El 2019 empezó con la misma intensidad
con la que concluyó el año anterior. La torpe decisión de retirar a los
fiscales Vela y Pérez del caso Lava Jato, le costó finalmente el cargo al exfiscal
Pedro Chávarry. Seguramente entusiasmado por las curiosas declaraciones del presidente
Vizcarra tomando distancia de la negociación con Odebrecht, acicateado por Alan
García, al que se le viene la noche en el caso de marras, no calculó la
reacción de la calle, que el propio 31 de diciembre, inició su movilización. El
mandatario –en ese momento en Brasil para la juramentación de Bolsonaro–
evidenció su olfato y volvió rápidamente al país para encabezar las presiones al hoy extitular del Ministerio Público y presentar
apuradamente una propuesta de reforma de dicha institución, que tenía poca
reflexión y algunos problemas de constitucionalidad.
En paralelo, las disputas en el Congreso
de la República, luego de que a fines de diciembre, Daniel Salaverry autorizara
el registro de nuevas bancadas ordenado por un fallo del Tribunal
Constitucional, continuaron y subieron de decibeles. El fujimorismo keikista
amagó con la censura del presidente del Legislativo, quien finalmente renunció
a la bancada y fue seguido por varios otros inconformes. Reducida a 53
miembros, la otrora aplanadora naranja se vio obligada a retroceder, evidenciando
una vez más, su falta de estrategia y orden, agravada por la prisión preventiva
de su lideresa. Así, a los primeros días de enero, doble victoria del
mandatario: Chávarry tuvo que renunciar al quedarse sin respaldo en la Junta de
Fiscales y el Presidente del Congreso, con el que parece desarrollar un
entendimiento, se queda en el cargo. Un «gana-gana» de corto plazo que se ve en
las encuestas recientes: la aprobación presidencial llega a 66% y la de Salaverry asciende sorprendentemente por encima del 30%.
Es obvio, sin embargo, que estamos aún bastante
lejos de encontrar una luz al final del túnel, y que el fujimorismo y el APRA –como
lo vienen demostrando cotidianamente– mantienen una cuota de poder y una capacidad
de acción significativas. Su poder institucional –Congreso de la República,
Ministerio Público, Poder Judicial– se ha visto mellado, pero no ha
desaparecido. Con la cuota que conservan, pero también ayudados por los errores
de sus oponentes, parece que acaban de poner en suspenso, por lo menos retrasar,
el «caso de los cocteles del fujimorismo», retirando al juez del caso. Mantienen
una relación y una presencia intensa en varios de los medios de comunicación y
todo indica que, con el concurso de algunos de ellos, su estrategia de ataque pretende
«descubrir» los vínculos de Vizcarra con la corrupción, además de poner en
evidencia las limitaciones de gestión de su gobierno. Todo con el afán de
neutralizar el caso Lava Jato. El cargamontón de los últimos días, así lo
demuestra. El «descubrimiento» de los vínculos comerciales de la empresa
familiar del Presidente con Odebrecht, una década atrás, lo asemejaría a todos
los expresidentes acusados por corrupción.
En este escenario, la política en la
escena oficial se mantiene móvil y llena de acuerdos puntuales y coyunturales.
No es, como quieren creer algunos, uno en el que se vayan dibujando coaliciones
con el 2021 como horizonte, porque para buena parte de nuestra clase política,
el futuro termina el fin de semana. De esta manera, muchos de quienes
respaldaron al Ejecutivo en su apuesta por el referéndum o en su enfrentamiento
con Chávarry, marcharon esta semana contra el Plan de Competitividad y la pretensión de nuevos cambios en materia laboral, mientras que otros, que comparan frecuentemente
a Martín Vizcarra con el venezolano Chávez, aprueban y defienden la
desafortunada política de Torre Tagle en esta materia.
En el corto plazo, esos acuerdos puntuales serán cruciales en un Congreso que tiene que asegurar la
selección de la denominada Junta Nacional de Justicia, pieza indispensable para
la limpieza y reforma que se pretende en el sector y que además, mantiene una
cierta capacidad de retrasar los procesos judiciales a la corrupción, así como
la posibilidad de aprobar leyes proempresariales o populistas. En ese proceso,
el Ejecutivo, todo lo indica, sigue ganando tiempo y mantiene la buena
disposición de la calle. Como hemos sostenido antes, la misma no es un cheque
en blanco.
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