Lo obvio de la política peruana, por
lo menos desde el 2000, es que busca constituirse sin partidos políticos. Al
respecto, el resultado de las elecciones 2016 fue un escenario eminentemente
político que, desgraciadamente, como en muchas otras oportunidades, nos coge
sin las organizaciones que debían administrarlo. Una pena, porque era una
ocasión más de fortalecer el sistema democrático, si los responsables de ello
hubieran existido.
Sin embargo, no todo es desolación.
Una afirmación, por demás provocadora podría sostener que la única actitud
política, sin que ello lo convierta en una entidad política en toda la regla,
provendría del fujimorismo, al negarse a ser parte de una fórmula que ofrezca
algunas garantías de «gobernabilidad» para los próximos años.
En esa línea, una creciente porción de
la derecha peruana, cada vez más inquieta, exige a este grupo «hacer las paces»
y «olvidar los rencores» para posibilitar así una superconvivencia que, entre
otros objetivos, termine por cerrar las puertas a una débil izquierda que no
encuentra aún su rumbo.
¿Creemos realmente que los
fujimoristas, hablando en genérico, se han conmovido y se sienten sumamente afectados por las acusaciones,
timoratas además, de un PPK que solo ha demostrado una correlación inversa
entre sus dotes tecnocráticas y su capacidad política? En todo caso, tengamos
fe que sea así y veamos las distintas posibilidades que se abren. Una de ellas,
planteada por periodistas como Augusto Álvarez Rodrich, sería que PPK cometería
un error si «negocia con rodilleras la convivencia entre un gobierno políticamente débil y una oposición fuerte por su amplia mayoría congresal». El argumento se basa en los probables
daños que podría causarle al fujimorismo una actitud obstruccionista, aunque sin
señalar cuáles son las capacidades políticas del círculo PPK para llevar
adelante la tarea de organizar dicha convivencia.
De allí, se deriva un segundo
escenario posible, es decir, que PPK tenga que negociar cediendo poder. No es
el deseable, pero preguntamos nuevamente ¿de dónde extraerá los elementos
políticos necesarios para negociar en buen pie, con un fujimorismo que –en
términos reales– está actualmente en mucho mejor posición que un Ejecutivo que
solo busca el mejor perfil tecnocrático posible: «¿A dónde corre PPK? El Congreso lo domina Keiko y cualquier cosa que los múltiples voceros ppkausas digan sobre delegación de facultades, mesas multipartidarias y comisiones de fiscalización es prematuro y hasta imprudente».
Pero, también podría ser que
simplemente el fujimorismo no esté interesado en ninguna «estabilización» ni
que PPK tenga medios para lograrla. Este es el peor escenario, el que no deja
dormir, sobre todo, a la derecha económica que ve diluirse la posibilidad de
negocios si se instala el entrampamiento político.
Así las cosas, no solo se trata de
saber que desearían hacer quienes están en medio del juego; las preguntas
mayores son por lo que realmente pueden hacer. En esa dirección, está claro que
PPK no puede hacer mucho sin el concurso de otras fuerzas. Lo que queda para la
conjetura es si el fujimorismo no quiere, o tampoco puede hacer lo que la
derecha restante más tradicional espera de él.
Mientras tanto, a un par de semanas
para el inicio de la administración PPK, no sabemos a ciencia cierta quiénes
conformarán el próximo gabinete ministerial, aunque está «comprometido» su
anuncio para el 15 de julio (contrastar esta situación con lo acontecido a
estas alturas en el 2011, cuando se exigía a grito destemplado los nombres de
los ministros entrantes), mostrando el desconcierto y las tensiones que imperan
en el gobernante elegido y su círculo más cercano.
El asunto va más allá porque la
voluntad política del gobernante debe ser ejecutada por un aparato que la haga
suya. Es decir, el gobierno necesita un buen grupo de altos funcionarios que
expresen la misma orientación que las autoridades. Lo que llaman funcionarios
de confianza. Según SERVIR, en el Perú existen actualmente un
millón 300 mil servidores públicos. El 45% de éstos, están adscritos al
Gobierno Nacional. De ellos, se estima muy conservadoramente que no menos de
dos mil personas son consideradas como «personal altamente calificado». ¿Puede cubrir el gobierno de PPK,
que aspira a darse legitimidad con una imagen tecnocrática, esta nomenclatura?
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