viernes

Gobierno débil y larga inestabilidad

 

La tarea de hacer conjeturas generales sobre el futuro económico y político del país para el presente año es desafiante, tanto para los analistas políticos como para los económicos y financieros. Sin embargo, al analizar la coyuntura actual en el Perú, nos vemos obligados a considerar una serie de elementos adicionales para especular mejor sobre el papel de los distintos actores individuales y colectivos en el escenario. Eso, si de verdad queremos comprender mejor la situación en este año tan particular en el que conmemoramos el bicentenario de la consolidación de nuestra independencia americana, conseguida peleando en las pampas de Junín y Ayacucho.

Existen indicadores preocupantes en el país en términos de estabilidad, paz social y la redistribución de la riqueza producida en los últimos años. Hay constantes que resultan espeluznantes, para quien busque tales indicadores y aquellos otros relativos a la confianza para la inversión. Éstos también reflejan la mala calidad de los servicios sociales como en los desayunos escolares para millones de niños o en los servicios públicos de salud, que son de difícil acceso para millones de afiliados. Nuestros hábitos de consumo diario, más allá de la pertenencia a una clase social u otra, reflejan en suma una realidad donde la mayoría experimenta una disminución en su nivel de vida.

Parece que estamos atravesando un período en el que la vida cotidiana de los peruanos se ve dominada por una rutina de inseguridad generalizada, mientras que los eventos políticos parecen sacados de malos guiones de comedia y de las peores telenovelas. El país real acelera su ruta hacia lo desconocido, cada vez menos estable y con menor institucionalidad, cuando se rompe a diario la Constitución y no se aplican las leyes, o se dan para favorecer a las mafias y la corrupción. Llegamos al extremo de considerar el regreso de Fujimori al poder o la presidencia de Antauro Humala como el castigo electoral que el pueblo peruano daría a sus actuales gobernantes. También aparece el aumento de las remuneraciones de los congresistas, otorgado por el mismo Parlamento que le exige al Ejecutivo austeridad ante la crisis económica y la recesión actual.

Es difícil discernir entre los momentos de inacción y aquellos en los que los acontecimientos se desarrollan caóticamente, creando una sensación de confusión y desorden. Parece dar la impresión de que solamente tenemos ante nosotros un enredo descomunal que nos proyecta al vacío. Ni lo uno ni lo otro ocurren en puridad. Por ahora, parece que estamos dispuestos a aceptar el mal gobierno como un padecimiento de temporada, como la inevitable llegada del frío que trae todo invierno, a la espera más adelante de mejores tiempos y condiciones, sin que nadie sepa cómo llegar a ese punto de retorno y evitar caer en algo más grave de lo que ya tenemos: un régimen político que combina elementos democráticos con otros tipos de poder autoritario y corrupto donde las instituciones políticas democráticas son formales, pero no pueden ocultar una realidad de dominación autoritaria.

Las luchas por el poder, la aplicación efectiva de la ley y la justicia, y la erradicación de la corrupción siguen siendo aspiraciones que se enfrentan a promesas políticas vacías y populistas. La pita nunca se ha roto para los poderosos, interesados siempre en sacar adelante sus propios negocios, y muy poco sensibles para atender las urgentes necesidades del Perú como un conjunto de ciudadanos cada día más pobres. Los enfrentamientos entre los poderes del Estado que evidencian un gobierno débil y la corrupción que lo acompaña, siguen siendo obstáculos serios para el progreso, mientras que los esfuerzos desplegados por cambiar agobian a quienes genuinamente buscan contribuir a un proyecto nacional (por ahora inexistente).

Debemos reaccionar ante esta situación nacional e impedir convertirnos en seres aislados, incapaces de actuar en conjunto como parte de una sociedad cohesionada con objetivos compartidos y no solo atenta a demandas del momento. Es decir, como una agrupación mayor de seres humanos cercanos no solo por la geografía, sino también por compartir fuertes lazos culturales, históricos y económicos. La creciente anonimización de nuestras ciudades, la individualización extrema de nuestros comportamientos y la desconfianza hacia los demás son síntomas de la necesidad de un cambio que debemos abordar como ciudadanos responsables.

Es primordial comprender nuestra realidad en este momento de nuestra historia común y asumir una responsabilidad política colectiva frente a los desafíos que enfrentamos de inestabilidad política y debilidad de gobierno. La pobreza y el sufrimiento humano no pueden ser simplemente cifras en informes estadísticos, sino que deben ser considerados como problemas que requieren nuestra atención y acción. Esto es, entender para la vida práctica lo que se nos ha impuesto ya como una colectividad impersonal y cruel en la que predomina el anonimato de las ciudades, la individualización extrema de los comportamientos y el repliegue personal de la mayoría, alimentado por una creciente desconfianza respecto del otro que nos impiden salir adelante democráticamente.

 

 

desco Opina / 3 de mayo de 2024

La ley antiforestal y los retos del mercado europeo

 

En el 2023, el Parlamento europeo aprobó el reglamento sobre la deforestación, estableciendo normas referentes a la comercialización en su mercado, así como a la exportación de cacao y café, entre otros productos, con el objetivo de reducir al mínimo posible su contribución a la deforestación y degradación forestal en el mundo.

Esta nueva normativa incluye lineamientos que pueden afectar significativamente el volumen de las agroexportaciones peruanas con destino a Europa y a la que los productores tendrán que adecuarse con urgencia porque deben comprometerse a reducir al mínimo la deforestación y la degradación forestal en el mundo. Según los datos del Parlamento europeo, la Unión Europea (UE) ha sido la causante del 10% de la deforestación a nivel mundial, tanto de forma directa como indirecta, de los últimos 30 años, siendo silenciosos cómplices de la destrucción de bosques de un espacio mayor que el que ocupa la Unión Europea. Con esta medida pretenden resarcir los daños permitidos.

El artículo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú, Ley 29763, otorga la posibilidad de cortar bosque de forma “legal”, simplemente probando que el suelo donde se piensa realizar la deforestación es de uso agrícola; con este criterio que no requiere de un sustento técnico, el mercado europeo se cerrará para todos nuestros productos, pues será difícil demostrar que lo que les vendemos no tiene ningún vínculo con una deforestación descontrolada. 

La lista de productos de la UE incluye al café y al cacao que son los productos bandera de nuestra selva central (Europa nos compra el 40% de nuestro cacao y el 55% de nuestro café). Los países miembros de la UE consideran que esta exigencia es un gran paso en la lucha contra el cambio climático y la pérdida global de biodiversidad, pero también hay quienes argumentan que estas nuevas medidas del mercado europeo, encarecerán el costo de los productos, porque serán pocos los productores agrarios que cumplirán con esos parámetros.

La llamada “Ley antiforestal” modifica el procedimiento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), esto permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, con lo cual nos alejamos de los considerandos del mercado de la UE. A pesar de que esta norma es señalada como inconstitucional porque viola los artículos 67, 68 y 69 de nuestra Constitución, aparentemente solo podría ser detenida por la movilización ciudadana; lamentablemente, esta movilización social alcanza únicamente a los entendidos en la materia y no al público en general, que por desconocimiento del tema se mantiene al margen de esta problemática.

El valor de las exportaciones peruanas de café y cacao a la Unión Europea suma más de US$ 800 millones anuales, panorama que puede continuar creciendo y prosperando si el Perú puede adaptarse al nuevo reglamento europeo que entrará en vigor después de diciembre de 2024.

En el Perú se requiere conciliar el crecimiento económico, el progreso social y responder organizadamente a los grandes desafíos ambientales que nos permitan preservar nuestra megadiversidad y recursos hidrobiológicos; por ello, hay quienes vienen promoviendo y adoptando el paradigma de una economía verde e inclusiva como una marcha hacia el desarrollo sostenible, a fin de generar prosperidad para todas las personas en armonía con el medioambiente.

A propósito, es momento de identificar las barreras que impiden un desarrollo acelerado que armonicen adecuadamente la producción de café y cacao con el sector forestal. Esto requiere soluciones integrales que involucran a muchos actores e instituciones y una gestión integrada de cuencas hidrográficas para aprovechar debidamente las oportunidades que generan la demanda externa e interna.

 

 

desco Opina – Regional / 26 de abril del 2024

descocentro

sábado

Un debate a la peruana: los retiros de fondos de las AFP

 

El jueves 11 de abril, el pleno del Congreso decidió aprobar un nuevo retiro de fondos de las AFP, con 97 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Debido a esto, los peruanos afiliados y que cuenten con fondos podrán retirar hasta 4 UIT (US$ 5.500).

Tras la votación, algunos de los congresistas se manifestaron en sus redes sociales para celebrar los resultados. Por ejemplo, JoséLuna Gálvez, de Podemos Perú, señaló que se impuso la voz del pueblo: “El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría la ley que permite el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Tras tres contundentes marchas que Podemos Perú lideró. ¡Lo logramos!”

De acuerdo con estimaciones previas, la medida significa la salida de más de US$ 9 mil millones del sistema privado de pensiones y que 7 millones de peruanos se queden sin ahorros para la jubilación. Seguramente, esto último es lo que tuvieron en consideración los integrantes de la bancada de Fuerza Popular para, luego de dar sus votos para aprobar la ley, publicaran un comunicado señalando que su objetivo era impulsar una reforma del sistema de pensiones y no solo el retiro parcial de los fondos, para “asegurar una vejez digna para todos los peruanos con el sistema de pensión por consumo”.

En otras palabras, nos ejemplifican como la política es también un medio para quedar bien con Dios y con el diablo, hasta donde se pueda, claro está. Por eso, la congresista Sigrid Bazán señaló que “la hipocresía fujimorista siempre queda retratada. Durante el debate se negaron al retiro de las 4 UIT de las AFP, pero al final votan en verde para la foto”.

Obviamente, las AFP pusieron el grito en el cielo, nuevamente. Criticaron que los fondos que administran se hayan convertido en una continua fuente de liquidez para los afiliados, trastocando su objetivo, es decir, asegurar una renta jubilatoria.  Al cierre del 2023, estos fondos representaban el 13% del Producto Bruto Interno (PBI), proporción muy inferior a la que implicaban, cuatro años atrás (23%). Esta situación, según Elmer Cuba, de Macroconsult, está conduciendo al desmontaje del sistema privado de pensiones y, como consecuencia, si vamos por este rumbo, “solo uno de cada 10 peruanos va a tener pensión en la vejez”.

Como suele suceder entre nosotros, cada vez con mayor frecuencia, parece que uno y otro lado apoyan sus posiciones en supuestos imaginados. Veamos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población ocupada en Perú está conformada por alrededor de 18 millones de personas. De este total, el empleo formal abarca a 4 millones de personas, mientras que el trabajo informal llegó a una cifra récord de 9.7 millones de personas en zonas urbanas durante el año móvil julio 2021-junio 2022; a esta cifra debe agregarse la que arroja la informalidad laboral rural. Esto significa, como sabemos, que más del 70% de los peruanos trabajan en la informalidad y la precariedad. Dicho de otra manera, tres de cada cuatro trabajadores de la población ocupada tienen empleo informal.

En cuanto a la distribución por género, el 44.7% de la población ocupada en Perú son mujeres, mientras que el 55.3% son hombres. Además, hay un dato por demás significativo que atañe al motivo de este artículo: se observa un aumento en la población ocupada de 45 años o más, mientras que el grupo de 14 a 24 años ha disminuido.

Recordemos, para contextualizar adecuadamente, que los trabajadores informales son aquellas personas que tienen una ocupación, pero no cuentan con beneficios sociales o cuyos trabajos no están registrados. Por otro lado, los trabajadores formales cuentan con vínculos laborales sujetos a la legislación laboral, fiscal y de la seguridad social.

Pero, debemos prestar cuidado al hecho de que el empleo informal no está concentrado exclusivamente en el sector informal. En efecto, como señalael INEI, el empleo informal se descompone en empleo informal dentro del sector informal y fuera de él.

Es decir, también pueden existir empleos informales en sectores institucionales que por definición son “formales”: sociedades financieras y no financieras, instituciones sin fines de lucro, gobierno, etc. Significativamente, el desagregado territorial de estas variables, dan como resultado que el lugar donde existe mayor informalidad laboral en el sector formal es la provincia de Lima, con el 22%. 

De otro lado, luego del quinto retiro de fondos de las AFP, se constató que el 70% de los afiliados activos habían retirado (total o parcialmente) sus fondos de pensiones. En este punto, el mayor porcentaje de afiliados con retiros fue el rango de 31 a 40 años (80% de este grupo retiró); es decir, se trata de una población joven que, al retirar o agotar su fondo, acorta el ciclo laboral de ahorro jubilatorio. En promedio, en esa ocasión, los afiliados retiraron en promedio el 82.1% del ahorro jubilatorio.

Sin embargo, para modular el impacto general de esas cifras, debe decirse que al 2023, los afiliados al sistema privado de pensiones eran 9 millones 220 mil 198 personas, mientras que los afiliados al sistema nacional totalizaban 4 millones 624 mil 201. De ellos, cotizantes activos solo fueron 3 millones 839 mil 547 en el caso del sistema privado y 1 millón 433 mil 679 en el del sistema nacional.

Asimismo, actualmente el total de pensionistas que cubren las AFP es de 203,443, el sistema nacional otorga cobertura a 738, 358 y en Pensión 65 tenemos a 627,924; totalizando 1 millón 569 mil 725 pensionistas. Pero, en el Perú existen 4 millones 140 mil adultos mayores, lo que significa que el 62% de esta población no tendría ninguna cobertura jubilatoria.

Ahora bien, al remitirnos a las estadísticas del INEI, constataremos que más allá de las preocupaciones sobre la pérdida de su rentabilidad que presentan las AFP o la extravagante apelación “al pueblo” que hace el congresista Luna, se yergue un drama nacional invisible y de connotaciones graves.

Cuando discutimos sobre las pensiones nadie refiere a los actores centrales en este asunto. Resulta que el 38,9% de los hogares del país tiene entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años y que, del total de hogares del país, el 25,2% tiene como jefa o jefe de hogar a una persona adulta mayor. Además, la población adulta mayor con algún problema de salud crónico es del 78,6% y que el 42.7% de las personas con discapacidad son adultos mayores.

En realidad, lo que han venido planteando los funcionarios de las AFP y los congresistas es como desligar la producción de los sistemas de cuidados. En sus cabezas, esto último forma parte de lo que llaman “sobrecostos”. Es decir, creen que en la consabida centralidad que le otorgan al PBI no cabe interés alguno en cómo van a sostenerse los adultos mayores y las familias que dependen de ellos o, en su defecto, de las cuales dependen.

Aunque les suene extraño y paradójico, el cuidado es una parte central de la vida socioeconómica y esto no es tomado en cuenta cuando se licúan los ahorros hoy sacrificando el futuro, desplazando los costos a la sociedad y sin ofrecer alternativa alguna al vaciamiento de los fondos previsionales; o cuando los pensionistas son considerados simplemente como instrumentos de rentabilidad y miden su existencia desde la cantidad de soles que pueden ahorrar y no deberían gastar, aun cuando las urgencias del presente apremien.

Debe darse una solución para todos los trabajadores, mediante propuestas consistentes desde el Legislativo sobre un fondo pensionario que aspire a su universalización.

 

 

desco Opina / 19 de abril de 2024