La ciudad del miedo

Una serie de crímenes y asaltos que han afectado a la ciudadanía en los últimos meses, que ha merecido repercusión en los medios, pone sobre la mesa de debate, la preocupación diaria que compartimos todos los vecinos de nuestra ciudad.

Rejas en las calles, cercos eléctricos en los hogares, gas pimienta y todas las estrategias de defensa que cada ciudadano adopta para defender su integridad y sus bienes, son los indicios del miedo ante el peligro inminente que afrontamos en las calles, cuando realizamos transacciones.

Ante eso, surgen las interrogantes de los vecinos sobre lo que está haciéndose desde el gobierno de la ciudad para garantizar nuestra seguridad, preocupación que debiera ser atendida con prioridad, especialmente en esta etapa final del año cuando el consumo y los gastos son mayores y la dinámica comercial se intensifica.

Todo ello, hace que resalte la carencia de un mecanismo de eficiente cooperación entre la Policía Nacional y el gobierno municipal de Lima. Y se evidencia una vez más, que la improvisación frente al problema aumenta el riesgo: la inexistencia de un Plan Metropolitano de Seguridad Ciudadana, coincide peligrosamente con la urgente reestructuración que el servicio de serenazgo requiere para mejorar el servicio brindado a la ciudad.

Aunque la distritalización de la Policía ha sido una iniciativa positiva con la que se busca que la PNP y el serenazgo, trabajen conjuntamente en lugar de duplicar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, los concejos Regional y Provincial de Seguridad Ciudadana siguen sin funcionar.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha ensayado ya varios planes que no han dado los resultados esperados: Telaraña y Protégeme, por ejemplo, ayudaron de manera aislada pero no afrontan el tema de fondo, más bien le hacen el juego. El miedo sigue acompañando a vecinas y vecinos que deben cobrar o pagar en instituciones financieras, bajo la amenaza latente en la calle.

El plan para crear una red de investigación especializada contra el crimen, anunciado por el ministro del Interior Remigio Hernani y que cuenta con más recursos que las comisarías locales, tampoco tranquiliza los temores ciudadanos, pues esta red estaría operativa recién en junio próximo. Un plazo corto para el sector, un riesgo grande para todos los demás.

De otro lado, el Proyecto de Ley del «Arresto Ciudadano» dividió las opiniones de los alcaldes en la ciudad. El Pleno del Congreso debe decidir el futuro de esta norma, que podría entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2009 y que permitiría a los ciudadanos detener a un delincuente en flagrante delito, ofreciendo un mayor apoyo a la Policía Nacional en su lucha contra la inseguridad ciudadana. Existen diversos cuestionamientos, relacionados a arbitrariedades, funciones y competencias ciudadanas y de los serenos, pero lo que no existe es la posibilidad que la ciudadanía dialogue al respecto con el gobierno de la ciudad.

Aunque, días previos al fin de año, el jefe de la Policía Nacional, general PNP Mauro Remicio, afirmó que la seguridad durante las fiestas, estaría a cargo de 90 mil efectivos a nivel nacional, la ola inacabable inundó la ciudad con asaltos y robos en los primeros días del enero.

Resulta indispensable responder a la demanda de seguridad con un criterio más realista, donde la atención no se centre en lo coyuntural y, más bien, poner mayor énfasis y voluntad en las estrategias de negociación entre la policía y los gobiernos locales, con la eficiencia como premisa.

La ciudadanía demanda una respuesta organizada al crimen, en lugar de acciones aisladas, al son de los medios. Es necesario articular objetivos e iniciativas y elaborar planes coordinados para que la policía, el gobierno local y el gobierno regional puedan por fin, brindar seguridad a la ciudad, rescatando lo aprendido en las acciones efectuadas en cada institución. Sólo así podremos usar, con menos riesgo, nuestras calles.