El derecho a la ciudad es en gran medida el derecho a la vivienda y al espacio público. La Ley N° 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, promulgada en años recientes, acaba de entrar en plena vigencia al ser aprobado su reglamento mediante Decreto Supremo del 2 de marzo (Nº 001-2023-vivienda). Éste permite que sea una norma aplicable en todo el país que debemos cuidar y asegurar que se cumpla en nuestras ciudades de la Costa, la Sierra y la Amazonía.
La Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, inspirándose en criterios ecológicos, urbanísticos y monumentales, busca establecer las condiciones para la adecuada gestión, protección, manejo y sostenibilidad de los espacios públicos en nuestras ciudades y sus entornos. Con el reglamento aprobado contamos con una herramienta valiosa para mejorar la calidad de vida de las personas, el ambiente de las ciudades y de los centros poblados de nuestro país. La ciudad y el espacio público constituyen un ámbito en movimiento y construcción. Por tanto, su reglamentación contribuirá a la movilización y autogestión de parte del vecindario.
Curiosamente, el reglamento ha sido aprobado en medio de una enorme crisis en la que el espacio público está en fuerte disputa. Eso, porque el espacio público condensa la profunda crisis política y las indeseables desigualdades que arrastramos en las ciudades. También porque abre las posibilidades de recuperación de nuestros espacios democráticos. La relación entre el espacio y la sociedad se resume pues, de manera importante, en lo que son sus ciudades.
Su objetivo es establecer el marco normativo para facilitar la gestión, protección, manejo y sostenibilidad de los espacios públicos en la ciudad, reconociéndolos como esenciales para la mejora de la calidad de la vida de las personas y del ambiente, garantizando su uso público, democrático e igual, mediante el trabajo coordinado, participativo y técnicamente consistente de las instituciones y organismos relacionados, empezando por las municipalidades. Las y los vecinos, ambientalistas, colegios profesionales y todos aquellos preocupados por nuestro entorno, tenemos una herramienta más para ampliar nuestro derecho a la ciudad y contrarrestar iniciativas contrarias que pretenden limitar la libre circulación e impulsan la privatización de los espacios públicos.
No es tarea sencilla y nos compromete mucho. Nuestras ciudades son espacios sociales y sus espacios públicos constituyen el mundo urbano común, producido y vivido por distintos grupos, clases, ciudadanías y personas heterogéneas, desiguales y desconocidas entre sí. De su mejor balance depende la conformación de ciudades democráticas. Allí se materializan, en lugares referentes de identidad, prácticas y usos sociales diversos que convergen y, por cierto, en algunos casos incluso se muestran incompatibles, la pluralidad, la desigualdad sociocultural, política y económica. Son espacios políticos, de participación y de relación con muchas instituciones, entre ellas el Estado. Qué duda cabe sobre su carácter social y simbólico de encuentro, de relación y comunicación entre todos los peruanos.
La tensión entre el sometimiento de la sociedad al Estado y el malestar de los actores hegemónicos, y la irreverencia que traen los sectores populares de una nación subordinada al centralismo estatal, se ve en los espacios públicos y es inocultable, por más que la prensa concentrada se esfuerce en esconder.
La materialidad de la ciudad y sus espacios públicos no deben llevarnos a olvidar la dimensión subjetiva de la experiencia urbana. El espacio público expresa la democracia en su dimensión territorial. Es el espacio colectivo, el ámbito en el que las y los ciudadanos pueden (o debieran) sentirse como tales, libres e iguales. Las y los ciudadanos pueden ejercitar la defensa del libre uso de los espacios públicos cuando las restricciones a su uso no se ajusten a lo establecido en la Ley o en su Reglamento.
Estos espacios de todos, consagrados por la Ley 31199 y su reglamento, son los que hoy están en crisis. Su vigencia y fortalecimiento constituyen pilares importantes del “derecho a la ciudad” planteado por Henri Lefebvre y trabajado hasta la actualidad por académicos como David Harvey o Jordi Borja y difundido por organizaciones mundiales como HIC (Habitat International Coalition).
Es necesario garantizar el cumplimiento de esta ley para que el derecho a la vivienda y al espacio público sean una realidad. Es sustancial que los sectores públicos que trabajan esta temática se involucren más y que la sociedad civil intervenga con mayor vigilancia ciudadana.
Corresponde a cada uno de nosotros, las y los ciudadanos, evitar la desnaturalización del uso público de los espacios de todos. Son los lugares de pertenencia común en los que constantemente se disputan el uso y el control del espacio social, se dan las luchas por el acceso a los bienes públicos y se impulsan formas de organización de la vida urbana, así como prácticas socioculturales que, desde la experiencia urbana de cada uno de nosotras y nosotros, la gente, muestran ciudadanías diferentes y también fuertes desigualdades que queremos terminar.
desco Opina / 17 de marzo de 2023
descoCiudadano
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