Nro. 57 Nos habían dicho que el modelo era liberal

Finalmente, el presidente García firmó con evidente agrado el TLC con los Estados Unidos y, salvo muy pocos medios de comunicación, nadie recordó sus compromisos electorales, cuando prácticamente juró que revisaría «palabra a palabra» dicho instrumento. En la lógica política de los hechos consumados, el tratado entrará en vigencia sin los diagnósticos de impacto correspondientes y discutiendo mecanismos de protección, compensaciones o ajustes sólo para algunos sectores. En las expectativas del gobernante, seguramente, se formula la esperanza de que la inundación de mercancías extranjeras contribuya a paliar la presión inflacionaria, algo especialmente preocupante en los ámbitos urbanos –decisivos para el éxito electoral–, sin importar mucho la suerte que tendrán gran parte de los productores agrarios, sobre todo los que abastecen al mercado interno.

En un escenario como el que plantea el TLC, donde hay ganadores y perdedores, el impacto sobre estos últimos se agudizará al confluir con la estructura oligopólica de nuestra economía, en particular en lo concerniente al mercado de los alimentos. Para el ciudadano es obvio que lo que debe pagar no sigue una lógica de oferta y demanda, sino que está «amarrado» por la alta concentración existente en el mercado de los productos indispensables de la canasta familiar. Se nos presenta como producto de la «mano invisible» lo que en realidad es el resultado del desequilibrio abismal existente entre los consumidores y los ofertantes, que tienen ganancias extraordinarias en época de crisis, a costa del gasto cada vez mayor que la población asalariada destina a alimentos (el más alto de Latinoamérica). Por otro lado, se presenta como un problema privado («pagas o dejas de consumir») lo que es un asunto público: el ajuste periódico que debe realizar el Estado sobre el salario mínimo, como sucede en los demás países de la región.

Para algunos asuntos sí vale la ortodoxia, pero para otros no. En cualquiera de sus versiones, el modelo liberal propone –precisamente– un modelo de intervención pública para el mercado rey y su funcionamiento en un mundo lleno de imperfecciones. Sólo de manera simplista se asume que el Estado «no debe hacer nada» frente a los agentes económicos, pues estos son demasiados y sus intereses no son concordantes. Piénsese, para empezar en las diferencias entre grandes importadores y grandes exportadores frente a la crisis. Las dificultades entre ellos sí son consideradas como parte de la discusión y del juego político. Tanto que a veces salen de la esfera de las reuniones y entrevistas privadas y llegan hasta el parlamento o los medios de comunicación. Pero hay otros actores –las mayorías peruanas– que no son considerados válidos, con necesidades verdaderas y atendibles, y que no poseen los expertos y los lobbistas para que la autoridad –la verdadera, no la de la broma– se interese en ellos.

El 19 de enero el Programa Regional Sur de desco opinó sobre la situación de cien mil familias que viven en la extrema pobreza con su ganado en la puna, ahora que los precios de la fibra de alpaca se han ido por los suelos. En el caso del café, no es siquiera complicado (ni caro, pensando en los 10,000 millones de soles) reactivar esa economía fomentando la elevación del bajísimo consumo nacional. En torno a los asuntos urbanos, la autoridad tiene claro las necesidades de una industria de la construcción que sólo provee viviendas para las clases medias. Parte de los 10,000 millones del Plan Anticrisis irán a ella. Nada se hace para la industria de la construcción que provee de viviendas a los más pobres, esto es, a los autoconstructores que mantuvieron vivos a los productores de acero, cemento y ladrillo en las épocas de crisis. Los alpaqueros, los cafetaleros, los micro constructores, etcétera, también son importantes para nuestra economía y para el mantenimiento del tejido social. Pero los anteriores ejemplos nos señalan palmariamente que este «modelo» supone que estos millones de peruanos no existen para las discusiones acerca del desarrollo nacional.

En la década del ochenta, fueron los poderosos los que criticaron la heterodoxia de la acción del presidente García. Ahora, desde los de abajo, es posible criticar esta otra «heterodoxia», la de este «modelo», en el que no todos los actores económicos del Perú son tratados de la misma manera.Y cuanto menos protesten, será mejor pues, de lo contrario, serán pasibles a ser señalados como «terroristas», si nos remitimos a los cada vez mayores antecedentes que hay al respecto. Así, la democracia no tiende a incluir e igualar: por el contrario, parte de los peruanos debemos aguantar a pie firme, otros –poquísimos– son atendidos en las audiencias presidenciales.

desco Opina / 23 de enero 2009

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Y para los alpaqueros ¿No hay rescate?

REGIONAL

El estallido de la crisis económica internacional ha puesto en jaque al pensamiento liberal y al paradigma del mercado como el medio más eficiente para la asignación de los recursos. Las decisiones del gobierno norteamericano al destinar la astronómica suma de 1.2 billones de dólares para evitar la quiebra del sistema financiero, las posteriores medidas de salvataje para evitar la quiebra del los principales consorcios automotrices (Ford, GM y Chrysler) y las medidas similares implementadas por las principales economías de la Unión Europea; han mostrado el rasgo esencial del sistema en cuanto a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

En nuestro país, un sector productivo articulado desde muy temprano al mercado internacional – que inició las exportaciones a Inglaterra a mediados del siglo XIX – es el sector alpaquero, que constituye la fuente de subsistencia directa de alrededor de 100,000 familias de criadores que pueblan el espacio altoandino, por encima de los 3800 msnm, desarrollando en las más difíciles condiciones ambientales y de carencias de servicios, la única ganadería posible, que debiera ser la ganadería emblemática del país.

Sin embargo, la crianza de alpacas y llamas ha estado «librada a su suerte» sin políticas definidas o, lo que es peor, con políticas erráticas que no han permitido el desarrollo de la cadena productiva en su componente fundamental: la crianza, que es la que genera la materia prima para el procesamiento industrial en las empresas textiles instaladas en Arequipa. Sin programas de mejoramiento genético y servicios a la producción, el deterioro de la calidad de la fibra de alpaca ha sido constante reduciendo su competitividad frente al cashmere o mohair en el exigente mercado de los pelos finos.

El 2004, luego de más de 150 años de explotación de la fibra de alpaca, recién se instaura la norma técnica peruana para la comercialización de la fibra categorizada, estableciendo cuatro categorías en función de la finura, definiendo precios diferenciados, una medida estratégica para promover y estimular la producción de fibra fina, en contraposición del sistema tradicional que al fijar un precio único, termina estimulando el engrosamiento.

Como consecuencia de esta norma se inició un proceso de organización de centros de acopio, promovido por el desaparecido Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS, que avanzó principalmente en los distritos y provincias de Puno y Arequipa donde se lograron conformar estos centros a nivel regional. No obstante haber logrado acopiar un volumen cercano al 8% de la producción local, estas experiencias tuvieron un resultado exitoso en los precios alcanzados: 14.80 soles por libra para la fibra extrafina, 13 soles la fina, 9 soles la semifina y 6 soles la gruesa. Esto significó un precio promedio ponderado de 11.30 soles por libra, cifra ligeramente superior a los 11.00 soles por libra adquirida «al barrer» en las ferias tradicionales.

La producción anual de fibra de alpaca en el país asciende a alrededor de 4,500 TM, lo que representó a los precios vigentes la mayor parte del 2008, un Valor Bruto de la Producción de 107.6 millones de soles. Una de las consecuencias de la crisis internacional es la caída de la demanda de fibra de alpaca y sus derivados, ante lo cual el sector industrial ha respondido suspendiendo las adquisiciones y el efecto inmediato ha sido la caída de los precios a rangos que van de 3 a 5 soles la libra, es decir una caída del 64% en el precio y, por lo tanto, alrededor de 70 millones de soles menos en manos de las familias alpaqueras.

A esto se añade el problema de la fibra acopiada por los comités de acopio en la campaña de noviembre, que a la fecha no puede ser comercializada por la suspensión de compras de la industria y los bajísimos precios ofertados que con razón son rechazados por los productores. De tal manera que se ha generado el riesgo de un fracaso y descrédito del sistema de comercialización de la fibra categorizada y la vuelta a la comercialización «al barrer».

En este panorama, se hace indispensable una intervención del gobierno para atenuar la reducción de los ingresos de las familias alpaqueras y, al mismo tiempo, apoyar el sistema de comercialización de la fibra categorizada estableciendo un fondo de emergencia como parte del programa anticrisis que se está organizando a nivel nacional, con la perspectiva de mantener la competitividad en este estratégico sector.

La ciudad del miedo

Una serie de crímenes y asaltos que han afectado a la ciudadanía en los últimos meses, que ha merecido repercusión en los medios, pone sobre la mesa de debate, la preocupación diaria que compartimos todos los vecinos de nuestra ciudad.

Rejas en las calles, cercos eléctricos en los hogares, gas pimienta y todas las estrategias de defensa que cada ciudadano adopta para defender su integridad y sus bienes, son los indicios del miedo ante el peligro inminente que afrontamos en las calles, cuando realizamos transacciones.

Ante eso, surgen las interrogantes de los vecinos sobre lo que está haciéndose desde el gobierno de la ciudad para garantizar nuestra seguridad, preocupación que debiera ser atendida con prioridad, especialmente en esta etapa final del año cuando el consumo y los gastos son mayores y la dinámica comercial se intensifica.

Todo ello, hace que resalte la carencia de un mecanismo de eficiente cooperación entre la Policía Nacional y el gobierno municipal de Lima. Y se evidencia una vez más, que la improvisación frente al problema aumenta el riesgo: la inexistencia de un Plan Metropolitano de Seguridad Ciudadana, coincide peligrosamente con la urgente reestructuración que el servicio de serenazgo requiere para mejorar el servicio brindado a la ciudad.

Aunque la distritalización de la Policía ha sido una iniciativa positiva con la que se busca que la PNP y el serenazgo, trabajen conjuntamente en lugar de duplicar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, los concejos Regional y Provincial de Seguridad Ciudadana siguen sin funcionar.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha ensayado ya varios planes que no han dado los resultados esperados: Telaraña y Protégeme, por ejemplo, ayudaron de manera aislada pero no afrontan el tema de fondo, más bien le hacen el juego. El miedo sigue acompañando a vecinas y vecinos que deben cobrar o pagar en instituciones financieras, bajo la amenaza latente en la calle.

El plan para crear una red de investigación especializada contra el crimen, anunciado por el ministro del Interior Remigio Hernani y que cuenta con más recursos que las comisarías locales, tampoco tranquiliza los temores ciudadanos, pues esta red estaría operativa recién en junio próximo. Un plazo corto para el sector, un riesgo grande para todos los demás.

De otro lado, el Proyecto de Ley del «Arresto Ciudadano» dividió las opiniones de los alcaldes en la ciudad. El Pleno del Congreso debe decidir el futuro de esta norma, que podría entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2009 y que permitiría a los ciudadanos detener a un delincuente en flagrante delito, ofreciendo un mayor apoyo a la Policía Nacional en su lucha contra la inseguridad ciudadana. Existen diversos cuestionamientos, relacionados a arbitrariedades, funciones y competencias ciudadanas y de los serenos, pero lo que no existe es la posibilidad que la ciudadanía dialogue al respecto con el gobierno de la ciudad.

Aunque, días previos al fin de año, el jefe de la Policía Nacional, general PNP Mauro Remicio, afirmó que la seguridad durante las fiestas, estaría a cargo de 90 mil efectivos a nivel nacional, la ola inacabable inundó la ciudad con asaltos y robos en los primeros días del enero.

Resulta indispensable responder a la demanda de seguridad con un criterio más realista, donde la atención no se centre en lo coyuntural y, más bien, poner mayor énfasis y voluntad en las estrategias de negociación entre la policía y los gobiernos locales, con la eficiencia como premisa.

La ciudadanía demanda una respuesta organizada al crimen, en lugar de acciones aisladas, al son de los medios. Es necesario articular objetivos e iniciativas y elaborar planes coordinados para que la policía, el gobierno local y el gobierno regional puedan por fin, brindar seguridad a la ciudad, rescatando lo aprendido en las acciones efectuadas en cada institución. Sólo así podremos usar, con menos riesgo, nuestras calles.

Nro. 56 La multiplicación de los planes

En menos de un mes, el gobierno ha presentado al país tres importantes planes: el Plan Anticorrupción que fuera prometido al Congreso por el primer ministro Simon cuando su primera presentación; el Plan Anticrisis, prometido por el presidente García a la CONFIEP luego de negarse la existencia de una crisis; y el Plan de Lucha Contra la Pobreza que aparece repentinamente. Excepto por el primero, no se han efectuado públicamente consultas. El Plan Anticrisis no ha sido consultado con la Nación. El Plan Anti Pobreza no ha sido consultado con el MEF. El Poder Judicial se queja de no haber sido convocado en la elaboración del Plan Anticorrupción que, por lo demás, no contempla al narcotráfico.

Todo esto sucede recién inaugurado el «Año de la unión nacional frente la crisis externa». Fuera de los problemas en el contenido de los planes, no es este el mejor procedimiento para generar la unión nacional en una democracia. En caso de cumplirse las metas (¿Cuáles son? Es una pregunta ya hecha de manera pública), los resultados esperables no modificarán la situación anterior a la crisis. En el Perú, a diferencia de los países que siempre tomamos como referencia, se sigue pensando que el modelo de política económica no debe cambiarse, cuando hasta los más fervientes militantes del libre mercado consideran que no va más.

Por otro lado, tan frecuente e impreciso uso ha tenido el concepto de plan, que resulta severamente desvalorizado tanto en su sentido y en sus alcances, como en su capacidad de movilizar a otros ciudadanos que no sean los periodistas de la sección noticias del día. A decir verdad, son planes tan inocuos como el plan «Tolerancia cero» del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si esa es la idea que se tiene de los planes en el país, resulta aún más claro por qué el CEPLAN sólo tiene una presencia formal.

La «anti crisis» y la «lucha contra la pobreza» son dos caras de la misma moneda y pertenecen al mismo enfoque de «ajuste y compensación social» que ya mostró ser inefectivo en lo que a desarrollo con equidad se refiere, en los inicios de la década del noventa. Las ideas de fondo están en ese viejo esquema: se invertirán 10,000 millones de soles en las grandes acciones con los grandes empresarios, esperando que a ellos les vaya mejor. Mientras tanto, se efectuarán repartos de mejor manera (eso se espera) entre los extremadamente pobres. Se asume que el grueso del país se beneficiaría del goteo o chorreo o como se le llame, producto de la acción de las grandes empresas con fondos públicos. El pequeño productor alpaquero, el cafetalero, el empresario textil, el microempresario, el autoconstructor, etcétera, —en suma, todos los que generan empleo de manera masiva— serán beneficiarios indirectos del plan. Los beneficiarios directos serán unas minorías muy abajo y muy arriba en la escala social.

Los planes parecen ser más de lo mismo. La agenda de 2009 es la de 2008.

Nro. 55 Después de la fiesta

Finaliza el 2008 y la popularidad del Presidente de la República ha remontado el constante deterioro que marcó en los meses previos, aun cuando ésta sea sumamente baja en algunas regiones, como ocurre con el sur del país. La combinación de un buen aprovechamiento mediático del foro de la APEC, con la rápida y eficaz salida que dio a la crisis suscitada por la revelación de los petroaudios, al menos momentáneamente, y el tratamiento benigno que le depara parte de los medios de comunicación más importantes, ha tenido los resultados que ahora se muestran.

Sin embargo, este cierre de año para García puede ser tomado como un buen y necesario respiro, indispensable para sortear la serie de problemas, que parecen esperar sólo la finalización del ambiente festivo para manifestarse con intensidad. En ese sentido, resaltan las dudas sobre el alcance que tendrán las recientemente anunciadas medidas para paliar los efectos de la crisis financiera internacional.

Por lo pronto, el freno al crecimiento ya está dando sus señales con las restricciones en las inversiones y su secuela de desempleo. Asimismo, el impulso que quiere dársele a la inversión pública puede volver a poner sobre el tapete la siempre alta sospecha sobre actos de corrupción que genera el gobierno aprista, pues esta decisión parece conllevar el deseo de relajar los controles mínimos exigidos –bajo el argumento de la urgencia– a lo que se agrega el ambiente enrarecido que está rodeando la elección del nuevo Contralor de la República.

Un ejemplo de lo anterior es lo poco convincente que resultan los argumentos esgrimidos para licitar terrenos del Estado, con la finalidad de usarlo en la construcción de viviendas. A lo sucedido con el aeródromo de Collique, tenemos ahora lo del Pentagonito. En esa línea, ¿vendrán otros casos?

El problema es que estas situaciones no son circunstanciales y revelan fallas sistémicas. La falta de transparencia, la actividad de oscuros lobbistas en los altos niveles de gobierno y la primacía de intereses privados en las cuestiones públicas, entre otros asuntos, no son materias que se reducen a algunos casos sino parecen responder a una manera habitual como el Estado ha entablado sus relaciones con el poder económico desde siempre.

Por otro lado, entre los asuntos que debe enfrentar el Ejecutivo en los meses venideros está la conflictividad social. Cada vez más compleja y virulenta, el equivocado enfoque del gobierno –responder cuando el conflicto ya se ha producido, para evitar daños mayores– puede tener, en el mejor de los casos, visos de pragmatismo pero definitivamente corroe desde sus bases mismas la escasa legitimidad del sistema político.

En ambos casos, lucha contra la corrupción y conflictividad social, se suponía un protagonismo central del primer ministro Yehude Simon. Sin embargo, pareciera que su figura viene siendo empequeñecida por la exposición mediática del presidente García. Esto podría interpretarse en función a las capacidades histriónicas del mandatario, pero parece que el síntoma revela otras cuestiones.

Es evidente que Simon asumió sus funciones sin tener en cuenta lo indispensable que es tener equipos de asesores propios. Asimismo, mas allá de la voluntad que declaró y de la que nadie tiene dudas, pareciera que muchos de los complicados asuntos de gobierno no le son tan fáciles de manejar. Todo ello está haciendo que el Premier no se maneje con soltura, ante una desbordante personalidad como la del Presidente de la República.

En todo caso, pasados los rezagos de las fiestas, parece que la vuelta a la realidad tomará la forma de un ardiente verano, sin que se sepa cómo le podrá ir al gobierno con tantos flancos débiles que quedan a la vista.

Producto de bandera… productores olvidados

Regional

Mientras en Lima se desarrollaba un proceso de acondicionamiento de calles, avenidas y parques para la reunión de APEC, con el consiguiente desembolso de innumerables recursos que posibilitaran interesar a los visitantes para invertir en el Perú, particularmente en el rubro agrario, en el interior del país acontecían una serie de movilizaciones de los productores esperando atención a sus demandas. Una de ellas debe ser destacada en nuestro caso, porque el Gobierno se habría comprometido a mejorar los precios de la fibra de alpaca, principal fuente de ingreso para las miles de familias que habitan los altos andes del Perú, entre la Sierra de Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno.  Los precios mencionados no han mejorado y, peor aun, en los últimos días la caída de éstos se ha pronunciado,  pese a las campañas publicitarias que se desarrollan desde diferentes sectores.

 

Queremos recordar también, que durante su campaña presidencial, el Dr. Alan García ofreció un sistema de mejora a través de la creación de un híbrido denominado paco-vicuña. Posteriormente, al desarticularse el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos, se desconoce cuáles son las líneas matrices para el sector: ¿Cuáles son las alternativas del gobierno, de las que dependen las familias más pobres del Perú? En este contexto, nos hacemos partícipes del siguiente pronunciamiento de los productores huancavelicanos.

 

 

PRONUNCIAMIENTO

 

 

La Asociación de Promotores Alpaqueros y Servicios Múltiples de la Región Huancavelica – APROAL, hace de conocimiento público y aclara; que las emisiones radiales y televisivas que se vienen difundiendo desde hace unos meses, en relación con los precios de la fibra de alpaca, donde se menciona que la fibra ha mejorado de 2.7 a 14.00 nuevos soles por nuestra gestión y con asesoramiento de la minería; es falsa é incoherente, y queda absolutamente desfazada pues esos precios corresponden a periodos cortos de la campaña 2007, y en la actualidad está generando grandes confusiones y malestar en las comunidades alpaqueras de la región de Huancavelica; por lo tanto hacemos pública nuestra solicitud de retiro del spot mencionado a quienes corresponda.

 

Además manifestamos lo siguiente:

 

Primero.- Los precios de la fibra son manejados monopólicamente por la industria textil  arequipeña y sus intermediarios,  por lo tanto; ni los productores ni mucho menos la minería tenemos ingerencia o poder para subir y bajar los precios. A pesar de éste escenario; la APROAL ha logrado organizar por gestión propia la oferta de la fibra, y realizar mejores negociaciones y con ello regular los precios de la fibra en el mercado regional a favor de los productores alpaqueros desde el 2003 hasta la actualidad.

 

La APROAL reconoce y agradece los aportes de diferente índole por parte de instituciones y proyectos ligados al sector alpaquero huancavelicano, sin embargo, individualmente; éstas no fueron determinantes para alcanzar los logros de nuestra organización. 

 

Segundo.- Mostramos nuestro absoluto descontento por la desidia total de parte del Gobierno  Central y Regional por generar políticas publicas en favor de las comunidades alpaqueras de la región Huancavelica, que a su vez históricamente ha sido sometida a los grandes poderes económicos como la industria textil arequipeña.

 

Tercero.- Comunicamos nuestra absoluta preocupación por la caída de los precios de la fibra de alpaca en el mercado nacional y local; y la ausencia del Estado para regular los precios de la fibra a pesar de estar considerada como producto bandera nacional. No existen intentos por fomentar y fortalecer  organizaciones de los productores como la APROAL, más por el contario estamos expuestos a las reglas desventajosas del mercado con capacidades debilitadas.

 

Cuarto.- Existe descoordinación o aislamiento a los productores por parte del Gobierno Regional de Huancavelica para la participación efectiva en la instalación de plantas textileras en la región, donde aparentemente los productores alpaqueros no contamos, olvidándose que somos los principales proveedores de materia prima.

 

No estamos en contra de iniciativas, empresas u otros que se quieran conformar a favor de los productores alpaqueros, sin embargo; debemos ser considerados como directos interesados.

 

Atentamente

 

Asociacion de Promotores Alpaqueros APROAL Huancavelica

La Directiva

 

Seguridad ciudadana y desarrollo de la selva peruana

Regional

Aunque se difunden cifras oficiales sobre la incidencia delictiva y el resultado de las intervenciones policiales en la Selva Central, según estudios confiables existe un alto número que alimentan las «cifras negras», es decir aquellas que no son reportadas por las víctimas. Al respecto, son visibles las limitaciones de equipamiento logístico de la policía y por ello los pobladores dudan de su eficiencia, a lo que debemos sumar la inercia del Poder Judicial, lo que da como resultado una percepción de inseguridad bastante alta.  

Es cotidiano escuchar noticias sobre asaltos a pasajeros de los buses que transitan en las carreteras pero, lo que no se señala es que en los caminos vecinales y trochas carrozables de esta parte del país, donde la presencia policial es nula, el número de actos delictivos es mayor al que se anuncia en los medios, con el agravante de que, generalmente, la víctima es fuertemente golpeada o asesinada. Esta inseguridad se incrementa de manera alarmante en temporada de cosecha, cuando  esperanzados en recuperar su inversión luego de largas faenas de trabajo son presas de bandas organizadas, que controlan y reciben datos sobre las actividades de venta y cobranza de los agricultores locales.  

Las autoridades recomiendan el uso de transferencias interbancarias, cheques y  tarjetas para reducir la vulnerabilidad del traslado de grandes sumas de dinero. Sin embargo, nada está más alejado de la realidad de los pueblos de selva, en donde no existe un número adecuado de agencias bancarias ni seguridad en las mismas.  Además, las que funcionan efectúan limitadas gestiones financieras. En pocas palabras, sin efectivo visible no habrán pagos a jornaleros, dinero para compra de insumos ni circulante para los abastos familiares.  

En estas incursiones delincuenciales no sólo se roba el dinero y valores personales, sino que se despojan los vehículos y hasta las cargas de productos. También se incurre en violaciones y otros vejámenes. Existen pues diferencias abismales entre las recomendaciones que se promocionan para garantizar la seguridad ciudadana, que están basadas en realidades urbanas, y los desafíos que plantean las condiciones cotidianas de nuestra amazonía.  

De esta manera, con la poca credibilidad que generan las estadísticas oficiales y la incongruencia entre la supuesta reducción de los actos delictivos y el incremento de la inseguridad en las localidades del interior, no es posible facilitar el desarrollo rural que, a su vez, urge de la seguridad para poder desarrollar sus actividades productivas. Según la norma (Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana) se han creado 26 Comités Regionales, 193 provinciales y 1,627 distritales de Seguridad Ciudadana. Esto nos podría hacer creer que existe una estrategia nacional que rendirá frutos en el mediano plazo pero, al parecer, esto dista de ser una proyección verosímil.  

En primer lugar, estas instancias –en donde deben confluir las autoridades y la comunidad organizada en juntas vecinales– crean contradicciones con las formas organizativas locales, ya que no se desprenden de ellas sino que se conforman de manera paralela. En buena cuenta, los procesos de capacitación a estas juntas vecinales son simples formalismos, que buscan cumplir con el requisito especificado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). No faltan quienes cuestionan el compromiso civil en la tarea de prevención, pero olvidan que esta participación es voluntaria y riesgosa, ya que se exponen a represalias por parte de los delincuentes, sin contar con ningún tipo de garantía personal.

Otra causa gravitante es la alta frecuencia en la rotación de las autoridades policiales y de los funcionarios que los gobiernos regionales y locales asignan a esta tarea, que no sólo impide la debida formación de capacidades sino que, también, siguiendo con las prácticas burocráticas comunes, el reemplazante desconoce lo actuado y lo pasa a fojas cero, sin recoger ni analizar las experiencias vividas. De esta manera, el burocratismo y el populismo le han ganado terreno a la obtención de buenos resultados. Demás está decir que la coordinación interinstitucional deja mucho que desear por lo literalmente inexistente.  

Desde la óptica de la planificación para la acción, no se cuenta con diagnósticos confiables ni existen mapas de incidencia delictiva. Entonces, no es errado pensar que los planes de trabajo elaborados por estos comités de Seguridad Ciudadana finalmente no se implementen porque las instancias gubernamentales no tienen capacidad para ponerlos en práctica. En efecto, el equipamiento de las comisarías rurales y del personal de patrullaje es exiguo, sin dejar de mencionar los actos de corrupción en que incurre parte del cuerpo policial. De otro lado, la falta de eficaces equipos de comunicación y combustible para los vehículos favorecen aún más la actividad criminal.

Ante esta realidad ¿Es posible hablar de posibilidad de desarrollo de la Selva central en las condiciones en que se encuentra la Seguridad Ciudadana?, ¿se puede incentivar una mayor inversión del productor en tecnología y mejores prácticas si no se le asegura la integridad personal y la de sus bienes? Estamos seguros que no. A pesar de ello, existen los emprendedores del agro que asumen los riesgos pero, no dejan de manifestar su desazón por el descuido y los crasos errores en que incurren las instancias que deberían de protegerlo, una razón más que acentúa el distanciamiento entre el Estado y la sociedad rural.