Una encuesta reciente de Ipsos Apoyo muestra los buenos resultados de popularidad del presidente Humala, lo que podría leerse como un acierto en la orientación de su gobierno. Aun cuando la opinión recabada haya sido fundamentalmente urbana y existan dudas sobre el momento de su realización, la encuesta muestra que el Presidente mantiene cotas altas en todos los sectores sociales, amén de un crecimiento notorio en el sector A. Sin embargo, toda moneda tiene dos caras.
La citada encuesta evidencia que un tercio de peruanos no está conforme con el desempeño del gobierno. Las razones se ubican en tres rubros bien definidos: existencia de corrupción, inseguridad ciudadana y el hecho de estar frente a un gobierno «mentiroso». Lo mejor que ha podido ocurrirle al Presidente es que la prensa haya estado «capturada» por “Artemio” en una pauta que no dejó espacio para preguntar por su inmutabilidad frente a los graves desastres generados por las lluvias en diversas regiones del país. Tampoco hay mucho interés de los medios por indagar con el Ministro de Economía cuáles son los escenarios previstos ante los probables impactos de la crisis económica mundial.
Si bien el gobierno ha querido colocar la captura de Artemio como un logro en su oferta de orden y seguridad, su desempeño frente a los conflictos sociales muestra los límites de esa oferta en un país que económicamente ha crecido, pero socialmente permanece acechado por la injusticia redistributiva y la presión extractiva sobre el agua y la tierra. Al respecto, se avecina no sólo capítulo definitivo del drama Conga –proyecto minero de Yanacocha en Cajamarca– sino también el choque por la renta cuprífera entre las regiones Tacna y Moquegua (Southern), la volátil situación en Espinar (Xstrata) y Chumbivilcas (Anabi y Ares) y el desenlace de la tensión que en Arequipa genera el uso de las aguas del Río Chili en la ampliación de las operaciones de Cerro Verde.
Queda claro que el centro del debate está en el campo de las inversiones extractivas. Aunque «los hechos hablen», lo cierto es que el Presidente Humala no ha hecho explícito el contenido de su política «Conga Va». Al contrario de lo que puede pensarse, esto genera desconfianza no sólo entre los «descontentos» con el gobierno: la preocupación se extiende entre los propios inversionistas, que con ese margen de incertidumbre deberán enfrentar en el terreno la exigencia de procesos de consulta previa una vez que se implemente el respectivo reglamento de la Ley 29785.
Desde el difuso conglomerado de liderazgos sociales y políticos que se resisten al «Conga Va» tampoco se han abordado las claves de este crucial enfrentamiento. Decididos a jugarse en el esquema de la agitación y la movilización –que rindió sus mejores frutos con la “Marcha por el Agua”– el presidente regional de Cajamarca y el recientemente reconocido partido político «Tierra y Libertad» parecieron minimizar su atención sobre los términos del peritaje al proyecto minero. Tratando de retomar el paso, anuncian ahora la existencia de un segundo peritaje, auspiciado por el Gobierno Regional de Cajamarca, lo que sin duda, abre un nuevo momento en el prolongado conflicto.
En el desenvolvimiento de Conga –con operaciones anunciadas para fines de marzo– se define no sólo la relación expectante entre Humala y el empresariado minero –fundamento fiscal de sus políticas sociales– sino también el futuro de importantes herramientas como la consulta previa y los procesos regionales de ordenamiento territorial, que a nuestro juicio deben ser los primeros puntos de agenda de quienes aspiran la representación del descontento. La advertencia de que las iniciativas derivadas de decretos de urgencia estarían excluidas de consulta previa genera preocupación, más aún si recordamos que los «decretos de urgencia» fueron la vía predilecta que el gobierno de García empleó para abrir el paso a la inversión en territorios comunales y amazónicos. Aunque la acusación de continuar el programa contra el «perro del hortelano» no parece afectar al entorno presidencial, no cabe duda de que lo conveniente para el país es alejarse del estilo García, que en última instancia es el que empujó al trágico desenlace de Bagua.
desco Opina / 2 de marzo de 2012
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La citada encuesta evidencia que un tercio de peruanos no está conforme con el desempeño del gobierno. Las razones se ubican en tres rubros bien definidos: existencia de corrupción, inseguridad ciudadana y el hecho de estar frente a un gobierno «mentiroso». Lo mejor que ha podido ocurrirle al Presidente es que la prensa haya estado «capturada» por “Artemio” en una pauta que no dejó espacio para preguntar por su inmutabilidad frente a los graves desastres generados por las lluvias en diversas regiones del país. Tampoco hay mucho interés de los medios por indagar con el Ministro de Economía cuáles son los escenarios previstos ante los probables impactos de la crisis económica mundial.
Si bien el gobierno ha querido colocar la captura de Artemio como un logro en su oferta de orden y seguridad, su desempeño frente a los conflictos sociales muestra los límites de esa oferta en un país que económicamente ha crecido, pero socialmente permanece acechado por la injusticia redistributiva y la presión extractiva sobre el agua y la tierra. Al respecto, se avecina no sólo capítulo definitivo del drama Conga –proyecto minero de Yanacocha en Cajamarca– sino también el choque por la renta cuprífera entre las regiones Tacna y Moquegua (Southern), la volátil situación en Espinar (Xstrata) y Chumbivilcas (Anabi y Ares) y el desenlace de la tensión que en Arequipa genera el uso de las aguas del Río Chili en la ampliación de las operaciones de Cerro Verde.
Queda claro que el centro del debate está en el campo de las inversiones extractivas. Aunque «los hechos hablen», lo cierto es que el Presidente Humala no ha hecho explícito el contenido de su política «Conga Va». Al contrario de lo que puede pensarse, esto genera desconfianza no sólo entre los «descontentos» con el gobierno: la preocupación se extiende entre los propios inversionistas, que con ese margen de incertidumbre deberán enfrentar en el terreno la exigencia de procesos de consulta previa una vez que se implemente el respectivo reglamento de la Ley 29785.
Desde el difuso conglomerado de liderazgos sociales y políticos que se resisten al «Conga Va» tampoco se han abordado las claves de este crucial enfrentamiento. Decididos a jugarse en el esquema de la agitación y la movilización –que rindió sus mejores frutos con la “Marcha por el Agua”– el presidente regional de Cajamarca y el recientemente reconocido partido político «Tierra y Libertad» parecieron minimizar su atención sobre los términos del peritaje al proyecto minero. Tratando de retomar el paso, anuncian ahora la existencia de un segundo peritaje, auspiciado por el Gobierno Regional de Cajamarca, lo que sin duda, abre un nuevo momento en el prolongado conflicto.
En el desenvolvimiento de Conga –con operaciones anunciadas para fines de marzo– se define no sólo la relación expectante entre Humala y el empresariado minero –fundamento fiscal de sus políticas sociales– sino también el futuro de importantes herramientas como la consulta previa y los procesos regionales de ordenamiento territorial, que a nuestro juicio deben ser los primeros puntos de agenda de quienes aspiran la representación del descontento. La advertencia de que las iniciativas derivadas de decretos de urgencia estarían excluidas de consulta previa genera preocupación, más aún si recordamos que los «decretos de urgencia» fueron la vía predilecta que el gobierno de García empleó para abrir el paso a la inversión en territorios comunales y amazónicos. Aunque la acusación de continuar el programa contra el «perro del hortelano» no parece afectar al entorno presidencial, no cabe duda de que lo conveniente para el país es alejarse del estilo García, que en última instancia es el que empujó al trágico desenlace de Bagua.
desco Opina / 2 de marzo de 2012
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