Como
era previsible desde hace días, y ni bien partió la Comisión de Venecia invitada
por la mayoría opositora del Congreso, la propuesta del presidente Vizcarra para
adelantar las elecciones fue archivada en la Comisión de Constitución. Como diversos analistas
mencionaron en su momento, ahora el jefe de Estado se encuentra en una suerte de trampa, pues se le han agotado las
herramientas a las que puede echar mano para responder al desafío que aquél le
ha planteado. Esto pareció evidente en la presentación del Premier Del Solar
que, ante la decisión de la mayoría aprofujimorista, no respondió nada en
concreto.
La
cuestión de confianza en torno perdió viabilidad, y en ciertos corrillos se
rumoreaba incluso, que el Presidente del Consejo de Ministros era reticente a
presentarla. Pero aun si ello ocurriera, la estrategia del Congreso dominado
por el aprofujimorismo sería derivarla a un Tribunal Constitucional (TC) recompuesto
con magistrados afines que la entramparían o la declararían improcedente.
Algunos congresistas «duros» estarían preparando una moción de vacancia presidencial, aun cuando a la fecha, es dudoso que
tengan los votos y causales razonables (hay al menos una comisión del congreso
que está expurgando la trayectoria del Presidente).
Cabe
preguntarse cómo, un Presidente que hasta hoy había logrado arrinconar al
Congreso, ha terminado ahora aparentemente acorralado. El público en las calles
(y también algunos analistas), consideran que el Congreso debió cerrarse hace
meses, en tanto otros sostienen que el error estribó en haber presentado el proyecto de adelanto de elecciones
que desencadenó un conflicto que supuestamente no existía.
Al
respecto, debe señalarse que, de acuerdo a las reglas de juego, el Congreso no
podía cerrarse pues en las ocasiones en que fue emplazado por la cuestión de
confianza, se allanó al pedido de reformas del Ejecutivo para evitarlo. En
cuanto al segundo argumento, si bien el Congreso, desde el año 2016, había
aprobado las iniciativas del gobierno, estas fueron especialmente medidas
económicas (en las que no parece haber mayores discrepancias), pero se rechazaban u obstruían otras de carácter institucional y político. Este
conflicto parecía destinado a escalar cuando Fuerza Popular recuperó recientemente
el control del Congreso con la elección de Pedro Olaechea y la recomposición de
las comisiones.
Los
errores entonces, hay que buscarlos en otra parte. Hay sin duda varios factores,
pero uno de ellos tiene que ver con las dificultades del gobierno y del mismo
Presidente de entender que la política no puede constreñirse a las reglas
formales de las instituciones estatales. Limitarse a ello, sin buscar alianzas
políticas en el Congreso (es sabido que Vizcarra no tiene una bancada
significativa), sin concertar con algunos partidos y sin apostar a neutralizar
los intentos de Fuerza Popular por reconstruir una mayoría, le dejó a esta
última la cancha libre para reconstituir una nueva coalición que de momento ha
terminado cercando al Ejecutivo.
Las
dificultades del Presidente, sea por desconfianza o inexperiencia, para
convocar y atraer asesores y operadores políticos con peso y experiencia, son
también parte del problema. Su condición de «externo» a la élite limeña y su
falta de un aparato político lo han ido aislando.
Por
otro lado, existe en las calles un fuerte antifujimorismo, capaz de decidir una
elección como ocurrió en el 2011 y 2016 pero que, en las condiciones actuales,
muestra sus déficits organizativos para movilizarse y enfrentar al
aprofujimorismo aislado socialmente, pero atrincherado en instituciones claves
que saben manejar.
Los
resultados del enfrentamiento son aún inciertos, y la última respuesta del
Presidente anunciando la presentación de una cuestión de confianza para cambiar las reglas de elección de
magistrados del Tribunal Constitucional, muestra una disposición del gobierno a
continuar la pugna de poderes, intentando frenar los intentos de la oposición
por copar el TC, aunque sin replicar la decisión de archivar el proyecto de ley
antes mencionado. El desenlace continúa en suspenso y las posibilidades de un
acuerdo político lejanas.
Una
derrota de Vizcarra y una posterior renuncia o vacancia, significaría una
victoria del fujimorismo y todos sus lastres (corrupción, autoritarismo,
carencia de visión de país, etc.) en la escena política oficial, aun cuando en
la de la opinión pública y las intenciones de voto para el 2020 o 2021 futuro luzca
de momento derrotado. Aunque parcial y temporal, sería su primera revancha en
casi 20 años de enfrentamientos con el antifujimorismo.
Entonces,
una lección que deja esta crisis para quienes aspiran a gobernar el Perú es que
deben asimilar la política no solo como competir, ganar elecciones y gobernar
respetando las reglas democráticas (esto último es desde luego un valor clave),
sino también negociar, establecer acuerdos y forjar alianzas, más aun,
considerando la precaria correlación de fuerzas y la débil institucionalidad
política del país.
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