Salario mínimo: un impulso necesario y justo para la recuperación

 

Cada vez que se propone un incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en Perú, el debate público estalla como una tormenta. Desde el sector empleador, algunos de sus voceros, rápidamente alzan la voz, advirtiendo que cualquier aumento pondría en riesgo la recuperación económica del país. Del otro lado, el sector trabajador no deja de insistir en que la RMV debe ajustarse para cubrir el costo de la canasta básica familiar, una demanda largamente postergada que refleja la necesidad de justicia económica para los trabajadores de menores ingresos.

A pesar de la intensidad de estas posturas, lo cierto es que el debate sobre el salario mínimo debería darse en un espacio técnico, donde prevalezca el análisis riguroso y las cifras sirvan como base de las decisiones. Ese foro existe, es el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), en particular, la Comisión Especial de Productividad y Salario Mínimo (CEPSM). Es en este espacio donde se debe buscar el equilibrio entre las preocupaciones empresariales sobre los costos laborales y las legítimas demandas de los trabajadores por una remuneración digna.

En este contexto, el pleno del CNTPE encargó a la CEPSM, el 12 de agosto último, la tarea de evaluar la solicitud de incremento de la RMV, formulada en el discurso presidencial del 28 de julio. Se espera que la comisión concluya su trabajo hacia mediados de octubre y comunique sus conclusiones al Poder Ejecutivo, quien finalmente tomará una decisión. No obstante, este debate no debería terminar ahí. El reto mayor radica en avanzar hacia la institucionalización de un proceso que permita reajustes periódicos y predecibles de la RMV, evitando que éste se convierta en una disputa sujeta a los vaivenes políticos o a la presión coyuntural. Consolidar un mecanismo transparente y sostenible para futuros reajustes será clave para garantizar la estabilidad económica, como la equidad social.

La discusión sobre el aumento de la RMV se enmarca en un contexto económico relativamente favorable. En los últimos seis meses, Perú ha mostrado una tasa de crecimiento cercana al 3%, lo que indica cierta recuperación después de un período de inestabilidad global. Este crecimiento otorga alguna capacidad al mercado laboral para absorber un aumento en la RMV sin que comprometa la competitividad o cause un impacto negativo en la creación de empleos formales.

Una de las cuestiones centrales a evaluar a favor de un incremento de la RMV, es la mejora en las condiciones del mercado laboral. La tasa de desempleo ha disminuido en los últimos dos años, lo que sugiere que el mercado tiene capacidad para generar empleo y absorber un aumento en los costos laborales. Además, la informalidad, que ha sido una barrera histórica para el desarrollo económico en Perú, ha caído en 1.6 puntos porcentuales en los últimos doce meses, lo que representa una mejora en la calidad del empleo. Esta reducción, también refuerza la idea de que un incremento de la RMV podría ayudar a consolidar la formalización de más trabajadores.

Adicionalmente, cabe destacar que la relación entre la RMV y el salario medio ha disminuido, tanto en el mercado laboral en su conjunto, como en el empleo formal. Esto significa que el salario mínimo ha perdido terreno frente a los salarios promedio, lo que ejerce presión social y económica para que se ajuste de manera que mantenga su poder adquisitivo y cumpla con los estándares de equidad que promueve la Constitución.

Por último, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo del salario mínimo en más de 9% desde el último incremento producido en mayo de 2022. Este deterioro afecta principalmente a los trabajadores y sus familias que dependen de la RMV para subsistir. Por tanto, un aumento no sólo es necesario desde el punto de vista económico, sino también social, para garantizar que los trabajadores puedan hacer frente al incremento en los costos de vida.

Sin embargo, no todos los indicadores socioeconómicos son tan alentadores. Un componente necesario para justificar un aumento de la RMV es la productividad multifactorial, que no ha mostrado avances, sino por el contrario, retrocesos en los últimos años. La informalidad sigue siendo masiva y, por tanto, se constituye en un obstáculo para mejorar la productividad, ya que una gran parte de la fuerza laboral no tiene acceso a capacitación o tecnología. Además, aún falta una recuperación significativa de la inversión privada en sectores de valor agregado y del consumo, lo que limita el dinamismo económico general. Es posible que el aumento de la RMV contribuya a la recuperación del consumo, pero serán necesarias también, políticas que apunten a mejorar el capital humano de los trabajadores y el clima de confianza para reactivar la inversión privada.

Para concluir, el aumento de la RMV, más allá de las tensiones que genera en el debate público, debe seguir discutiéndose en el marco institucional del CNTPE, con el rigor técnico que amerita. Como ya se ha explicado, el verdadero desafío, además de subir el salario mínimo antes de fin de año, es el de garantizar que este proceso se institucionalice en una norma y se maneje de forma predecible, protegiendo tanto a los trabajadores como al desarrollo económico del país. De esta manera, el proceso se alineará mejor con el mandato constitucional de garantizar una remuneración equitativa y suficiente para los trabajadores y un desarrollo sostenible.

 

 

desco Opina – Regional / 27 de setiembre de 2024

Un recodo en el camino

 

El deceso de Alberto Fujimori ha intensificado los adjetivos habituales. Los comentaristas políticos llaman a esto “polarización”, porque los contendientes bosquejan “el legado fujimorista” según sus respectivos puntos de vista.

Para el caso, es muy importante que se ponga sobre la mesa lo que significó su régimen en materia de derechos humanos y el arrasamiento de las instituciones. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los secuestros de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti, los pagos a Vladimiro Montesinos y a los congresistas tránsfugas, la compra de líneas editoriales y el allanamiento ilegal del domicilio de Trinidad Becerra. Además, fue sentenciado por el caso de los diarios “chicha”, por el desvío de fondos públicos (alrededor de 122 millones de soles) para financiar sus campañas electorales y difamar a sus opositores políticos. Sin embargo, en 2016, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anuló esta condena, argumentando que las pruebas no demostraban con claridad la responsabilidad de Fujimori.

Pero, no es todo. En diciembre pasado el Poder Judicial había dado inicio al juicio oral por el caso Pativilca contra Fujimori, Montesinos y otras veinte personas, acusadas de homicidio calificado y asesinato con alevosía. En la audiencia, Vladimiro Montesinos se acogió a la sentencia anticipada y fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión, mientras que Fujimori debía cumplir una orden de impedimento de salida del país.

Por otro lado, en junio de 2023, la Corte Suprema de Chile aprobó la solicitud del Estado peruano para ampliar la extradición de Fujimori para ser juzgado por cinco casos más: el secuestro y asesinato de la familia Ventocilla, las ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador japonés en Lima, el secuestro y tortura de los generales Arturo Moreno Alcántara y otros, así como las esterilizaciones forzosas, en las que también están comprendidos los exministros Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer.

Sobre el último caso, en diciembre pasado la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró fundada una demanda de amparo y, por lo mismo, declaró nulo el expediente de apertura de dicho caso. Luego, en agosto de este año, el Poder Judicial anuló la acusación presentada por la Fiscalía, dejando sin efecto lo actuado por esta instancia.

Inversamente proporcional a los señalamientos y acusaciones en materia de derechos humanos y corrupción, está lo referido al modelo económico. Ha sido muy poco lo que se ha puesto en cuestión estos días, de lo que sin lugar a duda es el corazón mismo de la Constitución de 1993, auspiciada por un fujimorismo que tenía en esos años todos los medios para proceder. Con ella, se diseñó un régimen denominado de “economía social de mercado”, con el que se consagró los roles disminuidos –subsidiarios– que tendría el Estado en materia económica.

Otro cambio fue el grado de autonomía que se le otorgó al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quedando explícitamente prohibido de financiar al Gobierno y, con ello, poner punto final a la emisión inorgánica –la “maquinita”– a la que fueron muy adeptos los gobiernos pasados.

Un tercer aspecto resaltante fue el programa de privatizaciones, bajo el amparo de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas del Estado. Entre 1992 y 1996 se privatizaron cerca de 110 empresas estatales, generando ingresos por unos 7200 millones de dólares.

Como vemos, los aspectos ya señalados, y seguramente muchos otros más también, continuarán argumentándose de la manera como se hace en estos momentos: que la derrota de la subversión no legitima los excesos en materia de derechos humanos versus quienes creen lo contrario; que el rol del Estado es asegurar el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos frente a quienes sostienen que su rol básico es el de promover entornos favorables a la inversión. La balanza se inclinará para un lado u otro por la fuerza argumentativa, sin duda también emotiva, que deberán tener las posiciones hacia adelante.

 

desco Opina / 20 de setiembre de 2024

¿El fin de una era?

 

El miércoles 11 de setiembre, Keiko Fujimori, a las 18:26, anunciaba oficialmente la muerte de Alberto Fujimori, expresidente y dictador que gozó de la cárcel más dorada del mundo, sentenciado, entre otras cosas por violación de derechos humanos y corrupción. Partía así de este mundo el excandidato al Parlamento japonés y autoanunciado aspirante en las elecciones nacionales peruanas de 2026.

Algunos analistas opinan que fue un prisma de luces y sombras; pero lo cierto es que en su decenio en el poder proyectó más oscuridad. Se encargó de destruir la institucionalidad en nuestro país y de instituir una nueva forma de hacer política: pragmática, claramente clientelar y oportunista. En un sentido importante, envileció la Nación. Esa forma de hacer política es su mayor legado, que tristemente nos acompaña hasta ahora y que es personificado por la actual mandataria y los congresistas.

Condenado a 25 años de prisión, su cuestionado indulto fue un gesto de desprecio contra las víctimas de su gestión presidencial que no fueron resarcidas o murieron esperando justicia. Nos referimos a los familiares de los asesinados por el Grupo Colina y a las mujeres muertas y dañadas por su política de esterilizaciones forzadas. Sus abogados lograron que le otorgaran el beneficio de una pensión presidencial, aun cuando ésta era ilegal e inmoral, y cuando no había pagado la reparación civil por sus delitos.

El vínculo directo con su asesor Vladimiro Montesinos para comprar voluntades y el pago en secreto de 15 millones de soles por sus servicios –mientras escenificaba teatrales operativos en televisión para capturarlo–, le valieron su condena por corrupción de funcionarios y peculado. Otras fechorías de su gobierno que no debemos olvidar, pero que nunca llegaron a tribunales, fueron la venta de armas del Ejército peruano a la guerrilla colombiana y la denuncia sobre el narcoavión presidencial por el que sólo pagaron aviadores, sin que se descubriera a los mandos involucrados en el cargamento de cocaína hallado en el hangar presidencial.

A pesar de toda esa oscuridad y de su autoritarismo, construyó un caudal de acólitos que conformaron el voto duro que alimenta el apetito político de parte de su familia, que continuó, como es público y notorio, con las prácticas mercantiles, autoritarias y corruptas en la política, y que los mantienen en tribunales. En ese caudal electoral también hay sectores discriminados, excluidos y humildes, de zonas alejadas del Perú, que guardan un gran recuerdo del “chino”, porque sintieron la proximidad del expresidente y del Estado –que está obligado por función a llegar a todos los rincones del país–, como una dádiva, como una virtud personal. Fujimori, astutamente desplegó una estrategia de interacción y proximidad con estos sectores, proyectando una imagen de identificación con ellos, tratando de mimetizarse con sus vestidos y sombreros. Les vendió el cuento del emprendedurismo, mientras liberaba la educación a los capitales privados y no actuaba por reformas en la pública.

Logró, además, el respaldo de los sectores más ricos de nuestra sociedad, ganadores en el orden y el crecimiento neoliberal que les ofrecía. Fue el gran vendedor del discurso que le hizo creer al país en la posibilidad del progreso en base al dinamismo de la inversión extranjera, la venta de las empresas estatales y las facilidades tributarias a la gran empresa. Una forma de modernización autoritaria, desde arriba, excluyente y regida por el mercado, en la que ganaron más ellos.

Con su socio y asesor, desde la salita del Servicio de Inteligencia Nacional, supo manejar el poder mediático, comprando broadcasters y líneas editoriales completas, que contribuyeron a esa imagen de pacificador del país y mesías del milagro económico, que tanto les gusta predicar a sus seguidores.

Pasadas sus exequias, veremos cuál será el nuevo plan de campaña de Keiko Fujimori. Tendrá que decidir si encabeza la campaña o si sólo buscará el Senado para asegurar impunidad. El juicio en la que está comprometida no le ha disminuido sus bonos aún, pero, sin duda, la muerte de su padre no estaba dentro de su cálculo político inmediato, le resultará difícil capitalizarla y podría afectar su imagen, en un escenario donde las distintas derechas no le reconocen más el liderazgo “natural” al que aspira desde el 2011, sin éxito.

Hoy más que nunca, el ejercicio de la memoria y su transmisión a los más jóvenes, es una tarea indispensable si queremos empezar a cerrar definitivamente una etapa de nuestra historia y trabajar por un cambio. Con la muerte de Alberto Fujimori no se acaba el fujimorismo. No nos ilusionemos.

 

desco Opina – Regional / 13 de setiembre del 2024

descosur