La reciente contienda electoral desarrollada
en el país nos lleva a reflexionar sobre el desconocimiento del juicio y las demandas
que los peruanos esperan de los partidos políticos en su afán de
representatividad, donde las sorpresas ya no solo radican en los departamentos
del sur, sino también en la propia capital. La legislación no ha podido
salvarnos de la evidente fragmentación del Congreso, dejando de esta manera
posibilidades para la continuidad de procesos poco transparentes y
representativos.
También sabemos que al interior
de cada elección lo que se tiene son pobladores que, bajo su desconcierto, militancia
o esperanza, determinan su voto. Para el país, es notoria la trayectoria de
elección que ha mantenido la zona sur, donde Huancavelica no es ajena al
depósito de su confianza a los representantes vinculados a lo que conocemos
como la «izquierda», afinidad que ha sido constante durante los últimos procesos electores.
Los resultados electorales en la
región Huancavelica, designan como representante –y además con la mayor
cantidad de votos– a un virtual congresista de Unión Por el Perú, partido al que
hoy se le califica como el más radical de la izquierda, aunque éste no considere
esa orientación dentro de sus parámetros de ideología política. Esta tendencia
no solo ha calado a nivel de Huancavelica, sino también en el resto de la zona
sur del país, desplazando al Frente Amplio, referente en la contienda del 2016.
Entonces, lo que encontramos como
resultado de fondo de esta elección congresal, no es sino un constante reclamo
por la ausencia histórica del Estado que, sin embargo, entra en conflicto a
nivel local, cuando constatamos que en Huancavelica sus funcionarios regionales
de más alto nivel, se encuentran actualmente envueltos en procesos judiciales
por delitos de corrupción. Es el caso del gobernador regional Maciste Díaz, sobre
el que pesa una sentencia de cuatro años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple por
los hechos vinculados a la compra de computadoras portátiles en el año 2014 (durante
su primera gestión), según informó la Fiscalía Provincial Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica.
En condiciones parecidas se
encuentran otros funcionarios de su actual gestión y exfuncionarios de
confianza de la anterior. Igual suerte corre su vicegobernador, Guillermo
Quispe Torres, sentenciado a ocho años de prisión por haber formado parte de un
comité de selección del Gobierno Regional de Huancavelica que en el 2013
favoreció al Consorcio Capillas I, en una licitación para la construcción de
una carretera en Paucará.
Es decir, aparentemente
existiría un doble rasero para elegir autoridades y representantes en
Huancavelica, pues pareciera que sus representantes nacionales son escogidos por plantear un discurso radical contra la corrupción, mientras
regionalmente, insisten con autoridades muy cuestionadas en ese sentido.
Más allá de los motivos que
estén detrás de estas decisiones, lo que debemos comprender es que no fomentan
la construcción de un escenario adecuado para debatir y procesar las decisiones
indispensables que permitan superar los problemas históricos de Huancavelica.
¿Cómo puede pensarse en una
apuesta sólida y participativa para el desarrollo de la región cuando se tiene por
un lado a pobladores que reclaman hacia afuera una desatención histórica para
el caso de Huancavelica, mientras al interior se podrían estar conformando con
la desastrosa frase «roba, pero hace»?
desco Opina - Regional
/ 7 de febrero de 2020
descocentro
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