La última encuesta de IPSOS Apoyo, que ratifica resultados que habían adelantado otras empresas, resulta bastante significativa. La aprobación presidencial sube 4 puntos a 42%, oscilando entre 29% que obtiene en Lima y 52% en el sur del país. Mientras aquella es justificada por la apuesta por el cambio del mandatario, 45%, su desaprobación, que sube un punto, se ubica en 46%, moviéndose entre el 62% de Lima y el 29% del sur, lo es según los encuestados porque el Presidente no está preparado para gobernar (39%), ha convocado a malos profesionales (31%) y está rodeado de simpatizantes del terrorismo (apenas 28%). En la misma, la aprobación de Guido Bellido está 17 puntos por debajo de la del mandatario, mientras que la desaprobación de la señora Alva sube 10 puntos, a 47% y la del Legislativo 5, a 49%.
En otras palabras, varios elementos que permanecen y que son parte de la polarización que instalaron con fantasía y aplicación el fujimorismo y buena parte de la derecha, a partir del 6 de junio en la noche. No obstante la campaña de demolición que sufren el mandatario y su Ejecutivo, su aprobación se incrementa manteniéndose la profunda brecha entre Lima, donde es mayoritariamente desaprobado, y el interior del país donde aumenta levemente su aprobación, como también ocurre en los sectores A, B, D y E.
La misma está ligada a la expectativa de cambio que no disminuye entre la gente, en tanto que su desaprobación obedece a la inefectividad que perciben en su gobierno, antes que al constante «terruqueo» y a los peligros de un supuesto comunismo o del retorno del senderismo, con el que la mayoría de medios de comunicación atormentan a su público los siete días de la semana.
Si en un texto anterior decíamos que nos encontrábamos en un circo de tres pistas, con un Congreso donde predominan los aprendices y muchos intereses particulares, un Ejecutivo fuertemente marcado por la improvisación y la mayoría de medios de comunicación sin ninguna responsabilidad en lo que hacen y dicen, la encuesta ratifica la debilidad de tales actores y muestra los límites del discurso extremo de la derecha que no alcanza al mandatario pero que golpea a varios de sus ministros y allegados, impacta significativamente en Lima y se diluye en el interior del país. Ello, en un escenario más general en el que la gente luce cansada de la polarización y simultáneamente aparecen peligrosos grupos de derecha extrema que actúan impunemente con violencia y terror, como lo hicieran cobardemente con el exfiscal Avelino Guillén.
En cualquier caso, el mensaje al Ejecutivo desde la encuesta es claro. La gente quiere que el mandatario lidere el cambio y gobierne eficazmente. Un desafío grande que puede empezar a pasarle factura si no se responde pronto, y que empieza a ser incorporado por sectores de la derecha a su repertorio para aislar a Castillo. Sin duda, un argumento que parece más cercano a la gente que las sicodélicas denuncias de fraude o el «terruqueo» vacío de contenido, que desde hace más de 20 años funciona para defender un régimen político-económico incapaz de reformarse y responder a demandas sociales legítimas.
En este escenario, mientras el gobierno borre con una mano lo que hace con la otra, continuará aislado. A las inocultables diferencias en el Gabinete –el tratamiento al cadáver de Abimael Guzmán o las relaciones con Venezuela–, se suma la reiteración de nombramientos polémicos, si no escandalosos, como el del nuevo presidente de INDECOPI, evidenciando algunas de las limitaciones más significativas de un equipo que no termina de amalgamarse ni de definir una ruta, facilitando el accionar de sus opositores, que como también es evidente, tampoco son fuertes.
En este escenario la muerte de Abimael Guzmán, responsable directo de miles de muertos y de uno de los peores períodos de nuestra historia, antes que aprovecharse para enfrentar las verdaderas interrogantes que nos plantea su terrorismo si queremos que la historia no se repita, alimentó la histeria colectiva que viene construyéndose hace ya un tiempo, alimentando una cultura fundada en el miedo y la sospecha, en la autocensura y la inhibición ante el temor de ser señalados de presunta simpatía, vínculos, coincidencias o peor aún, militancia senderista.
Histeria, hay que decirlo, que desnuda una vez más la precariedad de nuestra institucionalidad y la debilidad de los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Ministerio Público– que fueron incapaces de responder políticamente, como lo fueron los últimos 29 años. Todo ello, siendo claros en la imperativa obligación que tienen todos los políticos y funcionarios públicos de aclarar su historia pasada.
desco Opina / 24 de setiembre de 2021
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