Tal parece que los congresistas que aprobaron el proyecto de Ley nº 904/2021-CR, viven de espaldas a nuestra cruda realidad; en Perú, 13 de cada 100 adolescentes mujeres ya es madre o está embarazada. Este indicador resulta más alarmante cuando nos focalizamos en algunas localidades de la Amazonía, en donde encontramos hasta 40 de cada 100 adolescentes que ya son madres o están embarazadas.
Según el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente, para el 2021 esta situación se debía reducir en 20%. A la fecha, no se ha alcanzado la meta propuesta y las medidas de control sanitario por la COVID-19 terminaron por relegar a un segundo plano todas las acciones que debían ser implementadas por el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Salud (Minsa). Si bien la prevención del embarazo en adolescentes es una prioridad, actualmente el embarazo y la maternidad en la adolescencia aumentaron incluso durante el aislamiento por la pandemia y continúa siendo un problema de salud pública, de derechos y oportunidades para las mujeres y las niñas, así como de desarrollo para el país.
Desplazar al Minedu como órgano rector de los contenidos de la educación sexual que se brinda en las aulas y convertir a las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa) en una suerte de inquisidores contemporáneos, generará más de una discrepancia y una presión para el «silencio» de los docentes a fin de evitar la censura y el veto sobre textos y materiales por muy científicos y pedagógicos que sean. Al obligar a los profesores a someterse a la voluntad de los padres y esquivar la meticulosidad interesada para no estar en falta, se transmitirá el mensaje de que el sexo no tiene cabida para ser conversado en el colegio.
Escuchar los argumentos de distintos congresistas sobre la existencia de «textos con contenido pornográfico» da cuenta de dos posibilidades: que sus asesores no supieron darles la información correcta o que se trata de una postura para identificarse o congraciarse con grupos ultraconservadores, que están convencidos de que el enfoque de género y la educación sexual integral promueven la homosexualización y la iniciación sexual temprana de los jóvenes.
La norma fue impulsada por un legislador de conocida proximidad con el colectivo ultraconservador Con Mis Hijos No Te Metas; es de suponer entonces que esté materializando alguna promesa de campaña. Vivir de espaldas a la realidad, no niega el que posiblemente muchos de los adultos de esos colectivos ultraconservadores siendo adolescentes exploraran su sexualidad sin permiso ni conocimiento de sus padres, mientras hoy quieren satanizar al sexo y las inquietudes adolescentes como si no fueran algo natural.
La Defensoría del Pueblo ha solicitado que el Presidente de la República observe el referido proyecto, porque la Educación Sexual Integral (ESI) está acorde con el segundo objetivo prioritario de la Política Nacional de Igualdad de Género en tanto “contribuye a reducir problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, como la tasa de embarazos en la adolescencia”. Si bien es cierto que el Congreso aún no remite la norma al Ejecutivo para su promulgación, ya existen pronunciamientos del Minedu y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que indicarían que la ley será observada. Queda siempre el riesgo de que aquella sea aprobada por insistencia, por lo que ya existen movilizaciones ciudadanas promoviendo su archivamiento definitivo.
Las y los jóvenes tienen todo el derecho de recibir información calificada que les permita evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual; esa información debe ser técnicamente bien cualificada con el concurso de opiniones expertas, con estrategias pedagógicas validadas y con docentes en las aulas con las mejores capacidades para hacerlo.
desco Opina – Regional / 27 de mayo del 2022
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