Doe Run, ¿una bomba de tiempo para PPK?

En la última semana ha causado gran revuelo el discurso de Pedro Pablo Kuczynski, ante los mineros de La Oroya, sobre todo cuando pidió a los trabajadores hacer una especie de pacto con él: «ustedes me ayudan con el Congreso y yo los ayudo para que esto salga adelante» para luego agregar: «ustedes saben quién controla el Congreso. Hagamos una marcha al Congreso y no dejen morir La Oroya». Estas declaraciones encontraron eco; la mayoría aludió a una supuesta actitud confrontacional contra el Fujimorismo, lo que alejaría posibilidades de diálogo con el partido naranja, que obtuvo clara y amplia mayoría en el nuevo Congreso. Otros  lo acusan de demagogo y hay hasta quienes ya encontraron una acción de lobby empresarial detrás del mensaje, porque empresarios chinos interesados en comprar los activos de la empresa estaban de tránsito por la ciudad, evidentemente no para hacer turismo. Los representantes de los acreedores laborales de la empresa no están muy seguros de que esta marcha sea la mejor opción y buscan una entrevista privada con PPK para llegar a acuerdos. Otro sector político minimiza las posibles consecuencias de una movilización de los trabajadores, aunque le refresca al presidente electo que él asumiría sus responsabilidades políticas de ser el caso.

El trasfondo real es más grande que los discursos. Este 27 de agosto se vence el plazo para la liquidación de la empresa, por lo tanto el cronómetro de esa bomba de tiempo ya estaba encendido mucho antes que PPK estuviera en el estrado como orador principal y, según señalan algunos, esta cuenta regresiva por la supervivencia de la refinería se inició en la década de los 90. Dada la naturaleza y realidad de la empresa, las decisiones de ese entonces son cruciales para entender el momento presente.

El crítico escenario ofrece opciones; la primera es la liquidación simple con el cierre definitivo de la empresa, el remate de sus bienes y el cese colectivo de todos sus trabajadores; la segunda, la subasta internacional que requeriría de expresiones de interés debidamente argumentadas técnicamente en materia económica así como ambiental y en ese caso, tal vez –sólo tal vez– gran parte de sus trabajadores actuales recuperarían sus puestos laborales. Existe una tercera opción que es la venta parcial de sus activos, opción vigente puesto que habría empresas interesadas, pero esta opción es poco discutida porque aparentemente no es provechoso para los acreedores subastar los activos por partes.

Sea cual fuere la opción, todo debe de concluir este 27 de agosto y aparentemente el discurso de PPK buscaba generar condiciones políticas para que el Congreso de la República acepte una decisión del Ejecutivo para la extensión de este plazo. Esto sería precisamente lo que las empresas interesadas solicitan, porque han evaluado que el tiempo disponible es escaso para elaborar y presentar propuestas. Esta extensión del plazo da un respiro al gobierno sobre este espinoso tema, pero también sería un mal precedente para el Estado peruano porque al ser una norma con nombre propio, daría justificación para que, en otros escenarios conflictivos, las empresas extractivas soliciten una atención jurídica especial.

El debate seguirá siendo amplio y empezarán a refrescarse los otros temas que en el actual contexto pocos ponen sobre la mesa, concentrados como están los actores políticos, en lo económico. Temas como los pasivos ambientales en la ciudad de La Oroya, pasivos que han sido puestos de manifiesto por profesionales de la salud nacionales y extranjeros pero que son minimizados por la población en su interés de seguir trabajando. Otro es la reconversión laboral de los trabajadores, que parece no haber funcionado; en el colectivo ciudadano sigue primando la vocación minera que tiene esta ciudad.

Otro de los temas, que acaba de resolverse tenía que ver con un arbitraje internacional del Grupo Renco, principal accionista del complejo minero Doe Run contra el Estado peruano. Se ha resuelto a favor del Estado peruano sobre la demanda en su contra por 800 millones de dólares americanos, que hizo Renco al amparo de los considerandos del TLC suscrito con los Estados Unidos. El hecho que el Gobierno peruano pretenda ser recono cido como el mayor acreedor en la junta ante Indecopi (debido al incumplimiento del PAMA), constituyó según la Doe Run Perú (DRP), un intento de expropiación que vulnera el artículo 10.7 del Tratado. El otro asunto es que, según sus argumentos, el Estado peruano tuvo un trato discriminatorio que favoreció a la empresa peruana Activos Mineros que tampoco cumplió con sus compromisos referidos a la remediación de los pasivos ambientales de La Oroya y que, a diferencia de la DRP, no ha sido sancionada (art. 10.3 del TLC). Si bien este tema ha cerrado, existe otra demanda judicial contra la empresa que data de 2010, de parte de pobladores de La Oroya por la afectación a la salud de 107 niños y niñas y que ha sido admitida por un juzgado de Missouri, y de la cual no se tiene mucha información.

Más allá del discurso público, de quienes sólo vemos este problema desde los noticieros, está la realidad; no es secreto que esta ciudad ha crecido alrededor de este complejo metalúrgico y su contexto actual tiene en jaque a toda la población, porque dicho complejo constituía la principal fuente de empleo y su paralización en el año 2009 por sus problemas y deudas acumuladas ha traído graves consecuencias sociales como la migración de sus habitantes, el incremento de la deserción escolar, el cierre del 35% de los negocios formales y el auge del comercio informal de sobrevivencia. Los sueldos de sus 2192 trabajadores fueron reduciéndose paulatinamente y en la actualidad por decisión de la empresa encargada de velar por los intereses de los acreedores en el proceso de liquidación (incluidos los trabajadores como acreedores laborales y el Estado con el 60% de las acreencias) este personal no percibe ni un sol. En definitiva, y pese a los serios cuestionamientos contra la empresa, hace siete años la economía de La Oroya languidece debido a la paralización de actividades de la Doe Run.

El discurso de PPK tocó un tema complicado pero ineludible, tal vez no haya sido la forma correcta pero eso no quita que el problema exista. La tensión en la que viven miles de familias de La Oroya no puede sernos indiferente. La respuesta del sindicato al pedido de marcha de apoyo no ha sido positiva, pero es casi seguro que las vigilias previas al 27, las vivirá todo el centro del país. Es conocido que entre los repertorios de la protesta social en esta ciudad está el bloqueo de la Carretera Central. ¿Tendrán el nuevo Presidente y su flamante Gabinete así como el nuevo Congreso las capacidades para afrontar esta coyuntura?, quedamos en compás de espera hasta el 27 de agosto.  

desco Opina - Regional / 20 de julio de 2016

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