La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra que la desaprobación de Dina Boluarte ascendió dos puntos en el mes que terminó y se instaló en 90%, mientras su aprobación parece definitivamente condenada a no superar el 5%. El sur del país (94%) y el Perú rural (93%), no podía ser de otra manera, son los más disconformes con ella. Por su parte, la aprobación del Congreso, se mantiene dentro de los ínfimos niveles registrados en meses anteriores; un mayoritario 92% lo desaprueba, acentuándose en el sur (96%) y sorprendentemente, en el estrato A/B (93%). Nada nuevo bajo el sol en un mes en el que los incendios forestales y el crecimiento exponencial de la inseguridad, paro de transportistas incluido, evidenciaron una vez más el desplome del Estado y el naufragio de la política.
De acuerdo al portal Ojo Público, los bosques y suelos arrasados por incendios forestales en el Perú crecieron más de 60% en cuatro años y hasta la tercera semana de septiembre hubo 3411 alertas de incendios en el país. La cifra es 32% mayor que la registrada en el mismo periodo de 2023. El impacto es aún más grave desde la perspectiva histórica. Entre 2019 y 2023, el área de bosques y suelos afectados por el fuego pasó de 18 088 a 29 308 hectáreas En este escenario, con la banalidad y la soberbia que caracterizan al Ejecutivo, mientras el patético ministro Adrianzén se esforzaba en restarles importancia, cuestionando que se los califique de tremendos y terribles para justificar su inacción, su colega Manero, minimizó la quema de cinco mil hectáreas, sosteniendo que ello no afecta el abastecimiento de los mercados porque “tenemos más de 7 millones de hectáreas agrícolas”.
El Gobierno, desde el primer momento, pretendió explicar la multiplicación de los incendios por la práctica ancestral de quema y roza como única causa. La misma era tan infantil, que la propia Defensoría del Pueblo, la misma que está capturada y silenciada por la coalición autoritaria en el Gobierno, se vio obligada a recordar que la exoneración de sanciones administrativas y penales que promueve la Ley 31973, llamada ley “antiforestal”, contribuyó decididamente a la proliferación de los incendios.
De igual manera, en lo que hace al aumento de la inseguridad, aunque los números no dejan lugar a dudas, la incapacidad gubernamental se exhibió también. A septiembre, 15 empresas de transportes en Lima se encontraban amenazadas, 3 habían parado operaciones, los choferes asesinados el 2024 ya eran 9 y sólo en ese mes se habían producido 15 atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao. En el caso de construcción civil, 5 dirigentes fueron asesinados hasta ese momento y más de 5000 trabajadores se vieron desempleados por la paralización de obras. En el año en curso, según la Asociación de Bodegueros, más de 9000 microempresarios denunciaron actos delincuenciales, 2600 bodegas se vieron obligadas a cerrar solo en Lima Metropolitana y 5000 más cerrarán a fin de año. Según INEI, entre enero y junio de este año, en las principales ciudades de 20 000 a más habitantes, 29,7% de la población fue víctima de algún hecho delictivo y 13 de cada cien fueron víctimas de robo de dinero, cartera, celular.
En este escenario de violencia e inseguridad, el ministro del Interior, más preocupado por explicar los silencios de la mandataria y por defenderse de las distintos señalamientos sobre su trabajo de ambicioso escudero, que se multiplican en los distintos medios, apareció anunciando la convocatoria a una marcha por la paz como parte de una “estrategia” primitiva y demagógica que combina la declaración del estado de emergencia, la presentación de una propuesta legislativa más, que se suma a las 17 del Congreso de la República, creando la inútil figura de un nuevo tipo delictivo, el “terrorismo urbano”, anunciando el aumento de las penas, pero guardando cuidadoso silencio frente a la resistencia de la Junta de Portavoces a poner en debate la derogatoria de la ley que favorece al crimen organizado. En la misma dirección, y con el mismo gesto adusto, el Presidente del Consejo de Ministros adelanta la decisión de volver a un Fuero Militar para que policías y militares se “sientan respaldados” en sus tareas de orden interno. Con ellos, el ministro de Educación, señalando que no le harán el juego a ningún paro, mientras el Jefe del Estado Mayor de la Policía trató de convencernos de que luego de El Salvador de Bukele, nos encontramos entre los países más seguros de la región.
En este cuadro de horror, el Congreso se mantiene firme en su línea. Defiende la Ley Nº 32108 que favorece a las organizaciones criminales, convencidos de que su derogatoria afecta la búsqueda de impunidad de muchos de sus integrantes; en la última semana presentan hasta 4 nuevos proyectos –Fuerza Popular y Renovación Popular– para incorporar el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, y por si fuera poco, para engañar a una platea que sólo existe en su imaginación, interpelan a los ministros de Ambiente por los incendios forestales, y al del Interior por motivos múltiples, con menos de una veintena de asistentes en cada caso, para demostrar que como fiscalizadores de sus socios, son buenos punteros mentirosos.
Como imagen final, la mandataria que ya se acostumbró al silencio con los periodistas y la altisonancia en inauguraciones o visitas, pasando con enorme facilidad de su cotidiana torpeza, por ejemplo, señalar a quienes no tienen ingresos de terminar convertidos en delincuentes, a la agresividad primariosa de acusar a sus críticos de envidiosos e insatisfechos o de “cargar en sus hígados enfermos el odio…”.
Imposible sorprenderse de los resultados de la encuesta. El desinterés total por la política que ha crecido 6 puntos el último año (33% y 39% en el Perú rural) es comprensible. La inacción de la coalición gobernante, con Fuerza Popular encabezándola cada vez más, frente a la ola delincuencial que nos azota, ha comenzado a generar la reacción ciudadana. En Sullana, la mandataria fue rechazada por una población afectada por la extorsión y el sicariato; en Ica, el Ministro del Interior fue abucheado y tuvo que partir rápido; en Lima, el 26 de setiembre miles de choferes de transporte público paralizaron sus actividades exigiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto; más de 20 gremios empresariales, entre los que están la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), han suscrito un pronunciamiento señalando que hay un gobierno paralelo: el del crimen organizado….
Cuidado, que de tanto sembrar vientos, empecemos a cosechar huracanes….
desco Opina / 4 de octubre de 2024
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