Las varias facetas de un Presidente neoliberal

Desde el 2001, Martín Vizcarra es el quinto presidente neoliberal del siglo; su incuestionable defensa del modelo económico (recordar cómo enmendó la plana a su cercano ministro de Justicia sobre la creación de una aerolínea estatal), su apoyo a una política nacional de competitividad, que a pesar de las críticas, difícilmente puede ser calificada como heterodoxa, el piloto automático en el que sigue la economía por falta de rumbo, convicción o concesiones a los poderes fácticos, así lo evidencian.

Pero es también evidente que el presidente Vizcarra es un demócrata, aunque el aprofujimorismo y sus aliados de diversas bancadas y medios masivos digan lo contrario (hasta hoy no ha abandonado las reglas de juego vigentes). Su defensa del enfoque de género y su apoyo a la lucha anticorrupción no hacen más que reafirmar esta percepción.

Sin embargo, ahora soporta un bullying político y mediático a raíz de unos audios (la oposición oculta oportunistamente que han sido ilegalmente grabados) difundidos de una reunión con autoridades arequipeñas. El aprofujimorismo lo acusa de tener doble discurso, de violentar el orden legal y hasta de azuzar la violencia, olvidando que, en el período 2006-2011, cuando constituían mayoría en el Congreso, retrocedieron abiertamente ante la crisis de Bagua, saldada con 36 muertes, derogando el dispositivo legal que motivó las movilizaciones; o que el mismo presidente Alan García, en el 2011, suspendió la continuación del proyecto minero Santa Ana a raíz del “aymarazo”, sin ser por ello acusado de radical, traidor o antiminero.

La Confiep y los poderes fácticos, mostrando una vez más lo poco o nada que han aprendido de las recientes experiencias de conflictividad social en los proyectos extractivos, se quejan de que el Presidente no respetó los procedimientos legales y privilegió soluciones políticas antes que técnicas; algunos hasta hablan de traición. Desde la izquierda, a su vez, se denuncia la falta de transparencia presidencial, sus intentos por eludir responsabilidades ante un conflicto y su error al no anular la licencia a Southern.

Montados en los errores presidenciales, aparecen ahora algunos opositores (el congresista Mulder, por ejemplo) que anuncian incluso mociones de vacancia, que no son otra cosa más que un intento de liquidar la propuesta del Presidente para adelantar las elecciones.

Las marchas y contramarchas del gobierno y su conducta errática son frutos de la impericia y falta de habilidad política del Presidente, como lo es cierta ingenuidad (confiar en autoridades y líderes, algunos tan aventureros, oportunistas e inescrupulosos, como los que abundan en el congreso).

Más allá de errores, candores y oportunismos, la crisis en torno al conflicto de Tía María puede ser leída también como la primera vez que un Presidente defensor del modelo económico, no se somete a las presiones de los poderes fácticos para imponer un proyecto minero con argumentos legalistas y economicistas. Más aún, por primera vez plantea revisar y cambiar la ley de minería, algo que se puede interpretar incluso como una herida al modelo económico vigente, aunque eso de ninguna manera lo pone en cuestión y convierte a Vizcarra en un antiminero o «antisistema»; todo lo contrario, su paso por la presidencia regional de Moquegua incluyó la negociación exitosa con una empresa minera para el desarrollo del proyecto Quellaveco, contribuyendo a legitimar social y políticamente una inversión de esa envergadura y, por tanto, el mismo modelo. Ninguna otra autoridad política regional ha logrado eso en el país. La negativa de Vizcarra a imponer un proyecto a costa de muertos, tampoco es una posición radical y antiminera; es más bien la de un político liberal y demócrata.

El conflicto y sus secuelas inmediatas han evidenciado una vez más las limitaciones políticas y los serios déficits de gestión del presidente Vizcarra y su reducido entorno, pero también la miopía y oportunismo de una clase política que, en su afán de enfrentarlo y derrotarlo, no mira los intereses estratégicos del país. La observación es extensible a la clase empresarial, incapaz también de ver más allá de estrechos intereses corporativos y de comprender que una minería con legitimidad social, que respete los derechos de las poblaciones y no se imponga a sangre y fuego, es la mejor garantía para que puedan seguir disfrutando de sus beneficios. Ello supone, sin duda, reformas políticas, pero también en el modelo de concesiones y desarrollo de la actividad extractiva y en el rol del Estado. No verlo así es parte del drama nacional.

desco Opina / 16 de agosto de 2019