Más allá del panorama
parlamentario y la suerte del gabinete Jara, durante estas semanas se están
pulseando fuerzas entre otros poderes del Estado, niveles de gobierno y
organizaciones políticas. En concreto, entre el Poder Judicial, el Jurado Nacional deElecciones (JNE) y los correspondientes Jurados Electorales
Especiales, presididos por un juez superior designado por la Corte Superior de
Justicia que corresponde a la sede del Jurado Electoral Especial, e integrados
por un primer miembro, que es un fiscal superior designado por la Junta de Fiscales Superiores
respectiva, así como por un segundo miembro, que es un ciudadano designado
mediante sorteo en acto público.
Como ya lo descubrieran
los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en los inmediatamente anteriores
procesos electorales, de pronto cuentan con una fuerza y poder de negociación
ante el Poder Ejecutivo y otros actores de la política nacional que pueden
aprovechar coyunturalmente para otras negociaciones. Nos referimos a su
capacidad para tachar candidatos y
sacarlos de carrera, como sucedió con la candidatura de Alex Kouri, quien fuera candidato a la Alcaldía de Lima hasta
que la ONPE y luego el JNE declararan improcedente su postulación, variando
significativamente el escenario electoral. Pero también al tratamiento a futuro
de procesos judiciales en curso.
La complejidad de los procesos electorales en esta oportunidad se ha
incrementado notablemente por varios elementos que lo diferencian de los
comicios anteriores: mayor número de postulantes, escenario de incertidumbre
sobre el futuro económico y sus consecuencias en la distribución del canon,
presencia de muchos personajes condenados, vinculados al crimen, narcotráfico en particular, otros acusados de
terrorismo y una injerencia disimulada pero activa del Poder Ejecutivo y el
Jurado Nacional de Elecciones.
Por un lado, tenemos un mayor número de postulantes en prácticamente
todos los gobiernos regionales y municipios provinciales y distritales que, lejos de
mostrar la amplitud de la participación ciudadana en los comicios, evidencian
un panorama sombrío de fragmentación y aventura. Y es que finalmente, ante la
ausencia de organizaciones políticas fuertes legitimadas y consistentes, lo que se constata es, una vez
más, la presencia de miles de buscadores de “éxito” sin más programa e
ideología que el hacerse de un espacio del poder, que, una vez obtenido, resultan en gestiones desastrosas, que sin duda
afectan más que la gobernabilidad del país.
La
primera consecuencia de este escenario, casi segura ya, es que se tendrá que
proceder a la segunda vuelta electoral o ballotage
para elegir presidentes regionales en la gran mayoría de circunscripciones.
Sería sorprendente que alguno de los candidatos actuales pueda llegar con más
de los votos requeridos en primera vuelta luego del enorme fraccionamiento
político y la multiplicación de listas, alentada por la situación de crisis y
corrupción que se ve generalizada en el país a partir de los casos denunciados
en los gobiernos regionales de Cajamarca, Tumbes, Loreto y Ancash.
A partir
de los resultados inciertos, pero hartamente previsibles de la primera vuelta
electoral, esta situación provocará, en la mayoría de los casos, que los ciudadanos votantes por
los candidatos perdedores lo hagan luego contra quien obtuvo la mayoría
relativa y así resulten ganadores personajes que en verdad cuentan con escaso
respaldo y legitimidad, como ocurrió, por ejemplo, en Puno durante las
elecciones anteriores entre los
candidatos del movimiento RAICES, Juan Luque, quien obtuvo el 23.3 % de los
votos válidos, y el candidato del movimiento AQUÍ, Mauricio Rodríguez, que con
sólo el 15.2 % pasó a la segunda vuelta
y finalmente fue el ganador, en un escenario en el que los votos blancos
y viciados superaron el 28%.
Poco es lo que se puede
hacer a esta altura del proceso, que en el nivel municipal podría hasta
provocar un terremoto pre electoral si se procede a anular la candidatura de
Luis Castañeda, por falsedad genérica respecto a sus títulos y estudios,
como ya ocurrió con uno de sus principales candidatos distritales. No
hay que olvidar que son muchas las fichas que se mueven lejos del escenario
público interesadas en darle diversos cursos al proceso electoral en marcha.
Sabemos que las resoluciones del JNE son inapelables, lo cual no las libra de
sospechas, que los partidos son muy débiles, no hay actores sociales
significativos y los grupos económicos de poder se acomodan a las circunstancias.
Esperemos que las buenas noticias vengan del lado de los ciudadanos.
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