La semana pasada se informó que, en octubre 2023, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
mediante una carta de la presidenta de su Grupo de Trabajo sobre Cohecho
en las Transacciones Comerciales Internacionales, Daniëlle Goudriaan, recomendaba al Estado peruano
asegurarse que la ley que debilita la colaboración eficaz no fuera promulgada.
Dicha norma finalmente fue aprobada por insistencia por el Congreso de la
República, en marzo de este año.
En dicho documento, dirigido al entonces premier Alberto Otárola, se
expresaban distintas preocupaciones que, se esperaba, Perú atendiera. Entre estos temas se encontraba la demanda
para que el proyecto de ley que modificaba el proceso especial de colaboración
eficaz “no entrara en vigor”.
Además, se indicaba que luego de la respuesta
satisfactoria del Perú, según los temas planteados, el Grupo de
Trabajo procedería a evaluar si el país “estaba dispuesto y sería capaz de
implementar los instrumentos legales anticorrupción de la OCDE”.
Cuando recibió la carta de la OCDE, el Ejecutivo había
observado la autógrafa de la norma, cuestionando que el plazo para la
celebración del acuerdo de colaboración eficaz sea de 8 meses, ampliable hasta
16 meses en casos de organizaciones criminales. Además, la Fiscalía de la
Nación, el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado,
la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos también advirtieron que
la aprobación de dicho proyecto, que modificaba el proceso de colaboración
eficaz, afectaría la lucha contra la corrupción. Pese a tales resistencias,
el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la norma, estableciéndola como la Ley 31990.
En la misiva también había otras preocupaciones de la
OCDE, entre ellas, solicitar al
gobierno garantizar una Junta Nacional de Justicia (JNJ) “eficaz y operativa”,
así como la remisión del “registro de condenas en casos complejos de soborno
corporativo, en particular los casos llevados a cabo por el Equipo Especial
Lava Jato”. Pese al pedido, las acciones del Gobierno para defender la
institucionalidad de la JNJ ante
las arremetidas del Congreso fueron mínimas. Incluso, el Parlamento logró
inhabilitar a los consejeros Aldo Vásquez e Inés Tello.
Sobre el asunto central de la carta de la OCDE, las críticas
se centraron, fundamentalmente, en los plazos establecidos para celebrar o
denegar un acuerdo de colaboración eficaz, lo que no es un asunto novedoso.
Recordemos que el 2022, se emitió un Dictamen de la
Comisión de Justicia del Congreso sobre los Proyectos de Ley 012-2021 y
565-2021, que incluía, entre otros aspectos, la delimitación de un plazo para
el Acuerdo de Colaboración.
Para entonces, las críticas a ésta y otras propuestas, ya se
centraban en que podrían desincentivar el
uso de la colaboración eficaz o perjudicar procedimientos en trámite, debido al
aparentemente limitado plazo (ocho meses) para cerrar acuerdos de colaboración.
Aun así, los congresistas insistieron en mantener las
distorsiones que habían observado los especialistas el 2022 y las incorporaron
posteriormente en la Ley ya referida, provocando la reiteración de las
críticas. No son pocos los analistas jurídicos que consideran que esta norma
representa, en términos prácticos, la muerte del proceso especial por colaboración eficaz, al tornarlo manifiestamente
inútil. Afirman que el proceso seguido
debe estar diseñado y regulado para la persecución de delitos que suelen tener
una especial complejidad, donde la experiencia demuestra que, en esos casos, es
imposible alcanzar un acuerdo final de colaboración y beneficios en 8, 12 o 16
meses.
Debe considerarse que la etapa de corroboración de la
información que brindan los colaboradores requiere mucho más tiempo, por la
complejidad de las diligencias que deben llevarse a cabo: múltiples y cruzadas
declaraciones, pericias diversas (contables, financieras, tecnológicas, etc.),
levantamiento de secretos que deben ser concedidos judicialmente (de
comunicaciones, bancario, etc.), diligencias diversas y abundantes de acopio de
evidencias, diligencias a través de la cooperación judicial internacional,
entre otras. Además, se tiene que negociar la reparación civil con la
Procuraduría, lo que también implica producir información contable y financiera
que debe ser objeto de discusión y validación técnica por parte de peritos o
técnicos oficiales.
En todo caso, es una situación, como muchas otras, que se
escenifican últimamente en nuestro país, que tiene un lado muy malo y otro
peor. Está claro que nuestra carrera hacia la OCDE pende formalmente de un hilo,
pero en los hechos lo cierto es que hemos salido de ella con fuerza y
vergonzosamente.
Consideremos que las advertencias de OCDE sobre la
integridad y lucha contra la corrupción en el país no empezaron con la misiva
de Goudriaan, remontándose al menos al
2017, cuando un informe sobre estos aspectos ponía
elegantemente el dedo sobre varias llagas purulentas. Nuestros gobernantes y
congresistas, lejos de suturarlas, prefirieron abrir otras y, tal como procedió
Otárola, creyeron que las cosas cambiarían porque se escondían las evidencias.
Las consecuencias están a la vista.
desco Opina / 28 de junio de
2024
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