en relación con los precios de la fibra de alpaca, donde se menciona que la fibra ha mejorado de 2.7 a 14.00 nuevos soles por nuestra gestión y con asesoramiento de la minería; es falsa é incoherente, y queda absolutamente desfazada pues esos precios corresponden a periodos cortos de la campaña 2007, y en la actualidad está generando grandes confusiones y malestar en las comunidades alpaqueras de la región de Huancavelica; por lo tanto hacemos pública nuestra solicitud de retiro del spot mencionado a quienes corresponda.

 

Además manifestamos lo siguiente:

 

Primero.- Los precios de la fibra son manejados monopólicamente por la industria textil  arequipeña y sus intermediarios,  por lo tanto; ni los productores ni mucho menos la minería tenemos ingerencia o poder para subir y bajar los precios. A pesar de éste escenario; la APROAL ha logrado organizar por gestión propia la oferta de la fibra, y realizar mejores negociaciones y con ello regular los precios de la fibra en el mercado regional a favor de los productores alpaqueros desde el 2003 hasta la actualidad.

 

La APROAL reconoce y agradece los aportes de diferente índole por parte de instituciones y proyectos ligados al sector alpaquero huancavelicano, sin embargo, individualmente; éstas no fueron determinantes para alcanzar los logros de nuestra organización. 

 

Segundo.- Mostramos nuestro absoluto descontento por la desidia total de parte del Gobierno  Central y Regional por generar políticas publicas en favor de las comunidades alpaqueras de la región Huancavelica, que a su vez históricamente ha sido sometida a los grandes poderes económicos como la industria textil arequipeña.

 

Tercero.- Comunicamos nuestra absoluta preocupación por la caída de los precios de la fibra de alpaca en el mercado nacional y local; y la ausencia del Estado para regular los precios de la fibra a pesar de estar considerada como producto bandera nacional. No existen intentos por fomentar y fortalecer  organizaciones de los productores como la APROAL, más por el contario estamos expuestos a las reglas desventajosas del mercado con capacidades debilitadas.

 

Cuarto.- Existe descoordinación o aislamiento a los productores por parte del Gobierno Regional de Huancavelica para la participación efectiva en la instalación de plantas textileras en la región, donde aparentemente los productores alpaqueros no contamos, olvidándose que somos los principales proveedores de materia prima.

 

No estamos en contra de iniciativas, empresas u otros que se quieran conformar a favor de los productores alpaqueros, sin embargo; debemos ser considerados como directos interesados.

 

Atentamente

 

Asociacion de Promotores Alpaqueros APROAL Huancavelica

La Directiva

 

Seguridad ciudadana y desarrollo de la selva peruana

Regional

Aunque se difunden cifras oficiales sobre la incidencia delictiva y el resultado de las intervenciones policiales en la Selva Central, según estudios confiables existe un alto número que alimentan las «cifras negras», es decir aquellas que no son reportadas por las víctimas. Al respecto, son visibles las limitaciones de equipamiento logístico de la policía y por ello los pobladores dudan de su eficiencia, a lo que debemos sumar la inercia del Poder Judicial, lo que da como resultado una percepción de inseguridad bastante alta.  

Es cotidiano escuchar noticias sobre asaltos a pasajeros de los buses que transitan en las carreteras pero, lo que no se señala es que en los caminos vecinales y trochas carrozables de esta parte del país, donde la presencia policial es nula, el número de actos delictivos es mayor al que se anuncia en los medios, con el agravante de que, generalmente, la víctima es fuertemente golpeada o asesinada. Esta inseguridad se incrementa de manera alarmante en temporada de cosecha, cuando  esperanzados en recuperar su inversión luego de largas faenas de trabajo son presas de bandas organizadas, que controlan y reciben datos sobre las actividades de venta y cobranza de los agricultores locales.  

Las autoridades recomiendan el uso de transferencias interbancarias, cheques y  tarjetas para reducir la vulnerabilidad del traslado de grandes sumas de dinero. Sin embargo, nada está más alejado de la realidad de los pueblos de selva, en donde no existe un número adecuado de agencias bancarias ni seguridad en las mismas.  Además, las que funcionan efectúan limitadas gestiones financieras. En pocas palabras, sin efectivo visible no habrán pagos a jornaleros, dinero para compra de insumos ni circulante para los abastos familiares.  

En estas incursiones delincuenciales no sólo se roba el dinero y valores personales, sino que se despojan los vehículos y hasta las cargas de productos. También se incurre en violaciones y otros vejámenes. Existen pues diferencias abismales entre las recomendaciones que se promocionan para garantizar la seguridad ciudadana, que están basadas en realidades urbanas, y los desafíos que plantean las condiciones cotidianas de nuestra amazonía.  

De esta manera, con la poca credibilidad que generan las estadísticas oficiales y la incongruencia entre la supuesta reducción de los actos delictivos y el incremento de la inseguridad en las localidades del interior, no es posible facilitar el desarrollo rural que, a su vez, urge de la seguridad para poder desarrollar sus actividades productivas. Según la norma (Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana) se han creado 26 Comités Regionales, 193 provinciales y 1,627 distritales de Seguridad Ciudadana. Esto nos podría hacer creer que existe una estrategia nacional que rendirá frutos en el mediano plazo pero, al parecer, esto dista de ser una proyección verosímil.  

En primer lugar, estas instancias –en donde deben confluir las autoridades y la comunidad organizada en juntas vecinales– crean contradicciones con las formas organizativas locales, ya que no se desprenden de ellas sino que se conforman de manera paralela. En buena cuenta, los procesos de capacitación a estas juntas vecinales son simples formalismos, que buscan cumplir con el requisito especificado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). No faltan quienes cuestionan el compromiso civil en la tarea de prevención, pero olvidan que esta participación es voluntaria y riesgosa, ya que se exponen a represalias por parte de los delincuentes, sin contar con ningún tipo de garantía personal.

Otra causa gravitante es la alta frecuencia en la rotación de las autoridades policiales y de los funcionarios que los gobiernos regionales y locales asignan a esta tarea, que no sólo impide la debida formación de capacidades sino que, también, siguiendo con las prácticas burocráticas comunes, el reemplazante desconoce lo actuado y lo pasa a fojas cero, sin recoger ni analizar las experiencias vividas. De esta manera, el burocratismo y el populismo le han ganado terreno a la obtención de buenos resultados. Demás está decir que la coordinación interinstitucional deja mucho que desear por lo literalmente inexistente.  

Desde la óptica de la planificación para la acción, no se cuenta con diagnósticos confiables ni existen mapas de incidencia delictiva. Entonces, no es errado pensar que los planes de trabajo elaborados por estos comités de Seguridad Ciudadana finalmente no se implementen porque las instancias gubernamentales no tienen capacidad para ponerlos en práctica. En efecto, el equipamiento de las comisarías rurales y del personal de patrullaje es exiguo, sin dejar de mencionar los actos de corrupción en que incurre parte del cuerpo policial. De otro lado, la falta de eficaces equipos de comunicación y combustible para los vehículos favorecen aún más la actividad criminal.

Ante esta realidad ¿Es posible hablar de posibilidad de desarrollo de la Selva central en las condiciones en que se encuentra la Seguridad Ciudadana?, ¿se puede incentivar una mayor inversión del productor en tecnología y mejores prácticas si no se le asegura la integridad personal y la de sus bienes? Estamos seguros que no. A pesar de ello, existen los emprendedores del agro que asumen los riesgos pero, no dejan de manifestar su desazón por el descuido y los crasos errores en que incurren las instancias que deberían de protegerlo, una razón más que acentúa el distanciamiento entre el Estado y la sociedad rural.  

Canon minero y recursos en Arequipa

Regional

En Arequipa, todos los minerales extraídos durante el primer trimestre de este año, a excepción del oro, tuvieron un volumen mayor al visto en el mismo periodo del 2007, motivado por el aumento del precio y la demanda internacional. Sin embargo, las señales que indican el fin de la bonanza son inequívocas y ya han empezado a evidenciarse, por ejemplo, en la tendencia a la baja en los precios, debida a la crisis financiera mundial, aun cuando se asegure que esta disminución de los precios es sólo coyuntural y que retomará luego su nivel, aunque lentamente.

En todo caso, más allá de las proyecciones, lo cierto es que la contracción de los precios, especialmente el del cobre, tiene efectos importantes en el corto plazo. Por ejemplo, la empresa minera Cerro Verde decidió suspender los 1000 millones de dólares que tenían planeado invertir para su expansión en los próximos cuatro años. Sin embargo, el principal problema para la región será la disminución de las transferencias por concepto del canon minero.

Además, las dificultades se multiplicarán ante la inexistencia de planes de contingencia, que hubieran permitido tener mejores criterios para establecer las prioridades de los proyectos regionales (seguridad, empleo, infraestructura, educación, entre otros). De esta manera, si bien es cierto que vienen ejecutándose proyectos muy buenos (Angostura, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, el asfaltado de carreteras, entre otros), generalmente no se ha tomado en cuenta la limitada capacidad de gasto de los gobiernos subnacionales (justificada muchas veces por el retraso en la asignación que debería transferirles el Gobierno Central) y eso ha condicionado la formación de una situación en que muchas actividades indispensables para el desarrollo de Arequipa no han tomado forma.

En esa línea, hay que considerar además la limitación que tienen las municipalidades distritales para la formulación de sus proyectos, pues no deben superar el 30% en el uso de sus recursos. Pero, ello no debe ser pretexto para dejar de lado las responsabilidades del Gobierno Central: son obvias las trabas que pone en la entrega de la asignación de los recursos a la región y los gobiernos locales. Por ello, debe exigírsele más responsabilidad y seriedad, ya que los recursos mineros no serán eternos y no siempre se cotizarán como en estos años. Por eso, el uso eficiente del canon no es una cuestión que se reduce a simple eficiencia administrativa sino que ésta debe verse como una condición para generar resultados en los objetivos de desarrollo.

Otro aspecto que se debate frecuentemente es la distribución del canon. Como se sabe, la ley establece que el 50% de este rubro corresponde al Gobierno Central y el otro 50% se distribuye en el ámbito donde está localizado el recurso. Esto debería cambiarse, por los probables impactos que generan en las brechas de desigualdad y no responder a criterios generales de desarrollo, es decir, si bien puede decirse que esa manera de distribuirlo pone en práctica un sentido de justicia social lo cierto es que genera mayores entrampes para la consecución de objetivos nacionales. Como se ha planteado reiteradamente, una solución pertinente sería la formación de un fondo de compensación que permita derivar parte de los recursos hacia las zonas que no poseen recursos minerales, siempre y cuando se tenga bien formulado un plan nacional de desarrollo que, desgraciadamente, es inexistente hasta la actualidad.

Otra propuesta sería la planteada por la Asamblea Nacional de Alcaldes, que señala que el 50% que va al Gobierno Central sea redistribuido a las regiones que no tienen explotación minera. Sin embargo, esto significaría reprogramar los presupuestos sectoriales, cuya formulación se hace en base a las proyecciones sobre los referidos ingresos.

En todo caso, el fondo del asunto es que la manera como se distribuye puede llegar a situaciones absurdas: en Arequipa, hay distritos que han recibido más dinero que el Gobierno Regional y otras regiones. De esta manera, por ejemplo, el distrito de Yarabamba (provincia de Arequipa), donde se localiza el yacimiento Cerro Verde, el canon representa S/. 5,706 per capita mientras que en el Cercado (distrito principal de la provincia) es de sólo S/. 25 soles.

Finalmente, otra manera de ver este problema es el siguiente. De cuarenta y cuatro proyectos en agenda con recursos del canon en el primer semestre de este año, veintisiete tienen PIM (Presupuesto Institucional Modificado). Si dividimos los treinta y cinco millones de soles de PIM con que cuenta el Gobierno Regional de Arequipa para las diferentes obras incluidas en los 27 proyectos con PIM, tendríamos que a cada uno le correspondería un millón 321 mil soles; además, la mayor parte de proyectos financiados con recursos del canon se aplica al rubro de infraestructura y transporte. Saludamos así esta iniciativa ya que sin vías de comunicación no hay desarrollo; pero también hay otros temas importantes que aquejan a la población día a día, como son la salud, educación, empleo, seguridad ciudadana, entre otros.

Está bien que haya desarrollo construyendo pistas y carreteras, pero también es necesario tener proyectos sociales que tengan impacto regional en la población. Estamos pasando por una etapa de transición hacia una descentralización y esperamos que los próximo años, los errores del pasado sean superados en pro del beneficio de Arequipa.

Una ley que debilita la seguridad

El pasado 27 de setiembre, fue aprobado el reglamento de la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (Ley No. 29090), que entró en vigencia al día siguiente de su aprobación. Esta norma fue cuestionada desde su publicación en el 2007, por los colegios profesionales de Ingenieros y Arquitectos, que sostienen que no se puede alentar las construcciones a costa de la seguridad de las edificaciones.
Esta controversial ley creada con la finalidad de «promover la inversión inmobiliaria», establece cuatro nuevas modalidades de licencias de construcción, entre ellas las licencias automáticas, que se otorgan sin inspecciones previas, dejando de lado un tema esencial para la población: la calidad de lo construido.
En efecto, establece que para los casos de construcción de viviendas unifamiliares o multifamiliares de hasta 5 pisos, la licencia será automática siempre que se presente con el expediente la póliza de seguro con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con vigencia durante todo el período de ejecución de la obra. Además, los responsables de la construcción deberán presentar, el documento de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley de Seguridad Social y el Plano de Sostenimiento de Excavaciones, si hubiese sótano o semisótanos con profundidad mayor a 1.50 m.
Esto significa que las responsabilidades sobre cualquier contingencia durante la obra, recaen en el propietario. En pocas palabras si algo sucede, es “su” problema. La situación generada es grave porque de esta manera se afecta el derecho de la población a contar con una vivienda segura y es inaudito que el Estado trate de “lavarse las manos”.
Si bien en el caso de las viviendas unifamiliares de hasta 120 m2, se ha establecido que la Municipalidad podrá exigir la presentación de los planos de arquitectura y de estructuras de la edificación, suscritos por un arquitecto y un ingeniero civil, respectivamente, lo que brinda mayor seguridad a la calidad de la construcción, no podemos desviar la mirada del problema central.
Dadas las características geofísicas de nuestro país, nuestro territorio presenta una gran actividad sísmica y sería irresponsable evadir los estudios correspondientes antes de construir una casa, con la finalidad de ganar tiempo. Es algo contradictorio que, para beneficiar al usuario a que cuente con una vivienda, se agilice el trámite y el resultado de éste sea una edificación insegura.
Creemos que una vez más la ley que rige a nivel nacional, no atiende las verdaderas necesidades de la ciudadanía y no prioriza el bienestar de las ciudades, por lo cual urge un proceso de rediseño, en el que se atienda las opiniones de los expertos y hasta del sentido común. Si lo ideal es construir sobre seguro, entonces antes de construir una casa, debe existir un anteproyecto aprobado para que la Municipalidad respectiva pueda emitir la licencia. Sólo así se asegura la integridad de los habitantes.
Si no se revisa y se modifica esta reglamentación, tendremos que afrontar una vez más, las consecuencias de una ley –una más– que no prioriza la seguridad plena de los habitantes. Y probablemente tendremos como triste lección, más obras en conflicto, más construcciones sin criterio técnico y más tragedias que lamentar, bajo el techo de una ley que desmorona nuestra seguridad.

Ley de reestructuración de la deuda agraria

desco Opina - Regional

Desde el 5 de octubre, los agricultores que tuvieron deudas por créditos agropecuarios con la banca privada o pública, pueden acogerse al Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA). En esa fecha, entró en vigencia la Ley 29264, señalando dos vías para su aplicación; el primero es la extinción parcial de la deuda vencida al 31 de diciembre del 2007, hasta por diez mil nuevos soles de capital principal, sin incluir intereses, moras y otros gastos devengados; y la segunda modalidad contempla la refinanciación de las deudas de los campesinos.

De esta manera, se viabiliza la paralización de los remates de tierras por deudas agrarias, ya que no sólo considera los programas crediticios del Estado sino que incorpora a todo el sistema financiero nacional al autorizar al Banco Agropecuario (AGROBANCO) a comprar el íntegro de la cartera morosa para su administración y supervisión. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá 50 millones de nuevos soles con cargo a los bonos del Tesoro Público. Asimismo, AGROBANCO deberá establecer los procedimientos para la recuperación de las deudas en los plazos y condiciones del PREDA. Esto significa que su aplicación está sujeta al cumplimiento de la compra de la deuda morosa a las entidades financieras y una vez descontado el monto a extinguir, la diferencia será pagada por los agricultores en un plazo máximo de 5 años, sin intereses. Se estima que los campesinos beneficiados suman unos sesenta mil a nivel nacional, teniendo plazo hasta el 4 de diciembre para acogerse al dispositivo legal.

Aunque los cuestionamientos a la norma llegaron desde el Ejecutivo, argumentando que se incentiva la política del “perro muerto”, los congresistas que la auspiciaron niegan cualquier intención populista, afirmando que es un acto de justicia hacia el campesino abandonado por el Estado. En esa línea, es indudable que los productores agropecuarios del Perú concentran la mayor parte de la pobreza nacional, debido a una serie de factores entre los que se incluyen las erróneas políticas del sector Agricultura, la falta de formación técnica, la precariedad de la infraestructura vial, la ausencia de asesoramiento y monitoreo profesional, la fragmentación de los predios productivos, los bajos precios de los productos agrarios, la falta de capital de trabajo barato, entre otros.

Sin embargo, creemos que la dación de la referida norma a pocos días de la publicación de la Resolución Suprema Nº 076-2008-EF (27.09.08), que da por concluido el proceso de liquidación del Banco Agrario del Perú, esta aparente “solución justa y equitativa al problema del agro tradicional” se asocia a malos recuerdos. En efecto, desde inicios de los años 90 no parece haberse tomado en cuenta las lecciones sobre los errores populistas pasados, que terminaron costeando un poco más de 1,700 “malos créditos”, con una cifra de más de mil millones de soles (más de 16 millones de dólares americanos), sin contar las otras deudas que debimos asumir todos los peruanos a través del MEF.

La actual cartera morosa asciende a 48 millones de soles y, según fuentes del AGROBANCO, la norma incrementará peligrosamente las pérdidas acumuladas hasta bordear los 90 millones de soles, convirtiéndose en pesados grilletes que servirán de lastre al todavía joven Banco Agropecuario. Más aun, la solidaridad con el campesino pobre se traducirá en deudas saldadas pero con ello no estamos resolviendo sus problemas de falta de capital ni de calidad de inversión. Por lo tanto, en el mejor de los casos, lo dejaremos expuesto a ser sujeto de nuevos créditos, lo invitaremos a endeudarse nuevamente, a tener libre disponibilidad del dinero y a organizarse para hacer lobby con los parlamentarios en favor de una “justa condonación futura”. ¿No será que con esta Ley se está iniciando la agonía de la banca de fomento agrario, que apenas ha cumplido cinco años?


Entendemos que el país en su conjunto tiene una deuda social con el sector agrario; pero poca justicia hacemos con estas iniciativas efectistas, en tanto están lejos de reconocer y premiar a los 40 mil campesinos puntuales, interpretamos mal sus necesidades y promovemos el borrón y la cuenta nueva. El agro nacional necesita un servicio crediticio moderno y dinámico, que brinde asesoría técnica, incentive la educación financiera así como la cultura de pago y, simultáneamente, promueva una planificación organizada de las labores de siembra y cosecha para evitar sinsabores en sus economías. En otras palabras, el agro no necesita lástima, ni poses populistas, sino liderazgos con políticas sectoriales propositivas.

Estos servicios complementarios no encarecerían el producto crediticio. Si son articulados con las oficinas de promoción agraria de los gobiernos regionales o locales, ellos podrían supervisar el uso adecuado del crédito, y de esta manera cumplirían con gerenciar el desarrollo económico local, además de optimizarse los recursos humanos y económicos disponibles.

Reconstrucción y corrupción

desco Opina - Regional

Luego del sismo del 15 de agosto de 2007, que dejó 600 muertos, 70 mil casas derruidas y más de 100 mil hogares inhabitables (sin tener en cuenta los destrozos en la infraestructura productiva, en especial la huancavelicana), sería bueno preguntarnos qué ha pasado desde entonces.

Podríamos empezar indicando que al ministro de Vivienda de entonces se le planteó la urgente necesidad de reconstruir aceleradamente. En efecto, el referido Ministro se «instaló» en la zona afectada pero luego se fue a liderar el sector Salud, cuando ni siquiera habían comenzado las tareas programadas. Recordemos que los cambios en el Gabinete se produjeron en medio de los escándalos desatados por la revelación de actos de corrupción: patrulleros bamba, adquisiciones fraudulentas de ambulancias, alimentos sobrevalorados, etc., ahora lejanos e imperceptibles por los nuevos casos de alta corrupción, que hizo caer finalmente al Gabinete presidido por Jorge del Castillo.

Así, parece que a poco más de un año de la catástrofe ya no es urgente para nadie atender las zonas afectadas por el sismo. Tenemos como resultado una «urbanización» en Pisco con módulos del programa Mi Vivienda, que se pueden adquirir a un costo de 10 soles por día, es decir, dos tercios del jornal que se paga en esa provincia. En Chincha también hay oferta de viviendas por el estilo. En Ica debe haber sistemas similares. Sin embargo, ¿quiénes podrían acceder a este «beneficio»?

De otro lado, hasta la fecha el Ministerio de Vivienda habría entregado 28,000 bonos de solidaridad en Ica, Pisco, Chincha, Cañete y Yauyos (a Huancavelica que lo parta un rayo). El valor asciende a 172 millones de soles. Sin embargo, este apoyo que sale del erario nacional, parece que también ha sido afectado por la corrupción. No es poca cosa lo que estamos exponiendo. El negociado de los bonos compromete a autoridades locales en actividad o en retiro, a constructores y dueños de ferreterías y, lo que es más triste, a muchas familias damnificadas. Escuchamos en la zona de Villa de Arma en Huancavelica una frase que debe preocupar a todos los peruanos: «La corrupción es como Dios, está en todas partes, es invisible y será eterna en el Perú».
¿Le informarán al nuevo Presidente del Consejo de Ministros de esta situación? ¿Podrá, como ha prometido, luchar contra este y otros actos de corrupción? ¿Tendrá los medios y, sobre todo, el apoyo político del Presidente de la República en esta cruzada? Asimismo, ¿no sería bueno que solicite informes del proceso de reconstrucción en el Sur, antes que el malestar larvado termine por explotar, y se vuelva literalmente un terremoto –esta vez político–?

El Metropolitano inacabable de Lima

desco Opina - Regional

La última semana de setiembre estuvo cargada de controversias en torno al proyecto del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (Cosac), pues el Concejo Metropolitano aprobó, por mayoría, una decisión sorprendente: el aumento por segunda vez del presupuesto del proyecto en 200 millones de soles que ahora le costará a la ciudad nada menos que el doble de lo presupuestado inicialmente, 844 millones de soles en total. Pero el estupor surgió cuando se anunció que esta obra será recortada en 11.6 kilómetros pues ya no se ejecutará el tramo comprendido entre la avenida El Naranjal y el Parque Sinchi Roca, que corresponde a la última fase del proyecto, dejando con esta decisión al distrito de Comas fuera de los beneficios del célebre Metropolitano.

Los indicios de irregularidades en las licitaciones de buses que comprometen a altos funcionarios ediles cercanos al alcalde, alimentan sospechas de malos manejos y amenazan la paciencia ciudadana que ya ha sido puesta a prueba por Protransporte, el organismo municipal responsable de la implementación y el funcionamiento del Metropolitano, ante el caos sembrado en las vias con las obras, tráfico y desvíos.

Los constantes cambios en el equipo técnico de Protransporte y las demoras en la ejecución, acusan inoperancia, por ejemplo, la demora en la habilitación de paraderos en el tramo sur que ya está terminado. Ante esto, el Municipio decidió que la Empresa Municipal Administradora del Peaje, Emape, asuma este trabajo, mientras Protransporte continuará con el tramo norte. Pero Emape tampoco cuenta con la confianza ciudadana dado que es la encargada del mantenimiento de las principales vias de la ciudad y no podrían estar peor, además de los escándalos por licitaciones en los que se ha visto envuelta.

La transparencia, eje prioritario de relación entre una entidad pública que usa el dinero de los contribuyentes y la ciudadanía, no cuenta para el Alcalde de Lima que se las ingenia para eludir las explicaciones solicitadas en el Congreso de la República.

El Alcalde tampoco ha atendido las opiniones de especialistas sobre el criterio técnico de los paraderos y las terminales, dimensiones y ubicaciones que permitan accesos seguros y amplios acorde con una solución eficaz al problema de la congestión y el caos. Mucho menos, ha brindado a la ciudadanía la oportunidad de plantear sus inquietudes. Pero sí se esfuerza en asegurar que indudablemente entregará la obra a la ciudad a fines del próximo año, aunque los atrasos en la ejecución de las obras sea evidente.

Lima necesita un sistema de transporte eficiente y rápido pero también necesita que su gobierno metropolitano trace objetivos que trasciendan la frontera del periodo electoral y que dé explicaciones sobre la administración de las soluciones a los problemas generados en el proceso.

Con los buses del Metropolitano el viaje de Chorrillos a Comas debería tomar sólo 50 minutos, la mitad del tiempo que demora actualmente. Esta solución depende también de una adecuada administración de rutas donde las empresas que brindarán el servicio de buses actúen tomando en cuenta las necesidades de la ciudad, pues aún cuando se haya concluido la construcción del Metropolitano, la solución al problema del transporte urbano en Lima, no caerá del cielo: requiere emprender el ordenamiento de las unidades de transporte, transformar las empresas para que brinden servicios eficientes con personal capacitado y con buen trato. Además, es indispensable atender el problema de las combis, retirándolas de circulación gradualmente.

Es esencial un proceso de planificación insertado en un proyecto mayor, un proyecto de ciudad preparado para los cambios, que considere las proyecciones de flujo, con revisiones técnicas que garanticen la calidad del parque automotor de la ciudad, donde las modificaciones apuntan a mejorar problemas estructurales, necesariamente de largo plazo y que incluya a la población que diariamente se desplaza usando el servicio público, a la postre la alternativa sostenible para la ciudad.

La ciudad que queremos
La improvisación en las obras viales evidencia un problema de mayor incidencia en nuestro desarrollo urbano. Esta fiebre de obras que se ejecutan al son de los ritmos de prioridades políticas del alcalde no responde siquiera al cumplimiento ordenado de un plan metropolitano de inversiones.

Así pues, los ciudadanos que usamos el transporte público diariamente, que convivimos en esta ciudad donde la participación ciudadana en los proyectos metropolitanos es inexistente, donde no hay una política de rendición de cuentas y los vecinos podamos estar al tanto de lo que se hace con el dinero de la ciudad, requerimos la práctica democrática como medio que permita a nuestra ciudad crecer saludablemente.

En esta vía de contrasentido marcado por las decisiones y políticas emprendidas por el gobierno municipal, seguiremos mucho tiempo más ejercitando la paciencia frente a la informalidad de las empresas, la alta peligrosidad de las pistas, los accidentes y afrontando a cada paso una ciudad cuyas calles no están hechas para personas, donde cruzar y terminar ileso es una gran suerte.

Y después de la derogatoria de la Ley de la Selva ¿qué?

desco Opina - Regional

Luego de un ardoroso debate, el 21 de setiembre el Congreso de la República aprobó la derogatoria de los D.L. 1015 -popularmente conocido como la Ley de la Selva- y 1073.  Sesenta y dos votos a favor y veintisiete en contra, fueron suficientes para que el Poder Legislativo dé la razón a los reclamos nativos y disienta con el Poder Ejecutivo. Días atrás, el presidente Alan García, señaló que sería irresponsable dejar prosperar tamaña solicitud y que esa posibilidad sería observada por su despacho. A su vez, el ministro de Agricultura se congració con el mandatario, culpando “a los buitres del siglo XXI” (las ONG) de financiar la movilización y promover los desmanes. Mientras tanto, el premier Del Castillo desconfió de la capacidad de articulación que tienen los pueblos amazónicos para realizar este tipo de protestas, dejando entrever que intereses oscuros se escondían tras los sucesos.

Cuando todo hacía presagiar abiertas discrepancias entre el Congreso y Palacio de Gobierno, un conveniente homenaje póstumo a la congresista Fabiola Salazar dio un marco ideal para la promulgación de la Ley 29261, sin que nadie se sienta aludido, resentido ni afectado por esos dos escuetos artículos que contiene: ningún medio periodístico ha ahondado en la negativa y terquedad presidencial de reconocer públicamente su derrota política ante la movilización parcial del oriente peruano.

Danzas de guerra…lanzas en ristre

La Selva celebró muy a su estilo la derogatoria, pero tras el triunfo de la movilización se ha percatado que las puertas han quedado abiertas para nuevas movilizaciones, paralizaciones y protestas. A los D.L. 1015 y 1073 se le pueden ir agregando otras 22 normas que, para el sentir de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) o de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), son lesivas a los intereses de las etnias y pueblos amazónicos.  Ya se anuncian nuevas paralizaciones para noviembre y el Gobierno Central se ha quedado sin conciliador al habérsele negado esa calidad al ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, quien no ha sido capaz de consolidar un espacio de diálogo con los nativos. Situación que se agrava porque el Poder Ejecutivo plantea dialogar solamente con la CONAP y no con AIDESEP, a quien ha dispuesto sea investigada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Más allá de los emotivos comentarios locales sobre la derrota e incapacidad del Gobierno para imponer una norma impopular, no ha habido mayores espacios de análisis que permitan reconocer las causas por las cuales no todos los supuestos afectados por los decretos leyes derogados participaron de las jornadas de lucha. En primer lugar, las organizaciones amazónicas han mostrado deficiencias en su capacidad de organización y  visibilización de intereses comunes; y abiertos desencuentros entre líderes y posiciones institucionales divergentes. De otro lado, las metodologías de resistencia y los mecanismos de expresión internos, hacen aparentemente infranqueable la conciliación de acciones. La AIDESEP y la CONAP tienen serios problemas para sentarse a dialogar; a esta última incluso se le acusa de trabajar coludida con la Empresa PLUSPETROL. Al respecto en la Selva Central más de una comunidad nativa está aprovechando la presencia de “la petrolífera” que desarrolla exploraciones en los distritos del río Palcazu, siendo posible pensar que se les ha financiado algunas de sus actividades internas y por ello, se han mantenido al margen de los sucesos para no ahuyentar el apoyo empresarial.  Sin embargo, de aprobarse las labores de explotación petrolera en la zona, la factura social y política será trasladada a sus representantes, quienes tendrán serios problemas de credibilidad para explicar las características de esas relaciones.

Otro aspecto a considerar es la creciente comercialización informal de tierras que realizan muchas comunidades nativas. Según algunas estimaciones empíricas y sin ningún sustento técnico manifestadas por los mismos nativos de la provincia de Oxapampa, más del 40% de las tierras de sus comunidades se hallan en poder de colonos minifundistas provenientes de la Sierra Central. La pobreza ha obligado a  sus poseedores a desprenderse de ellas para sanear sus necesidades económicas. Entonces, es presumible que el temor a las leyes aludidas no sea por la venta de las mismas, sino por una posible aplicación radical y sin participación de los afectados para favorecer a grandes empresas. De otro lado, la precariedad de estas ventas -realizadas al margen del marco legal vigente- mantiene expectantes y tensos a los colonos; pero no los entusiasma a exponer abiertamente su débil situación legal.

Finalmente, un tema que ha quedado claro es que no todos los manifestantes tenían pleno conocimiento de los alcances de las normas aludidas. Las interpretaciones sesgadas, los acalorados discursos y los rumores distorsionaron la posibilidad de comunicación y entendimiento, dificultando, además, la posibilidad de construir colectivamente propuestas alternativas que sean técnicamente viables para beneficiar a las comunidades nativas.

…. Tercera Cumbre Amazónica

Entonces, el jolgorio por la derogatoria se trasladó a la Tercera Cumbre Amazónica celebrada el 21 de setiembre en Yurimaguas. Asistieron congresistas, presidentes regionales, algunos alcaldes y líderes de comunidades nativas, además de otros invitados como líderes de organizaciones políticas, grupos sindicales y frentes de defensa entre otros.  Los representantes de la CONAP no asistieron por su abierta discrepancia con la AIDESEP, quien acaparó el protagonismo. El tema central de la agenda era elaborar un Plan de lucha contra el abuso del Estado,  señalándose las 22 normas que están siendo incorporadas a la agenda de las “derogables”.

Más allá de estas intervenciones circunstanciales, no debemos de perder de vista la agresiva contaminación política que sufrirán estos grupos cuyas demandas de interés local se verán diluidas por utilizaciones partidarias en vísperas del foro de la APEC. Quienes resistieron a la Ley de la Selva pueden perder de vista que desde el Ejecutivo o desde el Congreso se insistirá en retomar el tema amazónico, cuyo actual desenlace es una enconosa espina que no ha dejado contentos a los miembros del partido de gobierno. 

Bases para la integración del Sur peruano

Desco Opina Regional

A pesar del actual contexto desfavorable para el proceso de descentralización, por la poca voluntad expresada por el actual gobierno nacional para fortalecerlo y consolidarlo, recientemente se llevó a cabo el II Encuentro de Consejeros Regionales del Sur del Perú donde, con firmeza, los consejeros manifestaron su conformidad con la instalación del  Polo Petroquímico del Sur por Petroperú y Petrobras, en base a la construcción del  Gasoducto Andino con nexos regionales para darle valor agregado industrial. Derivado de esto, se enfatizó en que el gas no debe exportarse a Chile, y más bien promover su transformación en productos como fertilizantes, plásticos, insumos químicos, electricidad, etc.

 

En el discurso de clausura, el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, declaró que, a diferencia de otras zonas del país, el proceso de integración del sur peruano se procesaba desde las mismas regiones, encontrando puntos en común y debatiendo soluciones a los problemas interregionales.

 

Así, los días 25 y 26 de agosto los consejeros regionales de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, después de las exposiciones del ex ministro de Agricultura Carlos Amat y León y del ex parlamentario Manuel Dammert, aprobaron la Declaración de Arequipa señalando, en primer lugar, que el calentamiento global provocado por los países desarrollados está disminuyendo el recurso hídrico y, en consecuencia, incrementando la vulnerabilidad y la pobreza de las zonas altoandinas.

De otro lado, se afirmó que el Decreto Legislativo Nº 1081 - que crea el sistema nacional de recursos hídricos- centraliza las decisiones sobre la gestión del agua y las deriva hacia el sector privado. Este decreto empeorará las relaciones entre la comunidad y el sector privado; en tanto los consejeros regionales proponen la creación de la Autoridad de Aguas Macroregional participativa, integrada por los distintos usuarios que determinen el uso racional del agua, y la derogatoria del DL Nº 1081.

 

De igual manera, se estima que los derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales se establecen sin consultar a los gobiernos regionales y municipales ni a la población afectada, provocando conflictos sociales; por lo cual se suscribió la Agenda legislativa macroregional de protección de los recursos naturales y fortalecimiento de la democracia. Asimismo, como propuesta para la acción conjunta, se acordó conformar el Consejo Inter-Regional que además de los temas anteriores discuta el ordenamiento y delimitación territorial.

 

Del mismo modo, el II Encuentro de Consejeros Regionales, cuya organización recayó en los consejeros de Islay y Arequipa, Fernando Bossio Rotondo y Javier Lizárraga Lazo, también acordó exigir al Gobierno Central la pronta ejecución y culminación de los proyectos macro regionales, como la carretera Inter-Oceánica, la planta de uranio (Puno) y otros proyectos similares.

 

Otro aspecto discutido ampliamente fue la reforma fiscal, propugnada por todos los gobiernos regionales, que debe contemplar la creación del impuesto a las sobre-ganancias mineras, así como el estudio, revisión y debate para la modificación de los términos económicos y tributarios de las concesiones mineras y sus respectivos contratos. Agregado a ello, se propone la Iniciativa Legislativa de Reforma Fiscal para la Descentralización de los Tributos en general.

 

Para implementar los acuerdos, deberán constituirse equipos macroregionales para presentar iniciativas normativas e impulsar proyectos macroregionales tales como a) la construcción de la cadena de frío en el sector pesquero para el consumo humano, con aportes tributarios efectivos del sector; b) el plan vial macro regional y competencia compartida regional-nacional en la fiscalización de la construcción de la vía Interoceánica del sur, complementándola con el eje Matarani-Ilo-Tacna a La Paz y Santos en Brasil; c) incremento de fuentes de generación de energía eléctrica, sobre la base de las plantas hidroeléctricas en actual funcionamiento (Majes, Machupicchu, San Gabán, etc.) y la sustitución de carbón por gas en Enersur-Ilo; d) ampliar y modernizar el par portuario interoceánico competitivo de Ilo y Matarani, asumiendo su condición portuaria competitiva del sur peruano con los puertos chilenos de Arica, Iquique y  Mejillones; e) promoción de las cadenas productivas de la región macro sur: camélidos, agroindustrias, manufactureras, pesqueras, minero- metalúrgicas, turísticas, impulsando sus infraestructuras básicas de apoyo con inversión pública y privada; f) promoción de un sistema de innovaciones científicas y  tecnológicas de las Universidades del macro-sur, con un programa de investigación, capacitación y profesionalización, en función de la transformación  productiva del sur; g) generación de una red macro-sur de centros de plataformas logísticas, comerciales, e industriales en las zonas de desarrollo especial (Ceticos, Zonas Francas, etc.) de Tacna, Ilo, Matarani, Arequipa, Puno y Juliaca; h) reforma aduanera binacional Perú-Bolivia, para facilitar los intercambios y la integración, especialmente en los pasos de frontera y en los terminales de almacenamiento portuario; i) plan de desarrollo de infraestructura y servicios del circuito turístico del macro-sur, con políticas de conservación y puesta en valor de los patrimonios naturales y culturales; j) creación de un Fondo para el Desarrollo Sustentable en Gestión de la Cuenca Macro Regional, financiado con el impuesto a las sobre ganancias mineras, el cual debe ser visto como un derecho de restitución y una compensación real ante los efectos negativos que causa la explotación minera al medio ambiente.

 

Finalmente, otras resoluciones del referido Encuentro fueron que los consejos regionales deberán ratificar en las próximas sesiones de sus respectivos Consejos los compromisos aprobados, a través de acuerdos regionales; y que el III Encuentro Macro Regional de Consejeros Regionales del Sur del Perú, se realice en la ciudad del Cusco, la primera quincena de diciembre.