Autonomía económica y violencia contra la mujer en el medio rural

Hace poco, la ministra de la mujer lanzó en Huancavelica el Programa para fortalecer la autonomía de las mujeres, medida necesaria considerando que el 51.4% de la población huancavelicana son mujeres y que en esta región ellas ganan 32% menos que los hombres. Según el observatorio estadístico del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) –estructura funcional dependiente del Viceministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)– un 73.1% de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su esposo o pareja, cifra que se va incrementando cada año debido al avance en los mecanismos de identificación y en las denuncias de casos. La cifra es notoriamente superior al promedio nacional.

Es necesario promover cambios no solo a nivel de programas que logren la autonomía económica de la mujer; sin embargo, hay que entender también, que la equidad depende, además, de cambios en el acceso a servicios en salud, educación y protección en su principal actividad productiva: la agropecuaria.

En Huancavelica, las mujeres son más emprendedoras que los varones en cuanto a iniciar y encargarse de llevar adelante empresas. Ello, sin embargo, no las libra de ser víctimas de algún tipo de violencia. De acuerdo a un estudio del año 2016 sobre “Niveles de violencia contra las mujeres en las Asociaciones de Artesanía Textil en Huancavelica”, dos de cada diez mujeres artesanas han sido agredidas por sus parejas o exparejas, con un promedio de cinco ataques al año. Esta situación revela la necesidad de buscar también la autonomía emocional y toma de conciencia del colectivo humano en la igualdad de derechos, sin necesidad de generar confrontación en sociedades con niveles bajos de identidad y autoestima tanto en varones como mujeres.

Por todo lo mencionado, afirmamos que la promoción de la equidad entre hombres y mujeres no pasa solamente por impulsar la autonomía económica y los emprendimientos de aquéllas. Es probable que muchas políticas y programas públicos reduzcan la pobreza y las brechas de desigualdad, pero requieren de un componente imprescindible que contribuya a reducir los niveles de violencia de los que son víctimas muchas mujeres, especialmente en el medio rural. Esto supone, sin duda, el aporte de los distintos niveles de gobierno, pero también de las mismas instituciones de la sociedad civil.

desco Opina - Regional / 9 de agosto de 2019

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