El gobierno de Pedro Castillo continúa en su fuga hacia adelante por sobrevivir. La encuesta del mes de mayo del Instituto de Estudios Peruanos muestra que la aprobación del mandatario no sale de su caída libre alcanzando apenas al 21%, 4 puntos menos que el mes anterior. Su desaprobación que llega al 70% es definitivamente unánime; el Presidente es desaprobado en todas las macrozonas, por todos los grupos de edad, por sexo y nivel socioeconómico, identificación ideológica –derecha, centro e izquierda–, así como por la mayoría de los que quieren cambiar la Constitución. Ni el incremento de quienes creen que debemos ir a una nueva Constitución (31%. 8 puntos más que en julio pasado), lo salva de la percepción creciente, 13 puntos más que en febrero pasado alcanzando 67%, de que lo más conveniente para el país es la convocatoria a nuevas elecciones generales. Lo que paradójicamente lo sigue ayudando es la desaprobación del Congreso de la República y su protagónica Presidenta que se incrementa en un punto, llegando al 87% en el caso del primero y al 77% en el de la segunda.
En la huida por su supervivencia en la que está embarcado desde temprano como única estrategia, el mandatario y su equipo han optado por ponerse en tono de campaña electoral. La multiplicación de viajes para inaugurar y ofrecer obras o para realizar Consejos de Ministros Descentralizados en los que abunda la retórica sin contenido y los compromisos sin asidero, pueden alimentar alguna expectativa de corto plazo, pero no alcanzan para detener la caída. Por el contrario, le abren nuevos flancos por su improvisación –“la hambruna les va a dar solamente a los ociosos” como respuesta a la situación de inseguridad alimentaria que afrontamos–, como por la agresividad e intolerancia de su Primer Ministro.
Entre los costos de esa estrategia que no resuelve los desafíos de gestión que tiene el gobierno, está el descontento y los malestares de la gente con la situación que se evidencia en el crecimiento de la conflictividad social, que ya es la más alta de los últimos años. A la paralización de Las Bambas y Cuajone se suman los conflictos en la Amazonía, el anuncio de nuevas medidas de protesta de campesinos y agricultores que sufren ahora a un nuevo Ministro que ha entrado a aprender en medio de una crisis particularmente grave en el sector, así como el anuncio de distintas localidades y territorios sobre la próxima radicalización de sus medidas de lucha ante la falta de atención a sus demandas.
Se añaden también las inocultables disputas en el propio gobierno, donde el pragmático romance entre el mandatario y Perú Libre se encuentra en su peor momento. La salida del operador de Vladimir Cerrón en el MINEM le costó la cabeza a la ministra de Trabajo y nuevas renuncias de «depuración» en la bancada que empezó siendo gubernamental y que ahora toma distancia, preparándose seguramente para la negociación de la próxima presidencia del Congreso, a la par que mantienen su radicalidad discursiva con propuestas legislativas como la nacionalización de las Bambas, haciéndole sentir a Castillo que aún pueden tener la llave de su vacancia.
Mientras tanto, se multiplican las carpetas fiscales, las denuncias y las investigaciones sobre la corrupción del gobierno que alimentan el espectáculo de los medios de comunicación y naturalmente al Congreso de la República. Más importante aún, el Fiscal de la Nación, seguramente llevado por indicios crecientes que aparecen en varios de la docena de casos que tienen a su cargo distintas fiscalías en el país, decidió investigar al mandatario como presunto líder del favorecimiento a empresas que lo apoyaron en su campaña. Distintos audios y comunicaciones que se filtran interesadamente a los medios se acercan peligrosamente al Presidente y el afán por salvar el pellejo de algunos de los integrantes de sus relaciones más cercanas, van minando cada vez más su imagen y recordándonos detonadores del final del gobierno de Alberto Fujimori.
Así las cosas, mientras el mandatario insiste en mantenerse de pie no obstante su cada vez más limitado poder político, vacadores y golpistas también desde el primer día, han ido cambiando su libreto. Fracasadas sus dos mociones para sacar a Castillo, optaron por apurar la captura de distintas instituciones que les faciliten el camino, empezando por el Tribunal Constitucional, ahora van por la Defensoría del Pueblo. Alertas a las continuas patinadas del Ejecutivo y sus integrantes, ahora buscan acabar con la vicepresidencia de Dina Boluarte a través de una acusación constitucional mientras exploran también los caminos para reducir los votos que requieren para lograr la vacancia
De esta manera, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han modificado sus libretos originales para la liquidación del adversario, mientras pasa el tiempo para ambos. En el primero se cambian y reparten ministerios y puestos públicos como figuritas; en el segundo se legisla en función a intereses particulares y con nombre propio, se protege a personajes como Chávarry y Alarcón y crean las condiciones para su reproducción como clase política, como lo evidencian con sus afanes sobre la contrarreforma electoral de cara a los comicios del próximo octubre. En esencia son expresiones de la misma mirada patrimonial y clientelar del Estado y de la política que atraviesa nuestra historia.
Los desafíos, en consecuencia, para nuestra sociedad y sus organizaciones son enormes. El hartazgo y los malestares no llevan automáticamente a la organización, y las tareas para su indispensable articulación para hacer frente a cualquier tentación autoritaria están aún por hacerse.
desco Opina / 3 de junio de 2022
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