Crecimos como nunca, nos empobrecimos como siempre

 

¿Para qué sirvió el crecimiento? Todo parece indicar que regresamos a la normalidad. Las nuevas cifras de pobreza monetaria muestran que el número de pobres en Perú ascienden en el año 2023 a 9 780 000 personas, constituyéndose en la segunda cifra más alta en las últimas dos décadas, sólo superada levemente por la registrada en el 2020, donde se restringieron la mayoría de las actividades económicas en el país, a consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19.

La cantidad de pobres alcanzada el 2023 en el país, es mayor en 596 000 personas a la registrada el 2022 y significativamente superior, más de 3 290 000 pobres adicionales, si se compara con el 2019, año previo a la pandemia.

¿Cómo traducir esta cifra en las vivencias cotidianas de los y las peruanas? Un dato ilustrativo es la evolución de la pobreza extrema. Entre los años 2022 y 2023, la línea de pobreza extrema se incrementó en 11,0% pasando de S/ 226 a S/ 251; mientras que, respecto del año 2019 (anterior a la pandemia), la línea de pobreza extrema se incrementó en 33,9 %. Según área de residencia, entre 2022 y 2023, la línea de pobreza extrema se incrementó, tanto en el área urbana como en el área rural en 10,9% y 10,7%, respectivamente. Al comparar con el año 2019, el incremento de la línea de pobreza extrema fue mayor en el área rural (35,0%) respecto al área urbana (33,1%).

En otras palabras, 1 922 000 de peruanos y peruanas perciben ingresos mensuales por debajo de los 251 soles (67.8 dólares) al mes. En parte, la explicación recae en la inflación, contribuyendo a que la canasta básica se incrementara 11%. En esa línea, hay un aumento de la pobreza extrema rural de 14,6% a 16,2%, mientras que en el área urbana pasó de 2,6% a 3,2%.

Para el caso de la línea de pobreza, el valor para 2023 es de 446 soles (120.5 dólares). El peruano que perciba ingresos por encima de esta cantidad para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias no es considerado pobre.

Esta situación, vista desde el gasto, indica que el 2023 el gasto real promedio per cápita mensual, se ubicó en 866 soles, registrando una disminución de 0,7% respecto al año 2022 (equivalente a 6 soles per cápita). En comparación con el año 2019, disminuyó en 10,7% (equivalente a 104 soles per cápita), disminución altamente significativa, reflejando que los niveles del gasto del año 2023, se encuentran por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia.

De otro lado, se observa que el 29,5% del gasto per cápita se destinó a alimentos consumidos dentro del hogar (S/ 256), seguido del gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 21,6% (S/ 187), los alimentos consumidos fuera del hogar con 11,8% (S/ 102), salud 8,4% (S/ 73), transporte con 7,5% (S/ 65), bienes y servicios diversos con 4,2% (S/ 36), comunicaciones 3,6% (S/ 31), muebles y enseres con 3,6% (S/ 31) y educación con 3,4% (S/ 30), entre otros.

Cuando se compara esta estructura de gasto con la del 2014 (la última realizada), la proporción del gasto en alimentos consumidos dentro del hogar, se incrementó en 0,7% (de 28,8% a 29,5%) que, si la vinculamos al gasto en alimentos consumidos fuera del hogar, muestran que las familias peruanas gastan en promedio casi 42% de su presupuesto familiar en alimentarse. Esto contrasta nítidamente con lo que disponen para rubros como la salud y la educación, las que sumadas son menos del 12% del gasto familiar.

Otro aspecto resaltante que nos alcanza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es la brecha de pobreza, que refleja cuán pobres son los pobres, es decir, el déficit promedio de consumo de la población para satisfacer las necesidades mínimas de bienes y servicios de todos sus integrantes (expresado como proporción de la línea de pobreza), donde el déficit de la población no pobre es cero por definición.

En el año 2023, la brecha promedio del gasto de los pobres respecto al costo de la canasta básica de consumo fue de 7,5%. Comparada con los resultados del año 2022, aumentó en 0,4%, diferencia significativa. Comparando con los resultados del año 2019 creció en 3,0 puntos porcentuales, siendo esta diferencia muy altamente significativa.

De igual manera, es importante observar los resultados que alcanza sobre la vulnerabilidad monetaria que, en otras palabras, es el riesgo de caer en la situación de pobreza monetaria. En el 2023, el 31,4% del total de la población del país se encontraba en esta condición, que equivale en cifras absolutas a 10 590 000 personas que se encontraban en esa situación de riesgo.

A nivel de área de residencia, la vulnerabilidad monetaria afectó al 44,6% de la población residente del área rural y al 28,2% de la población del área urbana. Respecto al año 2022, la vulnerabilidad monetaria disminuyó de manera altamente significativa en el área urbana en 1,3 puntos porcentuales; por el contrario, en el área rural, las diferencias no fueron significativas, por lo que se han mantenido en el mismo nivel del año anterior. Al comparar con el año 2019, la vulnerabilidad monetaria disminuyó en el área urbana en 2,5 puntos porcentuales; en tanto, en el área rural se contrajo en 1,6 puntos porcentuales.

Esto se condice con el hecho de que 76% de los peruanos afirmen que es complicado asumir los gastos mensuales. En detalle, 33% reconoce que “llega con las justas a fin de mes”; 28% tuvo que reducir sus gastos y 15% tuvo que usar parte de sus ahorros para subsistir.

Como señala David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, regresar a la tasa de pobreza de 20%, como antes de la pandemia, posiblemente le tomará 20 años al país, toda vez que la proyección de crecimiento entre 2024 y 2028 es de 3% anual: “nuestro problema es la pérdida de productividad continua por culpa de malos congresistas y malos gobiernos”.

Igualmente, Carolina Trivelli, consideró que con que esta situación “nos vamos muy atrás, hemos perdido más de 15 años y probablemente no sería el mismo lapso que nos costará recuperarnos”.

 

desco Opina / 17 de mayo de 2024

La seguridad ciudadana de López Aliaga

 

Atender las demandas de seguridad ciudadana en grandes ciudades del tercer mundo como Lima, requiere un enfoque integral. Exige responder a las causas subyacentes de la delincuencia como tomar medidas para prevenir el crimen y proteger a los ciudadanos, mejorando su entorno. Es indispensable enfrentar las muchas dimensiones que involucra la inseguridad como un problema complejo articulando con eficiencia la intervención de diversos actores, públicos y privados, en diferentes sectores y aspectos de la vida social del Perú.

La seguridad ciudadana requiere atenderse desde múltiples perspectivas, que pasan por el fortalecimiento de la policía local, la implementación de programas de prevención del delito, pero también por la mejora del entorno de las personas. Es decir, en la infraestructura y el equipamiento urbano en la iluminación pública, en la señalización urbana general y en particular la del tránsito, la prestación de servicios higiénicos públicos de calidad y la educación ciudadana. Esto exige promover la participación comunitaria y la colaboración de otras autoridades gubernamentales para abordar las causas subyacentes de la delincuencia.

En Lima Metropolitana soportamos una gestión municipal que, según datos de distintas fuentes, es absolutamente incapaz de gestionar eficientemente la ciudad en asuntos de seguridad. Según el último estudio de opinión Informe IPSOS sobre seguridad (febrero, 2024), 81% de los entrevistados se sienten inseguros de caminar por la calle de día y 94% cuando es de noche. El 70% considera que las condiciones de seguridad han empeorado, y apenas 8% estima que han mejorado.

Las estadísticas anuales del INEI Informe técnico N° 2 INEI sobre seguridad ciudadana (marzo 2024) dan cuenta que la población urbana de 15 y más años de edad, víctima de algún hecho delictivo entre setiembre 2021 y febrero 2024 en Lima, ha pasado del 24.4% al 32.1% (ver el gráfico Nº 36 y otros datos del informe). Finalmente, para el grupo Lima Como Vamos, la inseguridad como sensación, bordea el 70.9% a diciembre 2023, con tendencia al empeoramiento anual de los indicadores de calidad urbana en Lima. La percepción a futuro sobre delitos que pueden sufrir los ciudadanos también es negativa: aumenta en robo de dinero o celulares, robo a las viviendas, estafas, amenazas e intimidaciones, extorsión (pasa de 21.7% a 26.0% –el de mayor crecimiento–), secuestro, maltratos y ofensa sexual, así como robo de negocios.

Algunas de las expresiones de la inseguridad urbana han ganado mayor protagonismo: la actividad de bandas conformadas por asaltantes de alta peligrosidad, los secuestros de corta duración, la extorsión a negocios diversos, los asaltos en vías públicas, la mayor propagación del expendio de drogas y la proliferación de armas con capacidad de fuego superior a las de los policías, entre otras.

¿Qué ha hecho el alcalde López Aliaga para atender esta problemática y por qué la situación empeora? Propuso la identificación obligatoria de las motos lineales. Incluía que los conductores porten obligatoriamente un chaleco y un casco que lleven grabado el número de placa del vehículo, para la identificación y la labor de prevención policial y de serenazgo. Prometió la compra de 10 000 motos, en una rara figura de adquisición de equipamiento desde una entidad municipal para su entrega a la policía. Hace unos meses llegó un primer lote de 400 motos de un total –reajustado– de 4000.

Asimismo, propuso crear comités de autodefensa vecinal, cuyos dirigentes opten por formas de autoprotección vecinal para regular el acceso de personas ajenas, así como implementar instalaciones de seguridad como plumas, rejas y cámaras. El alcalde López Aliaga dijo que crearía un “Botón de Pánico” ante emergencias mediante un aplicativo móvil para respuesta inmediata al vecino. Ofreció que reservistas de las FF.AA. serían parte de la prevención del delito y de la seguridad ciudadana en las zonas de mayor vulnerabilidad, violencia y delincuencia.

Otras medidas, de su enfoque tradicional y represivo, se limitan a la integración metropolitana del sistema de cámaras de seguridad (4000), el patrullaje integrado de policías/serenos y el fortalecimiento de una central municipal de seguridad, así como la colocación de macetas con plantas y flores para espantar a los delincuentes.

Políticas públicas que deben implementarse

Reiteramos que lo que se requiere es disuadir el crimen, pero dentro de enfoques integrales que aborden las causas subyacentes de la informalidad y la delincuencia, como son la falta de empleo, la pobreza y el insuficiente acceso a servicios básicos de calidad (salud, transporte, recreación y áreas públicas). Se necesita, como ya dijimos, el mejoramiento del entorno barrial y del espacio público, empezando por calles bien iluminadas y limpias, incluyendo parques y paraderos.

El trabajo municipal debe ser concertado con las organizaciones de vecinos y vecinas, desarrollando políticas públicas de inversión en educación, que proporcionen a las y los jóvenes oportunidades para su desarrollo personal y profesional. También fomentar el empleo y crear oportunidades que ayuden a disminuir la desigualdad y reducir los incentivos para cometer delitos, además de promover la vigilancia comunitaria activa en la prevención del crimen.

 

desco Opina - Regional / 10 de mayo de 2024

descoCiudadano

Gobierno débil y larga inestabilidad

 

La tarea de hacer conjeturas generales sobre el futuro económico y político del país para el presente año es desafiante, tanto para los analistas políticos como para los económicos y financieros. Sin embargo, al analizar la coyuntura actual en el Perú, nos vemos obligados a considerar una serie de elementos adicionales para especular mejor sobre el papel de los distintos actores individuales y colectivos en el escenario. Eso, si de verdad queremos comprender mejor la situación en este año tan particular en el que conmemoramos el bicentenario de la consolidación de nuestra independencia americana, conseguida peleando en las pampas de Junín y Ayacucho.

Existen indicadores preocupantes en el país en términos de estabilidad, paz social y la redistribución de la riqueza producida en los últimos años. Hay constantes que resultan espeluznantes, para quien busque tales indicadores y aquellos otros relativos a la confianza para la inversión. Éstos también reflejan la mala calidad de los servicios sociales como en los desayunos escolares para millones de niños o en los servicios públicos de salud, que son de difícil acceso para millones de afiliados. Nuestros hábitos de consumo diario, más allá de la pertenencia a una clase social u otra, reflejan en suma una realidad donde la mayoría experimenta una disminución en su nivel de vida.

Parece que estamos atravesando un período en el que la vida cotidiana de los peruanos se ve dominada por una rutina de inseguridad generalizada, mientras que los eventos políticos parecen sacados de malos guiones de comedia y de las peores telenovelas. El país real acelera su ruta hacia lo desconocido, cada vez menos estable y con menor institucionalidad, cuando se rompe a diario la Constitución y no se aplican las leyes, o se dan para favorecer a las mafias y la corrupción. Llegamos al extremo de considerar el regreso de Fujimori al poder o la presidencia de Antauro Humala como el castigo electoral que el pueblo peruano daría a sus actuales gobernantes. También aparece el aumento de las remuneraciones de los congresistas, otorgado por el mismo Parlamento que le exige al Ejecutivo austeridad ante la crisis económica y la recesión actual.

Es difícil discernir entre los momentos de inacción y aquellos en los que los acontecimientos se desarrollan caóticamente, creando una sensación de confusión y desorden. Parece dar la impresión de que solamente tenemos ante nosotros un enredo descomunal que nos proyecta al vacío. Ni lo uno ni lo otro ocurren en puridad. Por ahora, parece que estamos dispuestos a aceptar el mal gobierno como un padecimiento de temporada, como la inevitable llegada del frío que trae todo invierno, a la espera más adelante de mejores tiempos y condiciones, sin que nadie sepa cómo llegar a ese punto de retorno y evitar caer en algo más grave de lo que ya tenemos: un régimen político que combina elementos democráticos con otros tipos de poder autoritario y corrupto donde las instituciones políticas democráticas son formales, pero no pueden ocultar una realidad de dominación autoritaria.

Las luchas por el poder, la aplicación efectiva de la ley y la justicia, y la erradicación de la corrupción siguen siendo aspiraciones que se enfrentan a promesas políticas vacías y populistas. La pita nunca se ha roto para los poderosos, interesados siempre en sacar adelante sus propios negocios, y muy poco sensibles para atender las urgentes necesidades del Perú como un conjunto de ciudadanos cada día más pobres. Los enfrentamientos entre los poderes del Estado que evidencian un gobierno débil y la corrupción que lo acompaña, siguen siendo obstáculos serios para el progreso, mientras que los esfuerzos desplegados por cambiar agobian a quienes genuinamente buscan contribuir a un proyecto nacional (por ahora inexistente).

Debemos reaccionar ante esta situación nacional e impedir convertirnos en seres aislados, incapaces de actuar en conjunto como parte de una sociedad cohesionada con objetivos compartidos y no solo atenta a demandas del momento. Es decir, como una agrupación mayor de seres humanos cercanos no solo por la geografía, sino también por compartir fuertes lazos culturales, históricos y económicos. La creciente anonimización de nuestras ciudades, la individualización extrema de nuestros comportamientos y la desconfianza hacia los demás son síntomas de la necesidad de un cambio que debemos abordar como ciudadanos responsables.

Es primordial comprender nuestra realidad en este momento de nuestra historia común y asumir una responsabilidad política colectiva frente a los desafíos que enfrentamos de inestabilidad política y debilidad de gobierno. La pobreza y el sufrimiento humano no pueden ser simplemente cifras en informes estadísticos, sino que deben ser considerados como problemas que requieren nuestra atención y acción. Esto es, entender para la vida práctica lo que se nos ha impuesto ya como una colectividad impersonal y cruel en la que predomina el anonimato de las ciudades, la individualización extrema de los comportamientos y el repliegue personal de la mayoría, alimentado por una creciente desconfianza respecto del otro que nos impiden salir adelante democráticamente.

 

 

desco Opina / 3 de mayo de 2024