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Los costos proyectados de una política degradada

 

La política, importa. Hoy más que nunca. Es el universo del deseo. En el mundo real, desgraciadamente, debemos prever los costos de no haberla organizado ni tener los actores mínimamente capacitados para llevarla a cabo, en momentos que se debe contrarrestar una crisis sanitaria sin precedentes, gestionar la convivencia con la enfermedad y, además, buscar reconstruir los factores y espacios sociales que han sido dañados.

En efecto, los impactos económicos han sido fortísimos. Según el Banco Mundial, nuestra caída en el PBI trimestral es de alrededor del 30%, proyectándose algo más del 12% en el anualizado, que si bien es exagerado para algunos analistas locales, no lo es tanto como para dejar de considerar que formamos parte de los peores escenarios a nivel mundial.

Cuando buscan una causa a esta situación, desde las comprensiones más ortodoxamente neoliberales, no hay duda en identificar a las estrictas medidas de confinamiento llevadas a cabo como el fundamento de la caída económica. Ahora bien, podemos debatir sobre la plausibilidad de esta aseveración, pero lo incuestionable es que la rigidez de las medidas sanitarias no dio como resultado una situación aceptable en términos de la salud: la cantidad de muertos e infectados no se condicen, bajo ninguna apreciación, con el rigor de las medidas adoptadas.

En todo caso, si los síntomas de recuperación siguen las proyecciones esperadas, se estima que será rápida y hacia el primer trimestre del 2021 estaremos apreciando una “normalidad restablecida”. La recuperación tiene como base el sector primario y, como segundo rasgo, una baja y lenta recuperación de la inversión privada.

En ese sentido, las cartas que puede y debe jugar el país son las de la inversión pública –algo en que, aunque parezca increíble, están de acuerdo tirios y troyanos– pues el sentido común estima que su presencia es fundamental precisamente en momentos en que la demanda privada está deprimida.

Por otro lado, una fortaleza en la presente crisis ha sido las vigorosas espaldas financieras del país que otorga, entre otras cosas, un buen nivel de liquidez que ha evitado la ruptura de las cadenas de pagos. Pero, esto no significa que no tengamos que vigilar la política de gasto fiscal, es decir, las decisiones tomadas para canalizar los recursos teniendo como objetivo una recuperación «eficiente», léase evitar las quiebras empresariales no sólo con inyecciones de créditos a bajos intereses, sino también con la disminución de la presión tributaria.

En teoría, la política fiscal expansiva –que es la que recomiendan los técnicos para momentos como los actuales– pretende incrementar la producción y por tanto el empleo a través de una disminución de los impuestos y un aumento del gasto público. Es decir, si aumentasen los impuestos, la demanda agregada disminuye y con ella lo hacen la inversión y el consumo. En ese sentido, nuestros ortodoxos, repentinamente, ya no se hacen los embrollos de siempre con las tasas de déficit fiscal.

Pero sabemos que, en nuestro caso, los resultados de estos lineamientos fiscales, no serán necesariamente como proyectan los manuales. Primero, la alta informalización del trabajo hace dudosa cualquier meta que busque preservarlo en sus ámbitos formales. Segundo, sabemos que el motor de la recuperación son las actividades extractivas-primarias las que casi no generan trabajo formalizado. Entonces, es probable que haya una inyección de recursos para aumentar la producción, pero donde no veamos tasas significativas de recuperación de puestos de trabajo.

Por otro lado, dada nuestra buena performance en tipo de cambio e inflación, podemos apostar a una política monetaria relativamente expansiva para promover el aumento del consumo y la inversión. Es decir, más demanda agregada, lo cual incentiva al mercado y, con ello, provocar el aumento de la producción y el empleo. Como en el caso de la politica fiscal expansiva, en términos generales, es lo que razonablemente debe aplicarse hoy, teniendo total conciencia de los límites en los resultados que genera una situación como la nuestra.

Entonces, se busca armar un escenario en el que los aspectos sanitarios se equilibren con el reinicio paulatino de las actividades económicas. Ello debe fundamentarse, desde el lado económico, en el impulso de la demanda para lo cual se requiere la aplicación exitosa de politicas fiscales y monetarias expansivas.

Ese escenario, tiene como premisa la existencia de muchísima confianza entre los agentes económicos, políticos y sociales del país. Aquí es donde surge el gran cuello de botella del esquema. Las condiciones para que funcione son la nula probabilidad de una crisis política grave y que el próximo gobierno no cuestione sus lineamientos.

En efecto, debemos elegir en abril del 2021 el gobierno que debe manejar los efectos de la pandemia y guiarnos hacia la recuperación que, en buen romance, significa volver a ser lo que fuimos en febrero del 2020. Así, un vistazo a la oferta electoral, a las condiciones de los denominados partidos políticos, a los sorprendentes debates públicos, a la política menuda de los actuales congresistas buscando permanecer siquiera un mes más en el cargo, la multiplicación de jueces venales y demás rasgos de la institucionalidad democrática peruana, tendría que preocuparnos sobremanera.

 

 

desco Opina / 23 de octubre de 2020

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