La importancia de nuestros recursos amazónicos está fuera de discusión. Es tarea de los distintos organismos estatales con funciones en la materia, asegurar el cumplimiento de políticas y medidas para garantizar su conservación y uso sostenible. La exagerada insistencia de parte de distintos congresistas por aprobar una norma que a todas luces es lesiva para nuestro patrimonio forestal, resulta, en consecuencia, llamativa. Peor aún por los argumentos pueriles exhibidos con los que se pretende cambiar varios artículos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763): “no debemos permitir que los agricultores pierdan parte de sus cultivos, cuando luego de algunos estudios los declaran parte de una zona forestal” o “de esta forma, se evita su criminalización y se promueve su desarrollo”. La Autógrafa comprende los proyectos de ley 649, 894 y 2315.
El 23 de marzo pasado, el pleno del congreso discutió el referido proyecto de ley. Aunque la iniciativa, impulsada por grupos en teoría tan disímiles como Fuerza Popular y Perú Libre, fue rechazada, inmediatamente sus promotores pidieron la reconsideración de la votación. La propuesta ya había sido rechazada por el Ejecutivo y cuenta con opiniones en contra de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones indígenas. Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la presión que existe en el Congreso para modificar la ley, busca beneficiar a la industria de la palma. El ordenamiento forestal de nuestra Amazonía es una aspiración de larga data; aprobar las modificaciones propuestas permitiría legalizar la deforestación para la ampliación agrícola con fines comerciales (palma aceitera, principalmente). Sospechosamente, la empresa más visiblemente vinculada a este intento de cambios a la ley, ha sido declarada por la embajadora de Estados Unidos como una empresa que aplica "prácticas agrícolas sostenibles y sin deforestar", oponiéndose a las organizaciones indígenas de Ucayali, que señalan a la empresa como la depredadora de 7000 hectáreas de bosques.
Mucho se ha dicho sobre la responsabilidad de la economía informal en la pérdida de bosques por tala indiscriminada, pero se dice poco sobre distintas empresas formales que hacen lobby para conseguir favores políticos y cambiar las reglas de juego, eliminando requisitos para el proceso de cambio de uso de la tierra y propiciando la deforestación «legal» en el país. El proyecto de ley que criticamos, entre sus disposiciones, introduce “áreas de exclusión para fines agropecuarios”, en las cuales no se realizaría una “clasificación de tierras por capacidad de uso mayor,” es decir, identificarlas y clasificarlas según su utilidad, además de modificar los requisitos del cambio de uso de la tierra, quitando de esta manera el filtro para identificar si un área es apta para ser tierra forestal o agrícola.
No hay que ser muy astuto para señalar que con tales cambios normativos se agudizarían las invasiones, el tráfico de tierras y los conflictos sociales, abriendo de par en par las puertas a nuevos posesionarios que se instalarían en áreas forestales, además de la superposición de estas áreas con tierras de comunidades nativas en proceso de titulación, vulnerando su derecho al territorio al brindarle más poder a la entrega de certificados de posesión, en contra de lo que señala la propia Ley Forestal, que prohíbe el otorgamiento de estos títulos. Es evidente que no se puede ni se debe promover la deforestación con leyes que supuestamente beneficiarían a pequeños agricultores.
Si la insistencia congresal triunfa, se afectarían compromisos internacionales y acuerdos suscritos por el país, como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Estrategia de Crecimiento Verde en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como los Tratados de Libre Comercio de Perú con la Unión Europea y con Estados Unidos que contienen un anexo forestal.
La Declaración de Pucallpa, recientemente firmada por los ministros del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, junto con los Embajadores de Alemania, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos, así como con los integrantes de la Mancomunidad Regional Amazónica, busca promover la conservación de los bosques reconociendo su valor y aspira a frenar la deforestación. Aprobar por insistencia la Autógrafa, que, como hemos dicho, en sus disposiciones complementarias transitorias impulsa la suspensión de la obligatoriedad de la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes, entraría en contradicción con los esfuerzos del Ejecutivo y los gobiernos regionales expresados en esta Declaración. Hay que estar definitivamente alertas para impedir que el proyecto sea aprobado por insistencia, por un Congreso de la República que diariamente da muestras de su desinterés por el país y sus intereses. El Ejecutivo tiene la obligación de insistir en la observación de esta ley y los gobiernos regionales levantar sus voces de protesta; así como tomar en cuenta los caminos legales para su derogatoria si ésta es aprobada.
Existe otra propuesta en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, del Congreso, que aún no entra en debate en el Pleno, la cual propone que los gobiernos regionales tengan mayores facultades sobre los ecosistemas forestales, arriesgando la suerte de los bosques a la buena disposición de los políticos regionales, ya que en uno de sus acápites señala que es potestad de los gobiernos regionales “Gestionar, preservar y administrar sus áreas forestales, flora y fauna de su jurisdicción”. Por lo visto, hay varios frentes en los que hay que estar alertas.
desco Opina – Regional / 14 de abril del 2023
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