CADE, el Estado ausente y la minería ilegal

 

El tira y afloja entre los mineros informales y el Estado y sus alianzas previas, han quedado en plena evidencia luego de la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani.

El plazo de registro de formalización minera, conocido como REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) culmina en este año y el Poder Ejecutivo pretendía cambiarlo por una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, llamada Ley MAPE. Los mineros informales y los ilegales exigen ampliar el plazo y, mientras tanto, seguir laborando libremente –como lo hacen ahora– afectando seriamente el medio ambiente. El dictamen congresal flexible a los requerimientos de la minería informal aprobado aceptando por ley un plazo de seis meses y la posibilidad de ser renovado por Resoluciones Supremas a la culminación del plazo, les asegura su libre funcionamiento, además del apoyo político proveniente de este sector y probablemente un respaldo económico a esas fuerzas políticas que los defienden.

Que las familias serranas dejen sus chacras y ganado para dedicarse a otra actividad, que en este tiempo es crecientemente la minería ilegal dentro de un boom del oro y el cobre, está transformando las formas de subsistencia y hasta las costumbres campesinas en una ruta que para algunos produce que los pueblos enfermen de oro, abandonen sus animales y cultivos amenazados por una anunciada y larga sequía, para convertirse –como está ocurriendo– en nueva mano de obra explotada, ilegal e informal. Así, miles entran sin saberlo al servicio de mafias bien organizadas, y como se evidencia, con articulaciones cercanas al poder congresal, al de tráfico de minerales y de maderas, provocando, además, el deterioro ambiental de su propio entorno rural.

Con esas reglas juegan organizadamente los congresistas del bloque conservador y reaccionario, mientras sus “socios” en la calle presionan con múltiples movilizaciones y bloqueos de carreteras hasta en seis regiones del país. El agravamiento de la situación cae por su propio peso y pone en evidencia el juego de poder del fujimorismo, que viene por más. La ley Chlimper 2.0 ya aprobada por la Comisión Agraria del Congreso, otorgando amplias exoneraciones a las grandes empresas de agroexportación, la mayoría en manos de capitales extranjeros, para provocar un mayor enriquecimiento del sector rico más dinámico, en contra de la posibilidad de mayores recursos fiscales. Recursos ahora indispensables para atender las necesidades de la población vulnerable, invirtiendo en crear más trabajo para todas y todos y en darle atención a los temas del hambre, la inseguridad, la educación y la salud para todas las personas del campo y más de un centenar de ciudades que constituyen los centros de concentración poblacional muy desatendidos en sus necesidades básicas.

En medio de ese escenario que promete convulsiones sociales a futuro, la asesina delincuencia callejera de las bandas de extorsionadores escapa de las manos de ambos poderes del Estado. La coartada de acusar al Poder Judicial de dejar libres a los delincuentes ya no sirve como excusa ahora que, ampliado por 45 días el Estado de emergencia, rige sobre la tercera parte del territorio urbano de Lima Metropolitana. Mientras tanto, las extorsiones contra los pequeños negocios van en aumento, y el miedo se convierte en un nuevo negocio, atendiendo a las repercusiones de las recientes estadísticas del Sistema Informático de Denuncias Policiales.

Al mismo tiempo, asistimos a un deslucido CADE 2024 realizado en Arequipa, que con el lema “De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro”, tocó con distinta profundidad temas como la urgencia de retomar ritmo de crecimiento del pasado, la necesidad de mejorar las relaciones y reglas para el empleo y la inversión, así como la demanda indispensable de una reforma política e institucional que defienda los intereses nacionales de quienes se sienten identificados con las voces de CADE.

Ningún ministro de Estado se hizo presente para participar en el evento, y la Presidenta de la República o su Primer Ministro tampoco acudieron a esta invitación para la clausura del CADE Ejecutivos 2024 “De la Degradación a la Reconstrucción de Nuestro Futuro”, que se asume tradicionalmente como el encuentro empresarial más significativo del año.

Una situación en la cual las expectativas de los grupos de poder nacional son defraudadas por la ineficiencia pública, el desborde creciente de demandas que les afecta, sin que puedan hacer uso del Estado para controlar esas presiones, como siempre lo han hecho. Por eso no sorprende que la encuesta IPSOS CADE 2024 evidencie el amplio rechazo del empresariado con cifras de aceptación mínima, que sin duda repercutirán con fuerza en la confianza y el descrédito sobre el futuro de la inversión extranjera y nacional en nuestro país, pues muestran un clima empresarial harto pesimista en el que se agranda la inseguridad ciudadana que padecemos, y el temor al crecimiento de las protestas aparece en sus agendas. Al parecer, sienten que se roba sin hacer obra y que no se dispone de un rumbo u orientación. Expresan con razón, que el Estado no les aporta ninguna visión de futuro, lo que pone en duda nuestra capacidad nacional de responder, de tomar decisiones en medio de un Estado sin planes y solo listados de proyectos aislados unos de otros.

El reordenamiento planificado que ha emprendido desde fuera la más importante inversión extranjera china en el país, ya dice mucho de cómo se gobierna. El paso de la minería a la manufactura industrial en el Perú, será un derivado del efecto Chancay impulsado para atender los intereses comerciales asiáticos que, en este caso, son diferentes en varios aspectos a los de quienes piensan en el futuro de los peruanos y en asentarnos en una patria compartida por todas y todos, en el hogar que nos corresponde en el mundo como nación soberana.

Debemos saber qué queremos como nación y sociedad. Cuál es el proyecto que enarbolamos y, finalmente, qué nos une como peruanos. En un país que se descapitaliza peligrosamente de lo más valioso en una sociedad, sus jóvenes más comprometidos y capacitados, que al migrar evidencian que han dejado de creer en el futuro promisor del Perú.

 

desco Opina / 29 de noviembre de 2024