La reciente aprobación, a fines de agosto, de una Resolución Directoral de la Autoridad Nacional del Agua otorgando un volumen anual de 22.08 millones de metros cúbicos, captados en los ríos Titire y Vizcachas para la operación del proyecto minero Quellaveco de Angloamerican, ha ocasionado la inmediata reacción de los agricultores, sus juntas de usuarios y autoridades del Valle de Tambo y la provincia de Islay. También de agricultores en Moquegua. Los primeros realizaron un paro de 72 horas hace unos días; los segundos, siguen molestos y piden explicaciones y rectificaciones.
La escasez de recursos hídricos en el valle de Tambo tiene una larga historia, ocasionando que importantes extensiones de sus productivas tierras se queden sin sembrar, sobre todo en la época de estiaje y que, al mismo tiempo, se produzcan disputas por el agua entre los propios agricultores del valle y sus vecinos moqueguanos ante la demanda de los cultivos. Esta situación se agravó con motivo de la construcción de la represa de Pastogrande que también captaba aguas de los ríos Vizcachas y Titire en las nacientes de la cuenca de Tambo. En esa ocasión se produjeron movilizaciones y paros con la interrupción del tránsito en la carretera Panamericana, conflicto que se resolvió con el acuerdo para una devolución anual de 6.81 millones de metros cúbicos desde la represa de Pastogrande a la cuenca, “preferentemente en la época de estiaje”. A pesar de esta disposición legal, el acuerdo se ha incumplido en varias oportunidades, alegándose escasez también en la represa. Un problema adicional que perjudica al valle de Tambo es la contaminación de las aguas por la presencia de boro, arsénico y sales ferrosas, que afectan la calidad de agua y por ende a los cultivos.
Como argumento para la resolución de esta autorización de uso, se ha señalado que estas aguas provienen principalmente del río Titire y, en consecuencia, al derivar parte de ellas para la actividad minera, se estaría disminuyendo la contaminación.
Otro conflicto reciente y pendiente ha sido el intento de poner en marcha el proyecto Tía María de la empresa Southern que inicialmente contemplaba el uso de los recursos hídricos del subsuelo para la operación minera. Ante la inmediata reacción de los agricultores y los cuestionamientos al impacto ambiental de este propósito, se vieron obligados a modificar el diseño del proyecto, cambiándolo para la utilización de agua de mar desalinizada en su operación. En medio de este conflicto por el agua, hubo pérdidas de vidas humanas, pero también el ofrecimiento de construir de una vez por todas la represa de Paltiture o Paltuture, que hasta el día de hoy sigue sin cumplirse.
En realidad, estos conflictos tienen a la base la presión de las políticas extractivistas que se suman a las indudables manifestaciones de los efectos del cambio climático y las alteraciones que origina en el régimen de precipitación pluvial, con una clara tendencia hacia la disminución, sobre todo en la vertiente occidental de la cordillera que incide directamente en los valles costeros, como Tambo.
Estos hechos muestran la ausencia de políticas públicas claramente orientadas a enfrentar los efectos del cambio climático, mediante medidas de adaptación y mitigación que apunten a asegurar la sostenibilidad de nuestro desarrollo, priorizando adecuadamente la inversión gubernamental entre las diferentes demandas, como la seguridad alimentaria de la población y la soberanía alimentaria potenciando nuestros recursos frente a las presiones del lucro extractivista del capital nacional y transnacional. La relación agro y minería requiere de un nuevo balance que tenga como orientación la sostenibilidad del país en el largo plazo y no solamente el lucro inmediato, teniendo en cuenta la velocidad del deterioro ambiental por los efectos del cambio climático. En los años recientes, las políticas de siembra y cosecha de agua y el programa Sierra Azul implementados en el país con muy pocos recursos y casi paralizados con el actual gobierno, son muestra de políticas agrarias erróneas.
Las protestas no son moco de pavo, su contundencia ha hecho que el Gobierno Regional de Arequipa instale una mesa de diálogo, que culminó con el compromiso de la gobernadora para conformar una comisión técnica y presentar una medida cautelar, de presentarse el caso. En tanto, Zenón Cuevas, gobernador de Moquegua, también está evaluando tomar acciones legales respecto al tema, luego de las airadas protestas de los agricultores en esta región.
En este contexto, la principal demanda de los agricultores de Tambo es la construcción de la presa de compensación sea Paltiture o Paltuture, demanda totalmente justificada frente a la cual los gobiernos, incluyendo el presente, muestran una total insensibilidad. Por otro lado, los agricultores de Moquegua también piden al gobierno la actualización de sus prioridades. El presidente agricultor ya no los representa.
desco Opina – Regional / 16 de setiembre del 2022
descosur
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