La situación de violencia por la que atraviesan las niñas, niños y adolescentes (NNA) en nuestro país es preocupante. La pandemia ha impactado negativamente sobre esta realidad, agravando los índices de violencia antes registrados. Solo entre el 2020 y 2021 se incrementaron los casos de maternidad adolescente menores de 15 años; y entre enero y abril de este año se reportaron 8057 de violencia sexual, en los cuales 94,9% de las víctimas fueron mujeres y 69,5% fueron menores, entre los 0 y 17 años de edad.
La situación de Lima Metropolitana no es muy diferente a este panorama general. En lo que va del 2022 el Centro de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido 26 355 casos de violencia a mujeres, de los cuales 10 616 corresponden a violencia contra menores de edad; de éstos el 86,55% son de niñas y adolescentes mujeres. La mayoría de estas víctimas ha sido agredida psicológica y físicamente, mientras que las denuncias por violencia sexual representan el 17,32% del total. Pese a este contexto de alta vulnerabilidad, el Estado no ha logrado avances significativos que permitan no sólo sancionar a agresores y/o feminicidas, sino prevenir situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes; las políticas que busquen salvaguardar la integridad y la vida de mujeres e integrantes del grupo familiar son casi nulas.
Contrariamente se observan avances peligrosos desde el conservadurismo político que busca eliminar de la gestión pública todo lo referente al enfoque de género. Esto se observa en acciones legislativas como la aprobación de la Ley N° 31498 que “permite” que padres y madres de familia participen en la elaboración de materiales y contenidos educativos, legalizando una interferencia antiderechos en contra de la educación sexual integral. También en acciones como la aprobación de un proyecto de ley que busca el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, invisibilizando los logros en defensa de las mujeres como sujetos de derechos pero también su condición de vulnerabilidad frente a otros sectores de la sociedad, más aún si nos referimos a sus condiciones económicas y de clase. Más recientemente, la propuesta de Milagros Jáuregui Martínez, congresista de Renovación Popular, que mediante el proyecto de ley N° 3464/2022-CR, propone eliminar el uso del lenguaje inclusivo de los textos escolares, es parte de la misma ofensiva. Lamentablemente todas estas propuestas han sido apenas cuestionadas desde el Ejecutivo pese a que éste tiene pendiente la agenda pro derechos humanos y de lucha contra toda forma de discriminación, en salvaguarda de los sectores más vulnerados del país.
El escenario se torna aun más gris en Lima Metropolitana si recordamos que en 2023 asumirá la alcaldía Rafael López Aliaga, personaje que llega a la gestión con una agenda ultraconservadora, antiderechos, con tintes racistas, discriminadores y antifeminista, bajo cuya responsabilidad recaerán las políticas públicas en materia de protección de las mujeres, infancias y adolescencias de la ciudad de Lima los próximos cuatro años. Cabe resaltar que la comuna limeña tiene bajo su administración, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, programas y servicios como la Demuna Lima, el Proyecto Ciudad de Niñas y Niños, el CCONNA Lima, entre otros, dirigidos a la promoción del ejercicio de derechos de NNA y a su protección. Resulta oportuno, entonces, preguntarse por el destino de las actuales políticas públicas referentes a la prevención de casos de violencia, por ejemplo, considerando que de enero a setiembre de este año, los once Centros de Acogida Residencial de Lima Metropolitana albergaron a 601 personas en situación de riesgo, 502 de las cuales son NNA y 441 son mujeres, habiéndose identificado distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de Porres como aquellos con mayor número de embarazo adolescente.
Sin duda, la nueva gestión puede representar un retroceso alarmante en la conquista de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de Lima Metropolitana, así como el riesgo grande de normalizar discursos de odio e institucionalizar prácticas sexistas, demonizando toda política o iniciativa ciudadana que pretenda alzar las banderas de lucha contra las violencias hacia las mujeres y la defensa de una educación con enfoque no solo de género, sino de derechos e intercultural. La urgente lucha en contra de la violencia de género, que amenaza a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, es también una lucha cultural, cuestionando sentidos que homogenizan prácticas sociales, disputando espacios de participación política para las mujeres en su diversidad, pero también sensibilizando a la sociedad en general, sobre la urgencia de desterrar del sentido común, patrones que refuerzan y normalizan la violencia, el racismo y la discriminación.
desco Opina / 25 de noviembre de 2022
descoCiudadano
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